Los abogados contratados por España han
agotado todas las vías de recurso sin lograr ni un dólar de los 1.000 millones
que se exigían a la empresa ABS, la compañía clasificadora que autorizó navegar
al petrolero hundido en 2002 frente a las costas gallegas
España |
Tercera Información | 18-01-2013 |
El Gobierno
indica, además, en una respuesta parlamentaria al diputado de IU Gaspar
Llamazares que “no es posible desglosar los recursos económicos dedicados” al
restos de procedimientos judiciales que se han seguido en España, Francia y
ante instancias comunitarias
Los
sucesivos gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy se han gastado casi 31 millones de euros (más de 5.000 millones de las
antiguas pesetas) en la última década sólo en pagar las distintas acciones
judiciales emprendidas en EE.UU en relación al ‘caso Prestige’, el petrolero
hundido en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas. Pese a este inmenso
desembolso, el Estado español no ha conseguido ninguna de las reclamaciones ni
indemnizaciones que llevaron a emprender estas actuaciones, cuya capacidad de
recurso ya se ha agotado.
A estos 31
millones hay que sumarles el coste de informes, viajes, dietas y asesorías
externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos
seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales
comunitaris, incluido el juicio ya abierto y que se sigue en estos momentos en
Galicia, pero “sin que sea posible desglosar los recursos económicos dedicados
específicamente a estos procedimientos”.
Estos datos
concretos aparecen incluidos en la respuesta que el Gobierno ha hecho llegar al
diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, después de que
éste solicitara por escrito un completo balance de las medidas adoptadas por el
Ejecutivo en relación a la catástrofe del ‘Prestige’, que se hundió cargado con
cerca de 70.000 toneladas de fuel pesado, al cumplirse 10 años del mayor
desastre medioambiental ocurrido en España y uno de los mayores casos de contaminación
marítima del mundo.
En concreto,
la respuesta escrita del Ejecutivo a Llamazares señala textualmente que “por lo
que se refiere a las actuaciones en Estados Unidos, la Administración del
Estado ha actuado a través, en un primer momento, del despacho Holland and
Knight y, posteriormente, del despacho Squire Sanders, al que se incorporó el
equipo jurídico contratado inicialmente por España. El importe total de lo
abonado hasta este momento (diciembre de 2012) asciende a 30.925.536, 92
euros”.
Estos elevadísimos
gastos jurídicos arrancan de la decisión del Gobierno del PP de presentar, el
16 de marzo de 2003, una demanda en EE.UU contra ABS (The American Bureau of
Shipping, Inc.), empresa clasificadora del buque ‘Prestige’.
El Ejecutivo
explica ahora en su respuesta que “el objeto de la demanda era únicamente
determinar la responsabilidad de la empresa clasificadora, al haber clasificado
como técnicamente navegable un buque que, a juicio del Estado español, no debía
haberlo sido. No eran objeto de ese procedimiento en Estados Unidos determinar
otras responsabilidades o la causa del siniestro”.
En las
cifras que el Gobierno traslada por escrito a Llamazares se incluye un grave
error. “Tras evaluar los datos conocidos y la viabilidad de dicho procedimiento
judicial –se señala textualmente-, el Estado español decidió, con fecha 30 de
julio de 2004, ampliar la demanda reclamando a ABS una indemnización por
importe de 1 millón de dólares”. Realmente la demanda fue de 1.000 millones de
dólares, tras ampliarse en esa fecha los cerca de 650 millones que se pedían en
un principio”.
En lo que no
falla el Gobierno en su escrito es en reconocer y explicar cómo todo el dinero
gastado en pleitos en EE.UU no ha servido para nada. Así, detalla que de los
años 2003 a 2007 “el Tribunal de Distrito de Nueva Cork practicó la fase de
aportación de pruebas por las partes (discovery), consistente en abundantes
testimonios, documentación y pruebas periciales”.
Ya el 2 de
enero de 2008 este mismo tribunal inadmitió en una sentencia la demanda
española “al considerar que España no podía plantear una reclamación de este
tipo en Estados Unidos” al no haber ratificado este país el convenio CLC
(convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos). El Gobierno, ya del PSOE, decidió apelar la
sentencia al considerar que la demanda “no se basaba en la aplicación de dicho
convenio y, por tanto, la demanda contra ABS debía ser interpuesta ante los
Tribunales del Estado donde radica dicha empresa”.
El pasado 29
de agosto de 2012 el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos (United
States Court of Appeals for the Second Circuit) “dictó sentencia por la que se
desestima el recurso de apelación interpuesto por el Reino de España”.
Pese a que
esta instancia judicial sí reconoce ahora que España podía plantear una demanda
de este tipo en EE.UU, el Gobierno explica a Gaspar Llamazares que “sin
embargo, la sentencia considera que al no existir una relación contractual
entre España y ABS, la única posibilidad de abrir un procedimiento ante el
jurado es que existieran pruebas suficientes de que la empresa de
clasificación, más concretamente los directivos de la empresa radicada en
Estados Unidos, hubieran actuado con una negligencia grave o temeraria
(reckless) al despachar la calificación del buque”. Y estas pruebas no se han
encontrado en ningún momento, pese a la enorme cantidad de dinero gastada en la
causa judicial y los 10 años que ha durado ésta.
El Ejecutivo
señala también al diputado de IU que “frente a esta resolución no cabe ningún
recurso ordinario ante la jurisdicción de los Estados Unidos”, aunque cabrían
dos vías extraordinarias de revisión: “la primera, pedir al propio Tribunal de
Apelaciones que ‘reconsidere su decisión’; la segunda, elevar una petición de
examen del caso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.
“Previa
consulta con los abogados contratados en Estados Unidos por España –se indica
también- se ha llegado a la conclusión de que no existían posibilidades de éxito
en dichas vías extraordinarias de revisión (…). A la luz de las anteriores
consideraciones y con el fin de evitar gastos adicionales no justificados, se
decidió no utilizar ninguno de estos medios extraordinarios de impugnación
teniendo en cuenta el coste de la asistencia jurídica”, se dice ahora.
Respecto al
hecho de que el Gobierno sea incapaz de calcular cuánto han costado el resto de
procedimientos judiciales abiertos fuera de EE.UU y el control de estos
últimos, incluidos los desarrollados en España, el Ejecutivo actual del PP
explica que: “En cuanto a la asistencia jurídica al Estado, en los
procedimientos judiciales que se tramitan en España o se han tramitado ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la supervisión de los que se han
desarrollado en Estados Unidos, han sido y están siendo llevadas a cabo por la
Abogacía del Estado (Abogacía del Estado en A Coruña, Abogacía del Estado en el
Ministerio de Fomento y Subdirección General de los Servicios Contenciosos),
con sus medios ordinarios, sin que sea posible desglosar los recursos
económicos dedicados específicamente a estos procedimientos”.
Tanto los
datos que sí se detallan como los que han quedado en el aire anteriormente se
refieren únicamente a los gastos generados por actuaciones judiciales en
relación al ‘caso Prestige’. Se da la circunstancia de que en otra respuesta
parlamentaria hecha llegar por el Gobierno, entonces del PSOE, también a Gaspar
Llamazares en diciembre de 2008 se señalaba que “el hundimiento del barco
‘Prestige’, además de la catástrofe natural que supuso, ocasionó un gasto para
el Estado español que asciende a más de 1.000 millones de dólares, debido al
coste de las labores de descontaminación y demás daños causados”. Casualmente
la misma cantidad que se incluía en la demanda presentada en EE.UU contra ABS y
de la que se no se ha podido lograr ni un solo dólar, pese a los 31 millones de
euros gastados.
(Foto de la
galería flickr de Mariano Grueiro)
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