Cada vez hay más opiniones a favor de una reforma de la Constitución de
1978. No un proceso constituyente, como plantean quienes buscan la demolición
del vigente sistema democrático. La mayoría se decantaría por una reforma
limitada, muy reflexionada y a partir de un consenso equivalente al de los años
70. Una reforma que confirme los éxitos del texto original y que avance en
aquellos aspectos que requieren una actualización sensata y ampliamente
acordada. Como han hecho en más de cincuenta ocasiones los alemanes con su
propia Constitución, por ejemplo.
Rajoy está bloqueando una iniciativa que comparten la gran mayoría de los
actores políticos del país, los medios de comunicación con uno u otro color,
los especialistas universitarios, los analistas de la política… y la mayoría de
los españoles, a juzgar por los estudios de opinión. Pero el PP de Rajoy es un
elemento imprescindible para llevar a cabo esta empresa, por razones de
coyuntura institucional, que podrían cambiar tras las próximas elecciones, y
por razones de legitimidad política, que no cambiarán tras las próximas
elecciones.
¿Por qué se opone Rajoy a esta reforma? Las razones explícitas no se
sostienen. Dice que nadie ha hecho una propuesta cerrada, cuando sabe que
cualquier propuesta cerrada unilateralmente quedaría inmediatamente descartada
para forjar el consenso necesario. Dice que la reforma supondría ceder ante los
independentistas, cuando nadie sensato está proponiendo una reforma para darles
la razón en sus reivindicaciones. Dice que haría peligrar la estabilidad
política y la recuperación económica, cuando es muy probable que la
recuperación de la credibilidad de todo el sistema político y económico vigente
dependa en buena medida de la capacidad que tengamos para emprender un cambio
de la envergadura de la reforma constitucional.
Y Rajoy dice que no hay consenso, cuando sabe que los consensos se
establecen tras el diálogo y no antes. No obstante, hay razones implícitas que
pueden estar pesando más en el ánimo del presidente del Gobierno. Puede que
entienda que la reforma de la Constitución supone una baza electoral para
algunos partidos. Pero tal baza podría anularse fácilmente asumiendo de forma
colectiva el propósito de acometer la reforma durante la próxima legislatura. Y
puede que interprete que cualquier cambio para poner la Constitución al día,
conforme a los valores y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española,
pase inevitablemente por consolidar derechos y libertades. Y puede que no esté
de acuerdo. Y aquí sí hay un problema.
Hay razones puramente funcionales para cambiar la Constitución. Razones de
incardinación funcional en las instituciones europeas, y de distribución
funcional de competencias entre administraciones, y de asegurar una
financiación funcional y estable para comunidades y ayuntamientos, y de dar
lugar a un Senado funcional, y de garantizar funcionalmente derechos que antes
no existían… Y hay motivaciones también puramente políticas para el cambio.
Muchos españoles necesitan una razón para reconciliarse con un sistema que les
defrauda. La bandera del cambio no puede quedar en manos de los
populismos podemistas o independentistas, que tanto da, porque ellos
no promueven el cambio sino el derrumbe sin alternativa viable. Y sí, una
Constitución renovada ayudaría a conquistar voluntades en Cataluña para la
causa del proyecto común, diga lo que digan Mas y Junqueras.
Quienes más han pensado en los contenidos del cambio apuntan tres
direcciones muy razonables. Primero, consolidar derechos fundamentales que hoy
son simples principios rectores: la sanidad, las pensiones, los servicios
sociales, las rentas básicas, la atención a la dependencia. Segundo, culminar
el diseño autonómico en clave federal, aclarando competencias, estabilizando la
financiación, reconociendo diversidades y garantizando la igualdad de derechos.
Y tercero, mejorar la calidad de nuestras instituciones democráticas, asegurando
la democracia interna en los partidos, planteando nuevos cauces de
participación cívica, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en
los poderes públicos…
No se trata de cambiar la Constitución para que la sociedad española vuelva
a las andadas, tras 36 años de convivencia exitosa. Se trata de afrontar un
nuevo proyecto colectivo con el que asegurar, al menos, otros 36 años de
éxito.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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