Artículos de
Opinión | Carlos Martínez | 27-01-2013 |
El escándalo
que está sacudiendo al Partido Popular está presente en todos los medios y a
todas horas. Por ello resulta sorprendente que hayan cuestiones que los medios
y columnistas no hayan analizado con un mínimo de profundidad.
El caso
“Gurtel” estalla en el año 2009, a inicios del 2013 se descubre una cuenta de 12 millones de euros en Suiza
cuyo titular es el ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas. Inmediatamente, este
imputado, filtra al diario “El Mundo” que pagaba sobresueldos a dirigentes del PP sin
declarar dichos ingresos a la hacienda pública. Ese mismo diario, en su
editorial, tacha este movimiento de chantaje de Bárcenas a la actual
dirección popular. Al parecer, el ex-tesorero procesado amenazó con
publicar toda la información de la que dispone si resulta condenado penalmente.
En los documentos de los que dispone podrían encontrarse pruebas de delitos
fiscales, de financiación ilegal del partido, cohechos...
Lo que no se
han preguntado los medios y columnistas es cómo es posible este chantaje. En un
estado, teóricamente, de derecho, el poder judicial es independiente del
gobierno. Pero al parecer esa no es la percepción del tesorero y otros muchos
miembros del partido conservador.
Planteada
así la cuestión cabe preguntarse sí el PP tiene la capacidad real para influir
en investigaciones penales. Luis Bárcenas será un presunto delincuente pero
nadie duda de su experiencia en la vida política y en la fontanería interna del
Partido Popular. Por lo que informa el diario El Mundo, el ex-tesorero opina
que sí era posible que los dirigentes de su partido le proporcionasen una
salida airosa a la investigación penal. No es algo descabellado, los
antecedentes apuntan a la existencia de un lobby conservador con capacidad de
influencia en la administración de justicia.
Todos
recordamos la campaña del Partido Popular contra el juez Baltasar Garzón que
acabó con una sentencia insólita del Tribunal Supremo. El más alto tribunal
condenó al Juez por un delito de prevaricación al acordar unas escuchas
telefónicas entre los imputados de la “Gurtel” y sus abogados. Algo que se ha
realizado en otras ocasiones y no sólo por delitos de terrorismo. Se desactivó a
Garzón pero no el caso. También es cierto que el ex-juez de la Audiencia
Nacional tenía enemigos en los dos principales sectores de la judicatura.
Además de los jueces próximos al PP, se sumaban los próximos al PSOE, los cuales
no le perdonan su pasado en ese partido y la posterior investigación sobre el
GAL.
Además del
éxito que supuso la condena al juez Garzón, los conservadores han conseguido
otras victorias sonoras en el ámbito judicial. Bárcenas tiene óptimas
relaciones con sus antecesores Naseiro y Sanchis, los que estuvieron imputados en un caso muy similar.
En aquella ocasión quedaron absueltos por falta de pruebas al declararse
ilegales las escuchas telefónicas por una simple cuestión de reparto de la
investigación en los juzgados de Valencia. Se aplicó por primera vez en el
Tribunal Supremo la doctrina del “fruto podrido”, jurisprudencia que pocas veces ha tenido ocasión de aplicar dicho tribunal,
al igual que ha ocurrido con la “doctrina Botín”. En el caso “Naseiro” también
hubo una ofensiva mediática y legal contra el juez que destapó la financiación
ilegal del PP. De aquellos barros nos llegaron estos lodos, si hubiera sido
otra la sentencia del Tribunal Supremo no tendríamos que ser testigos ahora de
la actual situación de corrupción generalizada e impunidad.
En
consecuencia no es descabellado el intento de chantaje de Luis Bárcenas
pidiendo impunidad a cambio de silencio. Ya ha ocurrido en otras ocasiones en
las que parecía clara la condena a los imputados del PP: Camps, Naseiro... Y
otros están permanentemente imputados o investigados sin que llegue nunca el
día de su juicio: Zaplana, Carlos Fabra....
Si el plan
de impunidad no ha funcionado en esta ocasión ha sido por la suma de diversos
factores. El primero y más importante es el actual clima de indignación social.
El magistrado Santiago Vidal declaró recientemente que
"¿Vosotros creéis que sin ese movimiento de indignación el señor Díaz
Ferrán estaría hoy por hoy en la cárcel? Estoy convencido de que si llega a
ocurrir hace cuatro años habría quedado en libertad provisional”.
A su vez,
mientras el PP se resquebraja, paralelamente, la asociación mayoritaria en la
judicatura, APM, se divide en tantas fracciones como las de su partido hermano.
Son muchos los jueces conservadores que están abiertamente opuestos a las
medidas del Ministro de Justicia, el antaño progre, Alberto Ruiz-Gallardón. Por
último, tenemos que tener presente que los jueces, fiscales y policías son
víctimas de los recortes puestos en marcha por el Partido Popular, lo que convierte
estos colectivos en un terreno abonado a la indignación general y, por lo
tanto, menos permeables a las presiones políticas del gobierno.
Esta
independencia e imparcialidad judicial no puede ser fruto de una grave
situación de crisis económica, ni debe quedar acotada para los casos más
mediáticos del sector público. Las investigaciones en profundidad e imparciales
deben extenderse a la corrupción del sector privado y, también, a los abusos
policiales que vulneran los derechos humanos y libertades públicas de los
ciudadanos. Un poder judicial democrático debe estar permanentemente al
servicio de su pueblo.
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