Marat
El escándalo de corrupción que en los últimos días
azota al partido del Gobierno es el suma y sigue de una larguísima lista que se
pierde en el tiempo.
Caso Naseiro
en los 90, Terra Mítica, Gürtel, caso Fabra, Jaume Matas en Baleares,
financiación del PP de Madrid a través de la fundación Fundescam, ligada al
mismo, a la que al ex Presidente de la CEOE Díaz Ferrán alimentaba
económicamente, caso los Tarajales en Canarias, el secreto a voces de los
terrenos de la estación del AVE en Yebes (Guadalajara), ligado a la familia
política de Esperanza Aguirre, Ignacio González (Presiente de la Comunidad de
Madrid) y su duplex de lujo posiblemente conectado con la trama Gürtel, caso
Bárcenas y sus sobres con dinero en negro a los principales miembros de la
cúpula del PP,…
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Ya no
sorprende a casi nadie cada nueva corruptela y, si bien provoca rabia e ira
sociales, especialmente en un tiempo de recortes salvajes y de empobrecimiento
creciente de la clase trabajadora, corre el peligro de convertirse en “continuum”monótono
al que la sociedad se va acostumbrando, más allá de las expresiones puntuales
de profunda y justificada irritación, de las opiniones demoscópicas y de alguna
manifestación espontánea más o menos numerosa.
Este
fenómeno no es exclusivo del PP. Se da, en mayor o menor medida, en todos los
partidos que han ocupado espacios de gobierno. Hablo de gobierno y no de poder
porque éste se encuentra en otro lugar, que es el espacio del capital. El PSOE
ha tenido sus grandes casos de corrupción y la lista, con ser menor que la del
PP, es más que dilatada. CiU es básicamente un partido corrupto, cuyos
tentáculos podridos se extienden por amplios sectores de la vida catalana. La
situación se reproduce en un número importante de casos por la geografía
española entre pequeños partidos de ámbito local, siendo quizá el más
significativo el de Uniò Mallorquina, que ha actuado largo tiempo como partido
bisagra en todas las salsas de coalición, y como gran amigo de constructores.
Seguramente,
en aras a ser justos, la mayor limpieza exista en IU, que tiene algunas
acusaciones, no siempre probadas, sobre sus espaldas y, sin lugar a dudas, en
el ámbito de la izquierda radical vasca, de la que desconozco caso alguno de
corrupción.
En la
primera de dichas organizaciones creo que esa escasez de corruptelas se debe a
su bajo nivel de participación en gobiernos autonómicos y locales y
probablemente a una cierta moralidad pública de sus representantes.
En el caso
de la izquierda abertzale creo sinceramente que la ausencia de casos de
corrupción denunciados tiene que ver, a lo largo de su historia, y más allá del
tiempo en que fueron desalojados de las instituciones de la CAV por la Ley de
Partidos, con el hecho de que aquella no puede permitirse tal cosa, si de
verdad quiere demostrar que sus formaciones políticas son realmente algo
diferente al resto. Y, hoy por hoy, lo está demostrando.
Pero creo
que no se trata aquí de proclamar quién es más decente o más sucio en el asunto
de los dineros porque nada que hoy sea de un modo puede garantizarse que mañana
no sea de otro.
En todo
caso, y antes de entrar a considerar porqué está tan extendida la corrupción
política, me gustaría detenerme en el asunto de las razones por las que el PP y
CiU son esencialmente –es decir, por esencia o carácter- partidos corruptos y
porqué el resto no lo es en la misma medida o tiene un escaso número de
escándalos económicos.
La cultura
política y los valores de la derecha tradicional entiende la política con la
misma base moral que sustenta a la económica capitalista. El derecho de
apropiación de bienes que debieran ser colectivos como bienes privados. Se
asienta en una especie de “iusnaturalismo” que justifica el darwinismo
social, económico y político como derecho del más fuerte.
De ahí que
tienda a extender sobre toda la sociedad la naturaleza de su propia vileza. Es
frecuente escuchar estos días, como eco de los casos Bárcenas o González
(Presidente de la Comunidad de Madrid) entre votantes del PP expresiones del
tipo “El que no roba es porque no puede o porque es tonto”.
El caso de
los partidos de izquierdas es diferente. Su base moral, basada en los
principios de honestidad en la función pública y en la consideración de que lo
colectivo prima sobre lo particular dificulta la elevación de individuos
económicamente corruptos a la categoría de representantes institucionales de
las mismas, aunque puedan encontrarse casos en los que estos comportamientos se
han dado (representantes en CajaMadrid, por ejemplo). Más allá de ello
subsisten otras sombras sobre hechos no probados, en ocasiones propalados por
los medios de la derecha (casi todos), o bien sobre comportamientos que, sin
ser directamente delictivos, no se ajustan precisamente lo que cabe calificar
como muestras de moralidad pública.
El caso del
PSOE es muy particular. No es un partido de izquierdas. Cabría hablar de él
como de una derecha más civilizada que el PP pero, desde el origen de la
transición ha conocido casos de financiación ilegal (caso Fick, ligado a la
Fundación Friedrich Ebert), más tarde, ya en la época de Felipe González quien,
por cierto, es impulsor
de un fondo de capital riesgo en horas bajas, se dio el caso Filesa, ligado a una trama de
empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) de financiación ilegal del partido.
Buena parte del dinero para fondos de reptiles y la creación de los GAL desde
el Ministerio del Interior durante el gobierno de este ex presidente fue a
parar a políticos de su partido y altos cargos del citado Ministerio. El
escándalo de los ERE en el anterior gobierno andaluz fue otra de las sonadas
deshonestidades del mismo. Dejando de lado los innumerables casos de corrupción
en ayuntamientos gobernados por esta formación a lo largo de todo el período
democrático, lo cierto es que la nómina de casos de corrupción del PSOE es
alargada.
Su menor
número –no por mucho- de encausados por tales prácticas que el PP, a pesar de
haber gobernado bastantes más años, se debe sencillamente a que hay un menor
número de personas que han sentido la tentación de corromperse, quizá por algún
extraño reflejo de cuando fueron de izquierda, muy moderada, allá por los
tiempos de su fundación y de la República y, sobre todo, porque los medios de
la derecha han mantenido su ojo puesto sobre ellos con mucho más celo vigilante
que sobre el PP, respecto al que siempre ha sido mucho más benevolente…hasta
ahora.
Más allá de
todo lo anterior, el componente individual de ser persona decente o indecente
atraviesa a todas las opciones políticas y es un factor que tiene peso en el
comportamiento de cada político en particular.
La pregunta
que cabría hacerse ahora es porqué “El Mundo” abre ahora el frente del
escándalo sobre la derecha del caso Bárcenas y, a la vez, el de Ignacio
González, hombre ligado a Esperanza Aguirre, la cual está cada vez más abiertamente
enfrentada a la dirección nacional de su partido.
Una parte de
la explicación quizá esté en la interpretación que da Ignacio Escolar, hacia
quien no siento simpatía alguna, en su blog. Titula su artículo “Una voladura controlada
del caso Bárcenas”. Y argumenta esa voladura es
controlada en que el delito de financiación irregular ha prescrito porque caduca
a los cuatro años y los sobres que tan generosamente daba Bárcenas a los
dirigentes del PP de entonces dejaron de circular en 2009, además de que los
beneficiarios del dinero negro ya no están en la cúpula de la dirección. Pero
lo cierto es que la amnistía fiscal a la que se ha acogido el ex tesorero del
PP para regularizar una parte de los 22,1 millones evadidos a Suiza, y ligados
parcialmente al caso Gürtel, ha sido dictada por el señor Montoro, actual
Ministro de Hacienda del Gobierno de este partido.
Por otro
lado, los sobresueldos en negro a dirigentes del PP establecidos por Barcenas
se produjeron en el período de la Presidencia del gobierno por Aznar y durante
una parte del período de Presidencia del partido por Rajoy. Las bofetadas de la
publicación de “El Mundo” parecerían dirigirse tanto a la anterior dirección,
con Arenas como muñidor de poderes internos, como a la existente a partir de la
jefatura del partido por el actual presidente del Gobierno.
No, no
parece que “El Mundo” haya jugado a lanzar una bomba sin espoleta, máxime
cuando también ha sido protagonista de la información sobre la supervivienda de
lujo de Ignacio Gonzaléz, un protegido de Esperanza Aguirre, la cual exige
limpieza “caiga quien caiga” a la dirección de su partido, pero tiene la casa
madrileña sin barrer.
Habría que
retrotraerse a los desencuentros en el pasado entre Aznar, al cuál salpica un
delito como el de los sobres que se construyó durante su presidencia del
partido y del gobierno y Pedro J. Ramírez, director de dicho periódico.
Y aún así
faltarían elementos del puzzle sobre los motivos de “El Mundo” para haber
sacado una información como la de Bárcenas que golpea sobre el gobierno Rajoy
en el peor momento de su popularidad.
El deseo del
director de “El Mundo” de jugar a gran condicionador de la política española le
han llevado hace unos meses a relanzarse
sobre sus ya viejas querellas con un Rajoy al que siempre ha considerado demasiado blando –Maricomplejines-
dentro de la derecha española
Aunque las
denuncias de “El Mundo” sobre los sobres de Bárcena no parezcan apuntar a
Rajoy, es a éste y a su gobierno al que le estalla en plena cara.
Pedro J.,
“El Mundo” y las motivaciones subyacentes:
Pedro J.
Ramírez es un “constituyente”, un tanto diferente, pero no demasiado, a
esos“constituyentes” que a finales del año pasado se agitaban mucho y hoy están
tan callados. En un artículo del pasado Octubre se preguntaba “¿Cuántos
traumas y desgracias tendrán que acaecer para que los líderes políticos admitan
que el modelo constitucional del 78 está agotado?” Y, remedando los Episodios
Nacionales de Pérez Galdós, hacía hablar por carta al Duque de Wellington para
establecer con él un diálogo comparativo de la España casi inmediatamente
previa a la destitución de Fernando VII (1823), aunque por breve período, con
la actual.
En un juego
entre presente y pasado, Pedro J. reflexiona en dicho texto del siguiente
modo:“Podrá discutirse hasta la saciedad si la pertenencia al euro está
llevando a España a someterse a la llamada «dictadura de los mercados» más allá
de lo razonable. También sigue abierta la polémica de si la España liberal no
debió haberse separado más drásticamente de la Europa de los tronos, derrocando
la Monarquía de su «rey felón».”
Pero no
crean ustedes que la conversión “constituyente” de Pedro J. Ramírez es tardía o
de converso de última hora. En absoluto.
Iroel
Sánchez en
su interesante blog “La pupila insomne” nos habla de Unidad Editorial, el grupo de
comunicación que creó “El Mundo” y de las andanzas de su director. Haciéndose
eco del libro “Pedro J. Ramírez al desnudo”, de José Díaz Herrera, reproduce el
siguiente párrafo de la citada obra: “desde Mariano José de Larra, no ha
existido en España un periodista más conocido y con más poder que él, (…) ha
puesto y quitado ministros y presidentes de Gobierno a su antojo, tiene en sus
manos a banqueros y a grandes empresarios”. Según el biógrafo, “mientras los
ejecutivos de Rizzoli-Corriere della Sera entraban a pares en la cárcel San
Vitore de Milán -y salían con la misma facilidad-, Ramírez se empeñó en España
durante 14 años en criminalizar a toda una clase política…”.
Y continúa
luego Iroel Sánchez:“Entre 1975 y 1980 trabajó en ABC y el 17 de junio de 1980
fue nombrado director deDiario 16. Le cesaron el 8 de marzo de 1989 y seis
meses después puso en marcha el diario El Mundo[14]. Su papel en la caída del Gobierno
de Felipe González tras numerosos escándalos de corrupción y los crímenes del
terrorismo de Estado fue fundamental. Pedro J. Ramírez siempre estuvo en el ojo
del huracán. Ha destapado tantos escándalos como ha protagonizado y nunca ha
ocultado su interés por influir en políticos y gobernantes. Pocos dudarán en
considerarlo el periodista más influyente de España[15]. El periodista y ex-presidente de
El Periódico, Antonio Franco, dijo que “Pedro J. encarna muy bien estos
periodistas que se erigieron como un símbolo para intentar ser los directores
espirituales de la política de este país por encima de la gente escogida
democráticamente”.
El
periódico, que inventó la teoría de la autoría de ETA en el atentado del 11-M,
con el fin de desviar la posible relación causa-efecto de la participación de
España en la agresión de los países de la OTAN a Irak, decidida por Aznar y su
gobierno en el magnicidio; el periódico del que fue uno de sus primeros
accionistas Mario Conde, cuando era Presidente de Banesto; el periódico que
tuvo en su nómina, o entrevistó de forma continuada a personajes oscuros y
siniestros como el espía del CESID el ex coronel Perote, a Jesús Santaella,
abogado de Mario Conde (bien conectado con las cañerías del CESID), al propio
Mario Conde, al ex policía encausado en el asunto de los GAL, José Amedo, al ex
Director General de Seguridad del Estado, implicado en los GAL, Julián San
Cristóbal, al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación en el
asunto Sogecable, entre otros; ese periódico da la sensación de pretender sostener,
a través de su director, a lo largo del tiempo, y con todas las contradicciones
que quieran buscársele, el objetivo de acabar con el sistema de partidos
gobernantes y con el conjunto del entramado institucional que en el que se ha
basado el sistema político desde la transición.
Y no me
parece un objetivo no deseable; todo lo contrario. Sostengo que acabar
políticamente con el franquismo sin Franco que representa el PP es deseable
para cualquier demócrata. En su caso, el PSOE ya ha hecho todo lo posible para
irse destruyendo a sí mismo o, al menos, para ser una opción que algún día
pudiera regresar al campo de las izquierdas.
En cuanto a
la otra institución, la de la Monarquía, es deseable para cualquier
republicano, demócrata y persona de izquierdas que las urdangarinadas del
testaferro económico acaben por alcanzar a las responsabilidades plenas de
quien está detrás del comisionista.
Pero uno
debe ser consciente de con quienes se va a la cama para lograr dichos
objetivos, si le merece la pena y si, al hacerlo, no estará comprometiendo
mortalmente dichos objetivos porque ir con quien antes de denunciar la trama de
los GAL y su conculcación del Estado de Derecho escribía
“A
Barrionuevo no habría que cesarle por estar consintiendo acciones irregulares
en el sur de Francia, sino por cosechar tan pocos éxitos, a pesar de la
infinita buena voluntad con que ejerce el cargo”, no parece muy recomendable.
Dicho lo
anterior, no dudo que el asunto de los sobres de Bárcenas a dirigentes del PP
sea cierto. Nadie en el resto de los medios de comunicación parece dudarlo.
El problema
es cuando ese mismo diario se ha limitado, hasta el momento, a circunscribir
las responsabilidades al mundo político. Y mucho más grave me parece cuando el
resto de los medios no va más allá. Y aún más grave cuando la indignación
frente al asunto y las opciones de izquierdas se limitan a una práctica que
roza el populismo reaccionario y filofascista –por lo que oculta y por desviar
toda responsabilidad sólo al ámbito político- al negarse a extraer una
conclusión más que evidente. Que los sobresueldos no se han dado como premio a
la abnegación y a la dedicación de los dirigentes del PP a su partido sino que
donde hay humo hay fuego. Y éste se encuentra, como casi siempre, en el mundo
económico.
Donde hay
corruptos hay corruptores:
Nadie puede
creerse que Luis Bárcenas haya hecho su fortuna multimillonaria en euros sin
conocérsele hasta estos días, en que han empezado a aparecer una serie de
negocios suyos, una actividad económica legal que la explique. Nadie puede
creerse que Luis Bárcenas sea otra cosa que un comisionista de otros negocios,
cuyas comisiones ha cobrado por ser el “conseguidor” de adjudicaciones de
obras, conciertos privado-públicos, externalizaciones de servicios de las
administraciones del Estado (sean éstas locales, autonómicas o centrales),
realizadas por el PP, más o menos ilegales, más o menos oscuras, aunque no
todas.
Negar este
hecho es ser tonto sin remedio y analfabeto político u obedece a la mala fe de
quien está dispuesto a negar lo evidente.
Ya antes de
la crisis económica y sus consecuencias sociales sobre los trabajadores y los
sectores más débiles de la sociedad, que ha actuado como levadura de la ira
social contra la corrupción política, la práctica habitual de las empresas
importantes era la
compra, o su intento, de voluntades para adjudicaciones de contratos con las
administraciones. Y ésta no
es una práctica que se limite a España o a los países de cultura
hispana. En USA, la dedicación de congresistas a
cumplir los intereses de los lobbies, mediante contratos con la administración
es una pauta muy extendida. No se entiende de otro modo el poder del “complejo
militar-industrial” o las continuas implicaciones del imperialismo en guerras
fabricadas. En
Francia, L´Oreal financió ilegalmente la campaña de Sarkozy a las
presidenciales de 2007. Christian
Wulff, Presidente
de Alemania, dimitió el pasado año por favorecer a amigos empresarios.
El fenómeno
de las prácticas corruptoras empresariales se ha generalizado en España,
favorecido por la Ley del Suelo (1998) de Aznar, al posibilitar que todo suelo,
salvo que estuviera expresamente prohibido por disposición jurídica, fuera
desde ese momento urbanizable. Se disparó así la locura inmobiliaria y la
compra de voluntades municipales para adjudicaciones. Ello, sin entrar a
considerar, la importancia que tuvo esta ley en la aparición posterior de la
burbuja inmobiliaria.
Igualmente
hoy, la privatización de los servicios públicos y la externalización de
aquellos que aún no han sido jurídicamente privatizados, pero sí su gestión ha
abierto la veda a nuevas áreas de corrupción y a la práctica de mordidas de las
empresas privadas dedicadas a cubrir esos nichos de mercado. Pasó en las
contratas de limpieza y basura municipales, ha pasado en otros muchos sectores,
y pasará en el caso de las empresas sanitarias que contratan con la ex sanidad
pública. De momento ya tenemos a altos cargos del PP y de sus administraciones
en las direcciones y accionariados de empresas “sanitarias” como Capio.
Pero hacia
las empresas corruptoras nadie lanza sus amenazas de guillotina, nadie exige
cárcel para sus directivos, nadie grita “el próximo parado que sea un
empresario” y no creo que sea por un asunto de rimas.
¿Cárcel para
los políticos corruptos? Por supuesto. ¿Inhabilitación de por vida para ejercer
cargo público? Es lo mínimo ¿Devolución del dinero logrado por medios
fraudulentos? Hay que exigirlo ya.
¿Cárcel para
los empresarios corruptores? Me temo que el populista medio que exige
democracia real ya seguirá mirando para otro lado. ¿Nacionalización de la
empresa desde la que se haya ejercido la corrupción? Nooooo, que eso es
comunismo y al gritón fantoche, que siempre se le olvida exigir penas legales
para los capitalistas corruptores, no le gusta o “se le olvida”.
Hoy parece
que la expresión corruptores se reserva sólo para los pedófilos en red.
El cinismo
repugnante de cierta indignación que escamotea la responsabilidad del
empresario capitalista corruptor está sembrando las bases sociales e
ideológicas de un futuro fascismo que querrá acabar con la corrupción por la
vía de acabar con todos los partidos, al extender la sospecha de que todos los
partidos son tan corruptos como el PP, pero lo hará sin tocar las bases de un
capitalismo que es esencialmente corrupto y corruptor desde su origen.
La
desmemoria de esas izquierdas que se niegan a exigir responsabilidades que
tiren de la manta y lleguen hasta el origen del hilo corruptor de las empresas
las hace candidatas a ser mañana ellas las corruptas, al negarse a llegar a las
conclusiones necesarias y evidentes: que no hay corrupto sin corruptor.
Mientras el
capitalismo exista la corrupción será una pauta muy extendida. Eso no tiene
vuelta de hoja porque para el empresario que puede, el atajo del camino corto,
es ley de supervivencia dentro de la “competencia de mercado”. Pero sí es
posible intentar la voluntad de actuar de modo ejemplarizante, poner a toda empresa
y empresario corruptor al que se pille untando al político, bajo la picota de
la ley; siempre que se desee tirar del hilo, claro está.
Y luego,
pídase toda la transparencia que se quiera, en la administración y los partidos
y en la empresa privada, pero vamos a dejarnos de la hipocresía de no mirar
dentro de los armarios de los económicamente poderosos que, como se sabe,
suelen esconder algún que otro cadáver.
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