G. Rodenas / 12 dic 2014
Trabajos
en exhumación en Almería.
El fracaso de las excavaciones llevadas a cabo en el
cementerio de San José en Almería, donde en el pasado hubo un traslado de
los restos del cual no se tenía conocimiento, ha desencadenado una agria
polémica entre las autoridades municipales del Partido Popular y los activistas
de la memoria, que acusan al Ayuntamiento de falta de colaboración y, sobre
todo, de no tener una palabra de compasión con las víctimas.
La célebre y desesperada petición del presidente
republicano Manuel Azaña de “Paz, piedad, perdón”, pronunciada en un discurso
de 1938 en Barcelona, sigue sin hacer mella en las conductas de
muchos dirigente conservadores.
El presidente de la asociación de memoria histórica ‘Memoria
y libertad’, Francisco Ortega, ha criticado que el Ayuntamiento de Almería,
gobernado por el Partido Popular, no haya mostrado “ni un amago de empatía” con
los familiares que solicitaron la exhumación de los restos de represaliados en
el cementerio de la capital después de que no se encontraran cuerpos
correspondientes a fusilados en las fosas debido a remociones de terreno
practicadas en décadas posteriores.
Salvo la excepción de Málaga, cuyo alcalde del Partido Popular,
Francisco de la Torre, mostró una colaboración impecable con las autoridades de
la Junta y con las asociaciones de memoria en los complejos trabajos de
exhumación y significación de la fosa de san Rafael, en general la actitud de
los dirigentes y altos cargos conservadores es de reticencia, cuando no de
abierta mofa, ante cualquier iniciativa que lleve el nombre de memoria
histórica.
En una carta abierta dirigida al concejal de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, el presidente e hijo del último
alcalde republicano de Gádor ha recriminado al edil que instara a “pedir
perdón” por los trabajos ejecutados en el camposanto y, sin embargo, no
pronunciara “ni una palabra dirigida a quienes destruyeron las fosas donde se
encontraban los enterrados, sin dar cuenta a los familiares ni darles
información”.
¿QUIÉN DEBERÍA PEDIR PERDÓN?
“¿Quién debería pedir perdón a sus hijos y a sus nietos?”,
se pregunta Ortega en su epístola, consultada por Europa Press, en la que se
cuestiona si no existe “ningún responsable” o persona que tenga que “pedir
perdón” por haber “destrozado” las fosas en las que estaban los cuerpos de
sus familiares, que fueron trasladados según los indicios de las catas
arqueológicas practicadas durante casi dos semanas.
Asimismo, ha pedido al edil que aclare “cuál es la falta” de
haber puesto una bandera republicana sobre las fosas abiertas durante los
trabajos “si a quienes buscábamos eran republicanos”. “Estas personas habían
defendido unos ideales de libertad y justicia encarnada en una Constitución
democrática, en el ejercicio de una legitimidad nacida en las urnas, que el
pueblo le había confiado en las elecciones que habían ganado libre y
democráticamente”, ha defendido.
Ortega, quien relata las situaciones por las que tuvieron
pasar los represaliados tras la guerra así como los familiares que no pudieron
darle sepultura a tenor de sus ideales y creencias, ha solicitado además que
“ya que la comprensión no ha sido posible”, que “se nos concedan las
autorizaciones y permisos necesarios para construir el monumento que refleje
todos los nombres de las personas allí enterradas” para que los familiares
puedan “rendir homenaje” a sus difuntos y “reencontrarnos con los recuerdos de
nuestros seres queridos”.
UN PROCESO IRREPROCHABLE
Esta semana, el director general de Memoria Democrática,
Luis Naranjo, ha considerado “irreprochable” el proceso de exhumación que se ha
llevado a cabo en el cementerio de San José de Almería, pese a que no se hayan
encontrado los restos de represaliados de la Guerra Civil, y ha criticado la
actitud del Ayuntamiento de la ciudad, al que ha acusado de “ocultar” datos
sobre el remozamiento de tierras en el camposanto en los años sesenta y
setenta.
Tras ser preguntado por las declaraciones de responsables
del Ayuntamiento al respecto, que resulta “sorprendente” que “los que llevan
décadas enfrentándose, oponiéndose y obstruyendo cualquier iniciativa para
recuperar la memoria histórica y para responder a los derechos de verdad,
justicia y reparación” ahora “critiquen” a la Dirección General por sus
actuaciones.
Además, ha incidido en que, en este caso, el franquismo, “no
sólo asesinó y fusiló”, sino que además “ocultó las pruebas”. “Me parece
absolutamente increíble e incalificable desde el punto de vista político que
los mismos sujetos sociales políticos y mediáticos que llevan mirando para
otro lado, ahora nos critiquen cuando hay resultados que no son los que en
un principio podíamos esperar”, ha dicho.
De hecho, ha recordado que el proceso de exhumación “ha sido
ejemplar y está siendo ejemplar porque aún no ha concluido” en tanto que ha
contado con la dirección de un equipo técnico de “probada solvencia” y que
lleva décadas investigando el asunto, a lo que se suma la consulta de los
archivos históricos y los testimonios orales de los familiares de las víctimas.
“Si algo hay que achacar es la ocultación de datos por
parte del Ayuntamiento de Almería, que de forma hipócrita se ha llevado las
manos a la cabeza. El movimiento de fosas en los años 60 y 70 por lógica
tiene que estar registrado en el archivo municipal, y ese dato no se nos
suministró en tiempo y forma adecuados”, ha mantenido Naranjo.
LAS CRÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO
El concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Almería,
Carlos Sánchez (PP), había declarado previamente que la Junta de Andalucía
conocía “desde hace dos años” los “indicios” apuntados por el anterior
sepulturero municipal sobre las remociones de tierras ejecutadas desde los años
40 en el cementerio de San José con la que se habrían desplazado de sus fosas
los restos de los represaliados del franquismo, ya que dicha información consta
en la propia web sobre el mapa de fosas de la Junta.
Según Sánchez , este documento “desmonta” la teoría de que
la Junta “no sabía nada” sobre la alteración de las fosas que han sido
excavadas durante casi dos semanas por un equipo de arqueólogos, si bien ha
admitido desconocer si existe prueba documental en los archivos municipales
que corroboraran estas alteraciones. “Nos han engañado desde el primer día, han
jugado con los sentimientos de los familiares y los medios de comunicación”,
sentenció el edil.
Fuente: www.andalucesdiario.es/
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