Frente al bloqueo de Cristina Cifuentes
Artículos de
Opinión | Colectivo Novecento | 12-01-2013 |
Cristina Cifuentes tiene un puesto político: es la
Delegada del Gobierno en Madrid. Por tanto, es una servidora pública que debe
rendir cuentas de sus actuaciones a la ciudadanía.
En estos tiempos, las redes sociales se han convertido
en un buen instrumento para reforzar los vínculos de los cargos públicos con
los ciudadanos. Más aún, cada vez más personas eligen las redes sociales para
compartir conocimientos y estar informadas. Por supuesto, como todo
instrumento, siempre puede ser mal utilizado.
Cristina Cifuentes tiene cuenta en Twitter. En su
perfil se presenta como “Delegada del Gobierno en Madrid”, y así es como
nosotros nos dirigimos a ella. Es activa en esta red, pero a veces comete
graves imprudencias. Fue el caso de la cometida el pasado 28 de diciembre,
cuando mostró unas supuestas pruebas que incriminaban a Alfon y que otra
tuitera las había sacado de no se sabe dónde. La pregunta que entonces surgió
fue: si nadie sabe nada del informe policial, y si la propia Cifuentes
reconoció que no disponía del auto judicial, ¿cómo es posible que un cargo
público de su responsabilidad pudiera acusar así a un ciudadano? Además de su
conocido empeño por “modular” los derechos de reunión y de manifestación, que
le ha costado ser investigada por la justicia “por vulnerar derechos individuales”,
Cristina Cifuentes bloquea toda cuenta que no le gusta en Twitter.
Ayer nos dimos cuenta de que nos tocaba a nosotrxs ser
bloqueados, al Colectivo Novecento.
Como podéis observar en este enlace, todos los mensajes que le
enviamos a la Delegada del Gobierno, o que la mencionaban, han sido
respetuosos.
Los primeros, allá por el mes de noviembre, le
informaban de que miles de personas (cerca de 7.000), habían firmado esta
carta exigiendo la retirada de sanciones a los 300 manifestantes del
27-O. Era una petición que impulsamos desde el Colectivo Novecento con la campaña #yosoy301. Asimismo, le advertíamos de
que su actuación podía acarrearle consecuencias legales, pues estaba yendo
contra el propio ordenamiento jurídico que, de momento, protege nuestras
libertades. Le citamos pormenorizadamente los artículos de diversas leyes que a
nuestro entender incumplía. Los hechos nos están dando la razón y ahora Cifuentes será investigada por la
Justicia por este asunto. Es más, la propia Delegación del Gobierno
en Madrid afrontará también una demanda contencioso-administrativa
por este tipo de sanciones arbitrarias.
Cristina Cifuentes jamás nos respondió. Recordemos:
cerca de 7.000 ciudadanos firmaron una carta a la Delegada del Gobierno en
Madrid, y ni un breve acuse de recibo. La indiferencia es en este caso algo
letal para la confianza y el vínculo democrático. No nos extenderemos en ello,
pero la teoría contemporánea de la representación política dice mucho al
respecto. Más allá de los libros, el sentido común ciudadano ya sabe que, si
efectivamente estamos en una democracia, un cargo público debe cuidar los
canales de comunicación con la ciudadanía. Es más, su deber inexcusable reside
en rendir cuentas ante esta.
En algún mensaje posterior enviado desde nuestra
cuenta nos alegramos de la querella a Cifuentes, lo reconocemos. Aunque
entristecidos por tener que presenciar cómo hay que llegar a los tribunales
para frenar esta escalada gubernamental contra las libertades, creemos que es
fundamental defenderlas. Agradecimos así públicamente a Izquierda Unida su iniciativa. Es
importante que un cargo al frente de la fuerza pública -es decir, de policías a
quienes pagamos con nuestros impuestos y que están armados para prestarnos
servicio- no se crea impune. Es un puesto delicadísimo. Sabemos que es de
educación básica para la ciudadanía, pero resulta crucial hacerle ver que no
puede hacer lo que le venga en gana con las libertades públicas. Que sus
acciones tienen consecuencias. Por tanto, sí, esperamos que la justicia
investigue de manera imparcial y sin presiones su responsabilidad en este
atropello contra los derechos de reunión y manifestación.
Finalmente, nos hicimos eco de un artículo de Shangay Lily en Público donde
se solicitaba a Cifuentes que “diera la cara” en el caso Alfon. Su
responsabilidad como Delegada del Gobierno en este caso nos parecía clara. Esta
impresión se reforzó cuando presentó por Twitter las acusaciones antes referidas
contra el joven vallecano que, recordemos también, salió de su casa para ir a
una huelga y que ha pasado más de cincuenta días en prisión,
gran parte de ellos bajo régimen FIES.
Cifuentes hizo recaer toda la responsabilidad sobre la jueza el 30 de diciembre
en otro tuit. Y poco más de una semana después esta ha decidido soltar a Alfon.
Todo huele tan mal en el comportamiento policial, judicial, penitenciario y
político de este caso, que una ciudadanía responsable debe instar a sus cargos
a ir hasta el final en el esclarecimiento del asunto. Animarles a que den la
cara y ofrecezcan explicaciones convincentes. De no hacerlo, el paso siguiente
será exigir responsabilidades y dimisiones.
Y bien, nos preguntamos, ¿qué hay de inaceptable en
todo esto para que la Delegada del Gobierno bloquee la cuenta del Colectivo
Novecento? Como mucho hemos ejercido de manera responsable la crítica a un
cargo público que, a nuestro juicio, se ha extralimitado en sus funciones. Ni
siquiera hemos preguntado por los problemas legales de su marido, como hicieron
los ahora criminalizados Bukaneros.
En caso de que Cifuentes nos hubiera respondido, e
incluso si lo hubiera hecho con razones bien fundadas, podríamos haber pensado
y reconsiderado nuestras críticas. Nos podría haber ofrecido información que
desmintiera algunas de nuestras posiciones previas; y de ser argumentos
razonables, veraces, lo habríamos aceptado. Faltaría más. ¡Qué mejor noticia
que comprobar que la Delegada del Gobierno de todxs no vulnera derechos y
libertades básicas!
Hasta el momento, sin embargo, sólo tenemos su respuesta
de ayer por la noche, de nuevo en Twitter, cuando informamos de que este
artículo saldría hoy publicado. En su mensaje indicaba: “No creo que sean
ustedes quienes vayan a darme el ‘carnet de demócrata’… lo tengo desde hace más
de 20 años”. Nuestra sorpresa y desazón han sido de nuevo mayúsculos. Así hemos
de informarle de otra cuestión básica sobre democracia: no existen tales
carnets. Ser demócrata es algo cotidiano, no vitalicio; se cultiva en las
acciones que una realiza cada día.
En realidad esta anécdota del bloqueo de nuestra
cuenta nos parece una metáfora más de la desconexión que el Gobierno mantiene
con la ciudadanía, con quienes les criticamos. Pretenden que cuando hay más
razones que nunca para hacer política, nos callemos. Nuestros mayores nos
recuerdan que se trata de un molde parecido al del último franquismo: que la
gente haga su vida entre las desigualdades más lacerantes, que consuma,
trabaje, y viva su vida como pueda en un ambiente cada vez más gris; pero que
no se meta en política. Que no critique al poder. Si no, las consecuencias
serán terribles.
Como se ha señalado en diversos medios, el paralelismo
de los artículos difamatorios de ABC sobre Enrique Ruano y sobre Alfon no son casuales.
Interpretamos así este bloqueo como la cerrazón al
diálogo, a las explicaciones que legítimamente debe demandar una ciudadanía
informada. Encontramos demasiados paralelismos con esta acción de Cifuentes en
diversos episodios que jalonan el amargo tiempo político de estafa económica y
retrocesos democráticos que vivimos: la propaganda que ha vuelto a RTVE, lo que
se ha hecho con Telemadrid, la incomodidad que les producen las ruedas de
prensa. No quieren escuchar. No quieren responder. Se percibe la fobia al
disenso. La omnipotencia del poder se les ha subido a la cabeza a nuestros
gobernantes, pero con sorpresa comprueban que todavía hay ciertas leyes y
jueces que, ¡ay!, les pueden frenar. También les sorprende que no tengamos
miedo, que salgamos a la calle aunque nos peguen y multen, aunque nos
encierren. Desconocen que nuestra generación nació sin miedo.
Cristina Cifuentes, “Delegada del Gobierno en Madrid”,
se lo vamos a decir muy claro: sus acciones políticas nos parecen un peligro
para los derechos y las libertades ciudadanas de este país. Le invitamos a
reconsiderarlas. Estamos en nuestro derecho de expresarlo y argumentarlo
razonadamente. Sin insultos. Sin mentiras. Con margen para el error de buena
fe, para el diálogo. Quienes conformamos el Colectivo Novecento estamos
preocupados por la respuesta que las élites están dando a esta crisis, así como
por el deterioro democrático que estamos sufriendo. Nos encanta estudiar, leer
a Antonio Gramsci y a Mario Benedetti. Nos encanta la libertad, la igualdad y
la democracia. Adoramos la crítica, el diálogo, las diferencias políticas. Lo
sentimos, pero somos así.
Usted puede bloquearnos todo lo que quiera, tratar
incluso de amedrentarnos, pero ya le avanzamos que no lo va a conseguir; nadie
nos puede quitar nuestro derecho a tener derechos. Aunque no lo crea, ni
siquiera usted es capaz de ello.
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