LOS 10 CASOS "ESTELARES" DE LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA

La crisis ha servido para poner al descubierto las profundas fisuras del Estado monárquico español

Martes, 22 de enero de 2013

"La crisis económica no sólo ha traído desgracias sin fin para los asalariados de las diferentes comunidades que integran hoy el Estado español. - escribe nuestro colaborador M. Relti- Ha servido también para desenmascarar las grandes y profundas fisuras del Estado monárquico español. Ninguna las instituciones de la Monarquia instaurada por Franco se salva de verse afectada gravemente por la corrupción.

         La crisis económica no sólo ha traído desgracias sin fin para los asalariados de las diferentes comunidades que integran hoy el Estado español. El paro, los desahucios, el empobrecimiento vertiginoso de las clases medias…  ha sacudido a toda la sociedad. Pero dentro de todo ese cuadro de desgracias, la crisis ha servido también para poner al descubierto las grandes y profundas fisuras del Estado monárquico español. Ninguna las instituciones de la Monarquia instaurada por Franco se salva ya de verse afectada  gravemente por la corrupción.

      El tipo de  corrupción económica que conocemos hoy no comenzó anteayer. Su sombra se ha proyectado durante más de medio siglo sobre  la historia contemporanea de España. La muerte de Franco permitió que las formas en las que se manifestaba la corrupción en las altas esferas de la política y de la economía, cambiaran de forma. Pero, esencialmente, la metodología de apropiación de las clases dominantes y sus instrumentos en los aparatos del Estado continuaron siendo la misma. Si no hubiera sido así, difícilmente podría explicarse cómo se ha construido el emporio especulativo y financiero de la España de nuestros días.

         A lo largo de los últimos decenios, los usurpadores de los bienes públicos han ido perfeccionando las técnicas de la apropiación. Pero el nexo de colaboración entre finanzas-empresa y Administración del Estado no se ha distanciado mucho del que ya existía en la época de la Dictadura. Es cierto que éste último era más tosco y rudimentario. Gozaba, además, de la protección que le brindaba la censura y la represión. Sin embargo, el escaso desarrollo económico existente de aquella época, no permitía el expolio masivo y vertiginoso que hoy contemplamos.

        La sociedad española ha conocido sólo una minúscula punta de un enorme iceberg. Pero a través de esa pequeña pista disponemos elementos que nos permiten deducir la enorme magnitud de lo que se encuentra debajo de él.

         Los 10 casos que incluimos en este listado corresponden exclusivamente a los últimas "presuntas" secuencias de corrupción, hoy bajo investigación judicial. Si las observamos con detenimiento podremos constatar el nexo permanente entre Empresa y Administración, dos piezas claves en toda la cronología histórica española de la corrupción.

 

 


CASO GÜRTEL (MADRID Y VALENCIA)

        Trama corrupta  vinculada a varios cargos del Partido Popular (PP). Su instrucción se inició en el e  2009 por el   juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pasando luego   a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.


         Cerca de 120 personas han estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la trama; el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la "causa de los trajes"), y el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza).



CASO PALMA ARENA (BALEARES)

      Fue incoado en el 2008 con el objetivo de investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas del Partido Popular de 2003-2006. Ha terminado dividiéndose en 26 piezas distintas. Varias de ellas vinculadas  a los incrementos patrimoniales de Matas.

       En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos. Esta condena está pendiente de recurso ante el Supremo. Quedan por juzgarse el resto de casos.


CASO NÓOS (BALEARES)

       Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el supuesto desvío al Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma.



       En esta causa, que se investiga en Palma, pero con ramificaciones en Valencia y Barcelona, hay imputadas una veintena de personas. La Fiscalía ha reclamado a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres, los dos principales acusados, una fianza de 8.189.448 euros en concepto de responsabilidad civil derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso. El juez ultima la instrucción, que no tiene todavía fecha de juicio.



CASO PALAU DE LA MÚSICA (CATALUÑA)


         La causa abierta en 2009 por el saqueo del Palau de la Música a manos de sus exresponsables Fèlix Millet y Jordi Montull derivó en 2011 en una investigación por el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución cultural, a cambio de la adjudicación de obra pública. CDC tiene su sede embargada a la espera de sentencia.


       En esa investigación judicial por el presunto desvío de fondos del Palau, ya casi ultimada, permanecen imputadas una veintena de personas, entre ellas los saqueadores confesos del Palau, pero también cargos de CDC, como su extesorero Daniel Osàcar o el exsecretario de Comunicación de la Generalitat Marc Puig, así como un exdirectivo de la constructora Ferrovial.



CASO ITV (CATALUÑA)


      Un juzgado de Barcelona investiga desde el año pasado una presunta trama empresarial que supuestamente intentó amañar los concursos de concesiones de ITV en Cataluña, en la que está imputado el exnúmero 2 de la Diputación de Barcelona Josep Tous, además del subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, junto a tres empresarios del sector.


        La juez instructora está a la espera de que la Fiscalía decida si solicita la imputación de Oriol Pujol, al que un informe de la Agencia Tributaria sitúa como "colaborador necesario" de la red de empresarios, para en su caso remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al tratarse de un aforado.




OPERACIÓN MALAYA (MARBELLA)

        Investiga una presunta trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de Marbella. Supuso por primera vez la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la asunción de sus competencias, incluidas las urbanísticas, por una gestora hasta las elecciones de 2007.


        En esta operación se juzgó desde septiembre de 2010 a 95 personas supuestamente implicadas en la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento español, entre ellas, al exalcalde Julián Muñoz y al cerebro de la trama y exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. En esta operación además se bloquearon mil cuentas y se intervinieron bienes valorados en 3.000 millones de euros. Actualmente está pendiente de sentencia.


ERE FRAUDULENTOS (SEVILLA)


        El caso saltó a raíz de los dos ERE de Mercasevilla y permanece abierto desde enero de 2011. Suma 60 imputados y cuatro de ellos llegaron a estar encarcelados, aunque ya se encuentran en libertad bajo fianza. Entre los imputados están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; un exviceconsejero, tres directores generales y dos exdelegados provinciales de Empleo.


        La juez investiga la posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno andaluz de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó "fondo de reptiles", que habría contado con al menos 695 millones de euros de dinero público.



OPERACIÓN POKÉMON

    Comenzó en un juzgado de Lugo en septiembre de 2012 e investiga la existencia de una supuesta trama para la obtención de concesiones y contratos públicos de manera presuntamente irregular en varios ayuntamientos gallegos.


       El número de imputados supera la treintena, muchos de ellos políticos. El último, en Santiago de Compostela, el alcalde Ángel Currás (PP), imputado pero sin medidas cautelares, la misma situación que tiene actualmente su homólogo en Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSOE), que además es presidente del PSdeG. Además figura también acusado el ex alcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), que dejó el cargo.





OPERACIÓN CAMPEÓN (LUGO)

       En esta operación, que se inició en 2011, se investigan presuntos delitos de fraude en subvenciones públicas. La instrucción está a punto de llegar a su fin, después de más de año y medio de diligencias para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta.

        El principal acusado en esta investigación judicial, con un centenar de imputados, es el empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel, pero la investigación ha salpicado a políticos del PP, PSOE y BNG, como el exministro de Fomento José Blanco; el actual alcalde socialista de Lugo, Xosé López Orozco; el exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián y el exconselleiro del BNG Fernando Blanco. Se ultima la instrucción.




CASO COOPERACIÓN (COMUNIDAD VALENCIANA)
        Se investiga la supuesta malversación, entre 2008 y 2011, de fondos del Gobierno valenciano destinados a proyectos de cooperación internacional a través de una trama de ONG que supuestamente consiguió y desvió las ayudas por unos seis millones de euros concedidas para iniciativas en Guinea, Haití y Nicaragua.


         Por este caso está encarcelado el empresario César Augusto Tauroni y hay 33 imputados, entre ellos el exconsejero de Solidaridad Rafael Blasco. Posteriormente, el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela y el ex interventor general de la Generalitat Salvador Hernándiz, fueron imputados por posible revelación de secreto en relación a un informe que encargó el juez sobre estas ayudas y que al parecer podría haber sido facilitado a Blasco.
   Fuente: http://canarias-semanal.org/