"En
el sector privado, las autoridades franquistas intentaron colocar a los
beneficiarios de la ley pero no fue una tarea tan fácil como en los organismos
públicos, ya que debían contar con el apoyo de los empresarios, que eran,
lógicamente, los empleadores."
Memoria Histórica | Eduardo Montagut Contreras | 14-12-2014
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Los
despidos provocados por resoluciones de expedientes de depuración en la
administración y en la empresa privada en Cataluña, como en el resto de España,
provocaron muchas vacantes de puestos de trabajo, además de las que se habían
generado por prisión, exilio o muerte de funcionarios, empleados y
trabajadores. Los beneficiarios para ocupar estos puestos de trabajo fueron las
personas adictas al nuevo régimen. Así lo disponía la ley de 25 de agosto de
1939 que reservaba el 80% de las plazas de organismos públicos a mutilados,
excombatientes, excautivos, huérfanos y familiares de caídos del bando
franquista. En algunos organismos públicos hasta se renunció al 20% restante de
plazas libres y se concedió la totalidad de vacantes a los beneficiarios de la
ley. El caso más significativo fue el del Ayuntamiento de Barcelona. En el
sector privado, las autoridades franquistas intentaron colocar a los beneficiarios
de la ley pero no fue una tarea tan fácil como en los organismos públicos, ya
que debían contar con el apoyo de los empresarios, que eran, lógicamente, los
empleadores. El Fomento del Trabajo Nacional fue presionado por el Gobierno
Civil de Barcelona para que se comprometiera, en julio de 1939, a dar trabajo a
10.000 mutilados en toda la provincia. Pero las empresas no estaban tan
dispuestas a contratar a los mutilados y otros beneficiarios de la ley de forma
automática. La Falange de Barcelona se quejaba, en un informe de mayo de 1940,
de la “poca consideración” que se tenía con los excombatientes y de que los
empresarios se negaban a colocarlos en puestos de responsabilidad. Las razones
de esta resistencia se encuentran señaladas en dicho informe. Al parecer, los
empresarios consideraban que los excombatientes, mutilados y otros
beneficiarios no tenían ningún derecho porque los méritos que alegaban eran
patrióticos y no profesionales y, por lo tanto, correspondía recompensárselos
al Estado.
Este
artículo está basado en: Borja de Riquer, “La depuració al sector privat”, en
“La repressió dels vençuts”, en Pierre Vilar (dir.), Història de Catalunya,
vol. VII, Barcelona, 1989, pág. 98.
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