ARNAL
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
Actualizado: 12/10/2014 03:28 horas
El 5 de agosto el Gobierno decidió
trasladar a España desde Monrovia (Liberia) al misionero Miguel Pajares,
perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, contagiado por el virus del
ébola.
El religioso fue trasladado a Madrid en
un Airbus 310 medicalizado y sellado interiormente para evitar cualquier tipo
de contagio. El avión es el que utiliza normalmente el presidente Rajoy.
A su llegada al aeropuerto de Torrejón,
Pajares fue recogido por una UVI móvil igualmente preparada para evitar la
transmisión del virus. La ambulancia fue escoltada por la policía hasta el
hospital Carlos III, situado junto a La Paz.
Se generó una polémica un tanto estúpida
sobre el gasto que representaba traer al misionero a España cuando era casi
segura su muerte y también por el riesgo que suponía trasladar hasta nuestro país
un virus muy contagioso para el que no había un remedio probadamente eficaz.
Desde EL MUNDO defendimos la decisión
del Gobierno. España no podía dejar morir en un lugar inhóspito a un hombre que
había sacrificado su vida por los demás sin intentar siquiera un último
esfuerzo para salvarle. ¡Para eso pagamos impuestos!
Desde el Ministerio de Sanidad se lanzó
un mensaje tranquilizador a la opinión pública. Desde el primer momento se
implantarían los protocolos establecidos por la OMS. Además, dijo un portavoz
de la ministra, «el riesgo de contagio es muy pequeño».
Efectivamente, el padre Pajares murió
poco después de su llegada a España. El 21 de agosto, el Gobierno decidió el
traslado del también misionero de la Orden de San Juan de Dios, Manuel García
Viejo, desde Sierra Leona.
García Viejo fue internado en el
Hospital Carlos III, cuya sexta planta se había vaciado para dedicarla en
exclusiva a la atención de los contagiados por ébola.
En la tarde del 6 de octubre Sanidad
confirmó que una de las auxiliares que atendió a García Viejo y que también
estuvo en el equipo que trató a Pajares, había dado positivo en la prueba de
ébola que se le había realizado en el Hospital de Alcorcón.
A las 20:30 horas, la ministra Ana Mato,
dio una rueda de prensa acompañada de altos cargos de su departamento y de la
consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde no se aclararon las
dudas sobre las circunstancias del contagio.
A partir de ese momento se desataron las
especulaciones. Sin embargo, había un dato que nos llamó la atención y que, al
día siguiente, reflejamos en nuestra portada: la enferma había permanecido al
menos seis días con fiebre antes de hacerse la prueba del ébola.
Cuando el Gobierno anunció la decisión
de traer a España al primer misionero, desde Sanidad se informó de que el
personal que estuviera en contacto con el enfermo permanecería bajo control
sanitario durante los 21 días siguientes, además de someterse a un seguimiento
diario de dos tomas de temperatura para detectar si, en algún momento, se superaban
los 38 grados de fiebre, momento en el cual se le sometería al test del ébola y
se establecerían las medidas de aislamiento pertinentes.
Las circunstancias que rodean el caso lo
hacían cada vez más extraño. Supimos que la enferma comenzó a tener fiebre el
día 29 de septiembre y que el 30 acudió al médico de atención primaria, quien
le diagnosticó gripe y le recetó paracetamol. También supimos que en sus
contactos telefónicos con el Centro de Control de Riesgos, había transmitido
que tenía unas décimas, pero que esta información no llevó a encender las
alarmas sobre su posible contagio.
El miércoles 9 de octubre Teresa Romero
(la auxiliar que se encuentra internada en el Carlos III) confesó a su médico y
a varios medios de comunicación que tal vez el contagio se había producido al
tocar su cara con un guante. También se supo que en ningún momento había
transmitido a la doctora que la trató el día 30 que había sido miembro del
equipo que atendió a los infectados por el ébola.
Un comportamiento un tanto extraño, ya
que, por otro lado, en su domicilio Teresa tomó precauciones como si supiese que
ya tenía el virus. Su marido y ella durmieron en habitaciones separadas y no
usaron el mismo baño.
La confesión de Teresa despeja una duda
fundamental, pero no diluye las responsabilidades políticas que se derivan de
este caso.
Independientemente de la imprudencia de
Teresa, sabemos:
1º Que la formación recibida por los
médicos y técnicos sanitarios para atender a los enfermos de ébola ha sido
escasa y apresurada.
2º Que el lugar habilitado para que los
miembros del equipo se quitaran el traje protector era tan pequeño que impedía
que otra persona vigilase el proceso, lo que está establecido en los protocolos
precisamente para evitar imprudencias como las de Teresa.
3º Que la cámara instalada en la
habitación no grababa, sino que simplemente servía para el control exterior en
tiempo real.
4º Que los equipos de protección, como
ha denunciado el médico que la atendió en Alcorcón, no se adecuaban a las
características de sus usuarios, lo que anula prácticamente su función
profiláctica.
5º Que incomprensiblemente, Teresa,
trabajadora del Carlos III, cuando llamó a su centro en la madrugada del
domingo 5 de octubre, ya con fiebre muy alta, fue remitida al Hospital de
Alcorcón.
6º Que en dicho hospital, y ya
advirtiendo que podía estar contagiada por el ébola, permaneció en urgencias
varias horas sin el aislamiento requerido.
7º Que la ambulancia que la trasladó a
dicho centro continuó realizando servicios durante 12 horas sin haber sido
desinfectada.
8º Que al médico que la atendió en
Alcorcón no se le informó de que las pruebas de ébola habían dado positivo
hasta después de que la noticia fuera difundida por los medios.
9º Que a día de hoy no sabemos por qué
no se tomó ninguna medida desde el Centro de Control de Riesgos tras conocerse
que Teresa tenía fiebre.
10º Tampoco sabemos por qué se le
permitió a Teresa tomarse unas vacaciones y no se la sometió al control de 21
días que requería.
Por todas esas razones Rajoy debe instar
la dimisión de Mato. España ha sido portada de todos los medios del mundo por
ser el país donde se ha dado el primer caso de contagio fuera de África. Eludir
responsabilidades daña nuestra imagen y alimenta el descrédito ciudadano en la
clase política.
Fuente: www.elmundo.es
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