La jueza le retira
la protección y los 798 euros mensuales por no acudir a declarar, usar las
redes sociales y revelar su condición a terceros
Toda la acusación
de la Fiscalía se basa en el testimonio de Susana Romera, quien se presenta
como examante de Silva y le reclama 1.000 euros
La testigo fue a
declarar en Fiscalía una hora antes de que Blesa amenazara a eldiario.es con
acciones legales si seguía informando de los correos
La Policía
advirtió a la jueza contra Romera, quien acusa a Silva de practicar "magia
negra" y reconoce que nunca llegó a ver los mensajes de Blesa
13/10/2014 - 20:53h
El exjuez Elpidio José Silva.
Ya no hay testigo protegido en el caso abierto contra
Elpidio Silva por filtrar supuestamente los correos de Blesa. La jueza del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Susana Polo ha decidido retirar dicha
condición a Susana Romera después de que ésta no haya comparecido en las dos
ocasiones que la ha requerido, tampoco se presentase en las tres citas con el
organismo público que le iba a gestionar una vivienda y la Policía no logre dar
con su paradero. Según ha podido saber eldiario.es, la mujer ha recibido 798,76
euros mensuales de fondos públicos desde mayo para gastos de manutención
mientras mantenía su condición de testigo protegido en la causa que podría dar
con Silva en la cárcel.
La decisión de la jueza Polo podría tener una influencia
determinante en el caso, ya que todo él se basa en el testimonio de Romera.
Examante de Silva, según su propia declaración, se presentó en la Fiscalía en
pleno escándalo por la publicación de los correos de Blesa. Su testimonio
voluntario ante la Fiscalía de Madrid se produjo 60 minutos antes de que la
redacción de eldiario.es recibiera un
burofax de los abogados del expresidente de Caja Madrid amenazando con
medidas legales si continuaba publicando el contenido de los correos.
Uno
de esos mensajes publicados por eldiario.es permitió a los actuales
responsables de Bankia conocer la existencia de las tarjetas ‘black’ y encargar
una auditoría interna. Sus resultados llegaron a la Fiscalía Anticorrupción y,
de ahí, al juez Fernando Andreu, quien ha imputado a Blesa, Rodrigo Rato e
Ildefonso Sánchez Barcoj. Los tres declararán el próximo jueves ante Andreu en
condición de imputados. Además, Andreu, que instruye el 'caso Bankia', ha
accedido recientemente a incorporar algunos
de aquellos correos a la investigación sobre las preferentes.
Romera declaró en Fiscalía y luego en sede policial que
Elpidio Silva era el responsable de que los correos llegaran a los medios de
comunicación. También dijo que temía por su vida porque, entre otras cosas, el
exjuez hace “magia negra”. La Policía concluyó que el testimonio de Romera
no podía sustentar una investigación y así se lo comunicó a la jueza Polo. Pero
la Fiscalía y la juez hicieron caso omiso a los investigadores y siguieron
adelante con las pesquisas. Así, Polo ratificó a Romera la condición de testigo
protegido que le había concedido una jueza de Madrid y le fue asignada una
cantidad económica mensual que sólo se ha interrumpido con la retirada de la
condición de testigo protegido el pasado 2 de octubre. Romera habría percibido
ya unos 4.000 euros a cuenta de la Comunidad de Madrid.
En un auto del pasado viernes, la jueza Polo defiende
aquella decisión por “la importancia de las revelaciones llevadas a cabo en la
causa y el temor del testigo hacia el imputado”. Sin embargo, la condición de
testigo protegido se suele reservar a aquellos que colaboran en graves delitos
de terrorismo y crimen organizado, y no en una causa por revelación de
secretos, cuya condena no supera los cuatro años.
Respecto al temor que decía sentir Romera hacia Silva, ya se
pronunció la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en un
informe entregado a la jueza: "Se puede afirmar objetivamente que la TP
(testigo protegida) podría pecar de cierta credulidad en cuanto al peligro que
sufre, en cuanto a las posibilidades técnicas de intervenir y evitar la intervención
de sus comunicaciones y el contenido de sus teléfonos y ordenadores, así como
en cuanto a calidad de información que tuvieron realmente del caso Blesa las
personas que menciona que le habían estado ayudando y apoyado para que
denunciase". Además de la práctica de "exorcismos", la mujer
decía que colaboradores de Silva le habían pinchado el teléfono y que tenía
miedo de que le enviara "un sicario".
La instructora del caso Silva atiende ahora la petición de
la Fiscalía de retirar la condición de testigo protegido a Romera.
Precisamente, fue la Fiscalía de Madrid, con Manuel Moix al frente –al igual
que en la condena
por prevaricación–, quien impulsó el caso de la filtración de los correos a
pesar del dudoso carácter del único testimonio incriminatorio. Y ha mantenido
la condición de testigo protegido después de que todos los citados en el
juzgado, acusados por Romera de participar en la filtración, negaran los
hechos.
"La situación ha cambiado"
La Fiscalía alega ahora –y ratifica la jueza– que “la
situación ha cambiado”. “El imputado conoce la denuncia formulada contra el
mismo, y de la declaración del testigo se desprende con total claridad su
identificación personal, por sus relaciones con el imputado”, afirma Polo. Esto
es, que Silva ya sabe quién le acusa, según la jueza. Como si no lo hubiera
adivinado cuando se le dio traslado, sin citar el nombre, de todas las
declaraciones realizadas ante la Policía y la Fiscalía por ella, ofreciendo detalles
de la relación personal que ambos mantuvieron, o al comprobar el contenido de
los mensajes que intercambió con Romera y que se han sumado a la causa.
Para apoyar su decisión, la jueza incluye las informaciones
que le ha facilitado la Policía recientemente: Romera “ha viajado libremente,
ha hecho uso de las redes sociales, ha comunicado a terceros su condición de
testigo protegido, y no es posible su localización, pese a las gestiones
policiales llevadas a cabo”. Pero mientras tanto, ha cobrado los 798,76 euros
mensuales. Ella misma confesó a la Fiscalía y la Policía que su declaración
está motivada por el hecho de que Elpidio Silva le prometió 1.000 euros por las
correcciones hechas a su libro que, según su versión, nunca le pagó.
Además, la jueza designó a la Dirección General de la
Vivienda de la Comunidad de Madrid para que le buscara una vivienda de renta
baja donde residir mientras fuera testigo protegido. Todas las comunicaciones
judiciales le llegarían directamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), para así preservar su lugar de residencia. Pero Romera no se presentó
en ninguna de las tres ocasiones que Vivienda de Madrid la convocó alegando que
“la ayuda concedida era para sufragar su manutención, no para financiar los
gastos derivados del cambio de vivienda, pese a haberle informado de lo
contrario”, según la jueza Polo.
Fuente: www.eldiario.es
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