La desarticulación de una mafia de
licores ilegales desata las alarmas sobre el alcohol adulterado. La policía se
incautó de decenas de miles de litros y armas de todo tipo
Nave clandestina con cubas de alcohol ilegal en Maside
(Ourense). / Vídeo: Policía
Un decreto del Gobierno erradicó las vinagreras y aceiteras
de las mesas de los restaurantes a principios de año pero las botellas de
Cardhu rellenas de licores supuestamente caseros, sin etiquetar y de origen indescifrable,
sobreviven a la hora de los postres. Productores legales sostienen que el
mercado negro maneja más mercancía que ellos: 10 millones de litros anuales que
entran por la puerta de atrás incluso en los establecimientos más reputados. El
fraude en IVA e impuestos especiales se sabe millonario. La falta de control
sanitario es evidente. Salvo incautaciones puntuales, las redes operan con
impunidad. La última operación de la Brigada Unidad de Drogas y Crimen
Organizado de Policía Nacional (Udyco) junto a la Guardia Nacional Republicana
de Portugal por primera vez ha dado a los traficantes tratamiento de mafia.
El pasado 3 de noviembre agentes de ambos cuerpos arrestaron
en la Operación Cactus a 16 personas a uno y otro lado de la frontera. A los
seis detenidos en Galicia se les incautaron 65.000 litros de alcohol ilegal,
precintos falsos de Hacienda, y sacos con cientos de kilos de anticongelante
para espesar los licores. Se hicieron 41 registros en viviendas, naves
clandestinas y garajes. Uno de los cabecillas, Carlos Antonio Martínez Abollo,
propietario de la destilería (legal) —Licores Carusha que en transcurso de la
investigación cambió de nombre y pasó a llamarse Licores Paraíso— acabó en
prisión por tenencia ilícita de armas tras declarar en el juzgado de
Instrucción número 1 de Vigo. Dentro de su casa en la aldea de Listanco en
Maside (Ourense) los agentes encontraron un arsenal: cuatro fusiles de asalto
cargados bajo la cama, 12 pistolas también listas para disparar encima del
armario, tres escopetas con sus cartuchos... Y munición por todas partes: para
los cetmes y 9 milímetros parabellum para las pistolas, una de ellas de la
Guardia Civil. En la mesilla de noche había hasta una granada de mortero, esta
sí desactivada. Y sables. Y espadas. Y 350.000 euros repartidos en la caja
fuerte, dentro de calcetines, bajo el colchón...
Un agente de la Udyco que participó en el registro asegura
que en su vida vio una cosa igual. “Todas las armas cargadas en una casa
familiar donde vivían dos niños pequeños”. La hipótesis que maneja la policía
es que su destilería vendía una parte del alcohol ilegal dentro de botellas
etiquetadas y otra parte en B, a granel, en garrafas. En su nave clandestina,
había 25.000 litros de alcohol extraído del cereal, que se hacía pasar por
aguardiente que sale de las uvas. Cuando fue interrogado, Martínez Abollo negó
que fuese peligroso. Alegó que tanto él mismo como su familia lo consumían sin
problema.
Otro detenido, Justo Alonso Fernández, guardaba dos pistolas
detonadoras y una eléctrica, cerca de los 7.000 euros en metálico que tenía en
casa. En las escuchas policiales ofrece a un amigo “una cacharra por 5.000
euros”. Los agentes sospechan que coqueteaba con la venta de pistolas. En sus
dos viajes mensuales a Portugal guardaba todo tipo de precauciones. Utilizaba
coches lanzadera con familiares que se comunicaban con sus furgonetas para
despejar la ruta de controles. Llegó a transportar alcohol en una caravana, en
camiones cisterna y su próximo plan era cargar una furgoneta de cubas y traerla
desde Portugal subida a una grúa como un vehículo averiado. En los pinchazos
ambos arrestados incluso traman importar alcohol en polvo desde Estados Unidos
para abaratar (aún más sus costes).
Y eso que los precios de la red ya habían reventado el
mercado. Vendía incluso a destilerías legales —los nombres no salen en el
atestados— y a bares de toda Galicia. Jesús García Hermida, otro de los
detenidos, ofrecía a sus clientes en Dozón (Pontevedra) botellas a cuatro
euros, el importe que los productores legales deben pagar en impuestos por 70
centilitros de licor.
Precintos falsos de Hacienda incautados a los traficantes de
alcohol ilegal
En la ficha policial figura también Sergio Cándido Barbosa
de Araujo, como principal surtidor de los bares y restaurantes de Ourense. Un
solo cliente le hizo un pedido por teléfono de 10.000 litros. Sus ganancias,
como las del resto de integrantes de la trama, rondaban los 4.000 euros
mensuales. Todos, junto a Aslhey Alonso Abaunza y Miren Idoia Abaunza Echevarri,
están imputados por delitos contra la salud pública y fraude fiscal. El caso
arrancó hace año y medio en una de las decenas de comisiones rogatorias que
llegan a la Audiencia Nacional. La Guardia Nacional Republicana portuguesa
pedía pinchar teléfonos a una red dedicada al tráfico de aguardiente ilegal. Un
encargo exótico para la unidad que persigue el crimen organizado. Pese a ello,
la Udyco aceptó el encargo. Diez investigadores pasaron un año escuchando
conversaciones en clave de sospechosos a uno y otro lado de la frontera.
Orujos de Galicia, la denominación de origen que agrupa a
medio centenar de empresas pide que cunda el ejemplo y haya por fin mano dura
de las administraciones para acabar con el resto de mafias que distribuyen sus
botellas por toda España. Su presidente, José Antonio Feijóo, lamenta que hasta
establecimientos con estrellas en los rankings más prestigiosos saquen las
botellas de contrabando. “Y vas a restaurantes de Madrid y todos tienen
parientes en Ourense que le mandan aguardientes casero. La obligación de la
administración es retirar todas las botellas, la tolerancia social y de las
instituciones es insoportable. Nos hemos olvidado muy pronto de desgracias como
las de la colza o el metilo”, lamenta. El supuesto aguardiente casero está bajo
sospecha.
La trama en cifras
Enrique Viaña | Catedrático
de Economía Aplicada. Universidad de Castilla La Mancha
Armas y munición requisadas a los traficantes de alcohol
arrestados /
- Los seis detenidos en Pontevedra y Ourense tenían en naves clandestinas 65.000 litros de alcohol ilegal que vendían en las cuatro provincias a granel o en botellas.
- La red llegó a reventar el mercado colocando botellas a cuatro euros, el precio que deben pagar en impuestos los productores legales por 70 centilitros de licor.
- La policía nacional incautó a los arrestados doce pistolas, cuatro fusiles de asalto, tres escopetas una granada de mortero, dos pistolas detonadoras y una eléctrica. La investigación duró un año y medio.
- Los productores legales comercian 10 millones de botellas al año y aseguran que el mercado negro mueve más mercancía que exporta a toda España.
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario