Amnistía Internacional entrega más de
60.000 firmas en el Ministerio del Interior para pedir el fin de la impunidad
policial tras los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos
España |
Tercera Información | 28-01-2013 |
El 25 de
octubre pasado, Amnistía Internacional presentó el informe: Actuación policial en las manifestaciones en la Unión
Europea, denunciando expresamente el caso de España, entre otros,
donde personas que se han manifestado pacíficamente contra las medidas de
austeridad aprobadas por el gobierno han recibido golpes y patadas, han sido
rociadas con gas lacrimógeno y alcanzadas y heridas por balas de goma.
Estas
violaciones de derechos humanos no han tenido una respuesta contundente por
parte de las autoridades. Por eso, la organización lanzó una ciberacción a
través de su centro de activismo en Internet, www.actuaconamnistia.org
El objetivo es, señala la ONG, acabar con la impunidad que rodea muchos de los
casos y que se respete el derecho de manifestación pacífica.
En estos
cuatro meses, Amnistía Internacional ha recogido más de 60.000 firmas y hoy las
ha entregado en el Ministerio del Interior, al tiempo que ha solicitado una
reunión con responsables de este Ministerio para abordar estos asuntos.
La
organización reconoce que las fuerzas de orden público son la principal
institución del Estado responsable del mantenimiento del orden público y del
Estado de Derecho. Pero, igualmente, las normas internacionales para proteger
los derechos humanos, incluido el derecho a a la vida y a la integridad física,
señalan claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
tienen el deber de de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento
deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de
sus funciones.
Esto no ha
ocurrido en España durante manifestaciones celebradas en Madrid, Barcelona y
Valencia, por citar sólo tres ejemplos en los últimos dos años. Especialmente
reseñable es el episodio ocurrido la noche del 25 de septiembre de 2012, tras
la convocatoria denominada “Rodea el Congreso” dentro de la Estación de
Cercanías de Atocha en Madrid.
Las imágenes
disponibles de este suceso muestran cómo los agentes de policía golpearon de
manera indiscriminada, sin distinguir entre viajeros y posibles manifestantes,
poniendo en grave riesgo a los viajeros en la intervención policial que
llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento.
La
organización también ha documentado que cuando estas personas denuncian las
agresiones sufridas, a menudo no encuentran amparo en las autoridades. Las
demandas por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía ni se investigan
adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables.
Además, en
los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las
denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados.
Esta cuestión es clave para luchar contra la impunidad, ya que existe
obligatoriedad sobre el uso del número de identificación personal en la
uniformidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según diversas
normas, entre ellas la instrucción del Ministerio del Interior 13/2007.
Declaraciones
preocupantes
Según
informes de prensa, el 18 de octubre de 2012 pasado el director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, avanzó que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana
prohibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de
agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la
operación en la que están trabajando. Dos días después, también según
informaciones aparecidas en prensa, el Ministro del Interior, Jorge Fernández,
matizó estas declaraciones asegurando que “El ordenamiento jurídico debe y va a
ser capaz de encontrar los mecanismos adecuados para conseguir que el respeto
del derecho a la libertad de expresión no sirva nunca de parapeto para atentar
contra el honor o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos”.
Amnistía
Internacional buscará en la reunión solicitada con las autoridades,
confirmación de los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana. En cualquier
caso, limitar el derecho a la libertad de información podría incrementar el
clima de impunidad que actualmente rodea las agresiones policiales. Gracias a
las grabaciones, se ha podido demostrar el uso desproporcionado de la fuerza,
agresiones contra personas que no suponían ningún riesgo para la seguridad, e
incluso, han servido para desmontar acusaciones falsas contra manifestantes.
Por otra
parte, en una entrevista realizada en Radio Nacional de España el pasado 2 de
octubre de 2012, la delegada del Gobierno de Madrid sugirió la posibilidad de
“modular el derecho de manifestación”.
Amnistía
Internacional hainsistió el jueves pasado con esta de entrega de más de 60.000
firmas en pedir al gobierno al español que investigue los abusos que se han
cometido durante la celebración de las diferentes manifestaciones y que proteja
el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y expresarse en libertad.
[Foto de
Amnistía Internacional]
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