José Enrique Centén Martín
Domingo 12 de octubre de 2014
En estos escasos tres años del gobierno
del PP, es notorio el retroceso en los derechos sociales, han logrado situarlos
en la década de los sesenta, pero lo que me lleva a la estupefacción son los
últimos acontecimientos sobre el ébola y el desarrollo de las noticias, la
desinformación, tergiversación, manipulación y la falta de responsabilidad.
Se puede decir, en cierto modo, que aquello que se
altera (por ejemplo, la relación de gobierno-ciudadano o el nexo salud-enfermo)
se da en apoyo de grupos de intereses conservadores y como mantenimiento de un
orden preestablecido. Ya casi conseguido o en vía de desaparición de casi todos
los derechos sociales, hay que recapacitar por la forma y los medios para que
la ciudadanía no se haya percatado hasta ya muy avanzado el plan urdido desde
hace tiempo, todo ha sido posible a un conjunto de medios culturales como la
prensa escrita, la TV y la radio, reunidos y articulados para operar
adecuadamente sobre la ciudadanía.
Esta manipulación no es nueva, viene desde hace 500
años, la cultura del Barroco, cultura recuperada en todos los gobiernos del PP,
directriz para dirigir y agrupar masivamente a los ciudadanos, actuando sobre
su voluntad, moviendo a esta con resortes psicológicos manejados conforme a una
técnica de captación que, en cuanto a tal, presenta efectivamente caracteres
masivos, predican una y otra vez la obediente sumisión a las leyes,
cualesquiera que estas sean, el acatamiento a la mayoría parlamentaria, aunque
se comporte como una tiranía, a los magistrados y superiores, con expresiones
que frecuentemente superan el nivel de la obediencia dado en otras épocas.
Joyce G. Simpson sostiene que el Barroco es una glorificación de los poderes
establecidos. Es el arte de los regímenes autoritarios... que se impone al
espectador maravillado y lo trasporta fuera de sí, para que se olvide de dudar
y preguntar.
El desmantelamiento de la Dirección General
de Salud Pública y del Instituto de Salud Pública de
la Comunidad de Madrid, por la Sra. Aguirre, unido a la precipitación causada
por el brote de Ébola en la persona que se presentó voluntaria para atender a
los médicos repatriados, ha puesto en evidencia la privatización de la Sanidad
Pública en el único Hospital de fama contra las enfermedades infecciosas
existente en Madrid. Unido a las burlas en las TV llamadas públicas, parodiando
y mofándose de la persona que puso en riesgo su vida para salvar la de otra,
incluso la prensa al servicio del poder criminaliza a la enferma, dan noticias
de su óbito. Manipulan sobre el médico que la atendió diez y seis horas, por
presentarse voluntariamente para su aislamiento, denunciando deficiencias que
él mismo sufrió en esa atención, le acusan de propagandista por ser
miembro de un sindicato, es la desvergüenza del poder, por no aceptar errores
propios, culpando a otros de su ineficacia para afrontar cualquier alarma
social, ya lo hicieron con los “hilillos de plastilina”, el Yak-42, accidentes
como el Metro de Valencia, Spanair, del Alvia, la financiación ilegal, la
corrupción, las tarjetas en negro…
Tampoco se escapa de crítica el mayor
partido de la oposición, por su actitud lasa, cuando no silente hasta una semana
después de los acontecimientos. También es criticable la actuación de los
medios de información en general, con los delincuentes dan las iniciales, aquí
ha sido noticia hasta el nombre de su perro, cuando el respeto a la persona
está por encima de todo, dónde está la honestidad periodística, han vulnerado
el código deontológico en casi todos sus puntos muchos medios, pero todos sin
excepción el punto 4c. Yo animo a los afectados a ejercer el derecho a una
compensación moral y económica por las noticias tergiversadas, pidiendo daños y
perjuicios por los daños morales a su persona y familiares en interés
partidista, posibilidad que los entonces antiguos manipuladores del
Barroco no contemplaban, pero en la actualidad sus pocos inteligentes
seguidores no han caído en el código de la FAPE, reflejado en los estatutos aprobados en
la Asamblea General de Sevilla (2008).
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