PRIVATIZAR LA POLITICA

Artículos de Opinión | José Haro Hernández | 28-01-2013 | 

 

En La Unión, desde donde escribo estas líneas, los recibos de agua y basura han experimentado un crecimiento desmesurado. Un consumo de 30 metros cúbicos, por ejemplo, ha visto crecer su importe en casi un 75%. Otro de 20 metros cúbicos lo ha hecho en un 60%. Y ello como consecuencia directa de la privatización completa del servicio de agua, adjudicado a una de las tres multinacionales que se reparten el negocio en España. Y es que se han preparado minuciosamente las condiciones, a lo largo de estos años, para que las élites financiero-empresariales del país se hagan con los servicios públicos. Básicamente, descapitalizando a las Administraciones: los Ayuntamientos están secos, en la caja no hay un duro, por lo que los millones de euros que en concepto de canon abonan las empresas concesionarias de los servicios privatizados suponen para una entidad local la posibilidad de pagar las nóminas de sus empleados. En estos días se menciona, incluso, la posibilidad de privatizar la propia Mancomunidad de Canales del Taibilla, que en los últimos 85 años ha gestionado eficazmente el suministro de agua al sureste español. Oligarquías sin escrúpulos, contando con la necesaria complicidad de los aparatos de los partidos sistémicos, están dispuestas a succionar, como si de una gigantesca aspiradora se tratara, tanto los recursos públicos como los bolsillos del público. Y ello no sería posible sin la aquiescencia de una casta política, representada en estos momentos por la cúpula del PP, que sale beneficiada directamente de estos procedimientos: la financiación de los partidos, y de paso los bolsillos de algunos de sus dirigentes, guardan una relación en ocasiones muy directa con los procesos de privatización de servicios y empresas públicas. En ocasiones, las empresas beneficiarias de las concesiones acogen en su seno a políticos que han participado directamente en el proceso de adjudicación, como se ha puesto de manifiesto muy recientemente en el caso del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Güemes, que emerge como ejecutivo de la compañía de sanidad privada a la que él mismo adjudicó, desde el gobierno madrileño, la gestión de análisis clínicos de seis hospitales madrileños en 2008. Y es que, junto al agua, el otro gran servicio público al que la plutocracia ha echado el ojo es la sanidad, de manera que el experimento que se consolida en Madrid (gestión integral privada de hospitales y centros de salud), de tener éxito, se pretende extender al conjunto del país. Lógicamente, estos atracos a la ciudadanía están provocando importantes resistencias sociales, máxime al producirse en momentos de depauperación masiva, en los que coexisten reducciones significativas de ingresos para la mayoría de la población con encarecimientos y/o degradación de servicios resultado de su ’externalización’. No otro puede ser el resultado cuando es el ánimo de lucro el que inspira la gestión de aquéllos. La consecuencia de este devenir de los acontecimientos es que los servicios públicos dejan de ser la plasmación institucional de derechos ciudadanos, a suministrar por las administraciones públicas, para convertirse en negocios a explotar por empresas privadas. Esos servicios devienen meras mercancías por las que la ciudadanía, bien ha de pagar un excedente para garantizar el beneficio industrial(caso del agua), bien sufre un deterioro en las prestaciones porque parte de los recursos que a éstas se destinan se canalizan hacia la retribución del concesionario(caso de la sanidad). La otra opción, también aplicada a sanidad, consiste en que para mantener las prestaciones actuales, la Administración incremente el gasto público a fin de atender no sólo la calidad del servicio, sino la plusvalía del adjudicatario del mismo.

Lo cierto es que la política se difumina como res-pública, es decir, como sucesión de actos de administración de los recursos colectivos, ya que éstos pasan a ser gestionados por entidades privadas cuyo motor es el lucro. Los políticos devienen meros recaudadores(con su correspondiente comisión) de fondos públicos para transvasarlos a intereses privados. Es la culminación del modelo neoliberal: la absoluta privatización de la política. El sueño de Esperanza Aguirre.

    Fuente: http://tercerainformacion.es/