Por Pedro Taracena
Domingo, 21 de diciembre de 2014
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931
Artículo 97. El Presidente del Tribunal Supremo y
el Fiscal General de la República estarán agregados, de modo permanente, con
voz y voto, a la Comisión Parlamentaria de Justicia, sin que ello implique
asiento en la Cámara.
Artículo 104. El Ministerio Fiscal velará por el
exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas
garantías de independencia que la Administración de Justicia.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Artículo 124.
1. El Ministerio Fiscal, sin prejuicio de las
funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de
la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados,
así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social.
Este artículo dispone de 4 apartados, en todos
ellos se refuerza la legalidad e imparcialidad, pero el tercer apartado dice
que: La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y aquí es
donde al margen del espíritu constitucional, el Fiscal depende jerárquicamente
del Gobierno.
Cada día nos despertamos con un nuevo caso de
corrupción generalizada, por mucho que quiera mantener el Partido Popular y el
Gobierno que la corrupción no está entre sus filas, sino que está en los
ciudadanos, como si los populares fueran extranjeros. Pues del mismo modo Rajoy
nos comunica un embuste diario engordando la gran mentira sobre la cual se
cimenta su política. El fiscal General del Estado ya venía denunciando
presiones por parte del Gobierno, que cercenaban su independencia del
Ejecutivo. Pero la alusión del propio Eduardo Torres-Dulce, que en el escrito
en el cual presenta su dimisión alude a cuestiones personales, el Gobierno
aprovecha torticeramente para desligar que haya sido su persona la que se haya
visto directamente afectada por la presión de Rajoy y de sus secuaces. Es decir
que esa cuestión personal puede ser cualquier afección menos la presión directa
ejercida sobre su persona por la jerarquía a la cual debe obediencia. El que el
Fiscal dependa del Gobierno no quiere decir que siendo legal sea justo y menos
constitucional. Fue una cuestión metida con calzador para adaptar los preceptos
de la Constitución a La Casta. Hablar de La Casta es lo mismo que hablar de los
responsables de la Santa Transición en connivencia con la tutela franquista y
del nacionalcatolicismo.
Para los socialistas está siendo cada instante más
insoportable el evitar la ruptura del pacto consensual de la Transición. Los
errores cometidos por el bipartidismo a lo largo de estos treinta y seis años,
ahora hacen insostenible el presentarse ante el pueblo que viene marchando
desde el 15-M bajo el lema de: “No nos representan” y “Democracia real, ya”. La
corrupción y el fraude constitucional están provocando una huida hacia adelante
buscando complicidad entre todos los miembros de La Casta, contra PODEMOS.
Utilizando la descalificación y la calumnia. Tachando sus políticas de
demagogia y populismo. De antisistema, comunistas de extrema izquierda,
chavistas bolivarianos y castristas. De todas formas La Casta sabe que estos
argumentos son menos contundentes que si hablamos de políticas criminales que
causan muertes. De violadores de los derechos fundamentales establecidos
por la Constitución. De mutiladores del principio universal de la justicia. De
haber dado prioridad a la deuda soberana dejando al pueblo en la miseria, el
hambre, el paro, el desahucio y la muerte.
Pero ellos, los de La Casta, saben que tienen los
días contados y todo es posible, todo puede cambiar y otras alternativas tienen
que asistir a la Europa de los Mercaderes. Cada vez aumenta más la gente que
milita en las mareas del Arco Iris. El pueblo no necesita la experiencia de
gobierno que tienen los políticos de la transición. Yo personalmente y muchos
otros ciudadanos exigimos que esta nueva generación de políticos tengan la
oportunidad de cometer sus propios errores durante otros treinta y seis años…
Eso sí, con una Constitución reformada al margen del franquismo: libre, laica y
democrática y si el pueblo lo quiere, republicana.
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