Los crímenes que jamás ha querido
investigar la Justicia española
Viernes, 5 de
diciembre de 2014
Por XAVIER MAKAZAGA
(*) / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- Una de las víctimas mortales de los GAL, Tomás Pérez Revilla,
ya había sufrido otro atentado terrorista en Iparralde, el 21 de marzo de 1976.
Entonces, era considerado como uno de los dirigentes de la rama “militar” de
ETA por la Policía española, y fue ametrallado usando unas Mariettas que más
tarde se demostró había comprado dicha Policía en EE.UU.
La rama “político-militar” de ETA
se servía entonces de ese mismo tipo de arma, y días después, el 8 de abril, el
diario franquista de Donostia La
Voz de España publicó un
artículo, titulado Enfrentamientos
“milis”-”poli-milis”, en el que
se decía textualmente: «Las armas empleadas -"mariettas”- así como la munición -marca “Geko”,
9 mm- y la forma de actuar son “modus
operandi” de los activistas de la rama “político-militar”. Pérez Revilla está
reuniendo las evidencias que rodearon el tiroteo al coche donde viajaba, para
tomar las represalias oportunas en contra de quienes atentaron contra su vida,
la de su esposa -recibió seis balazos- y la de su hijo de corta edad. Pérez
Revilla señala a Moreno
Bergareche, (a) “Perthur”, como responsable».
Ese artículo de La Voz de España estaba escrito con ese inconfundible estilo que ha llegado hasta
nuestros días en la pluma de algunos periodistas a los que les encanta abrevar
en “fuentes antiterroristas”. Sobre todo, en la sucia pluma de Jesús María
Zuloaga, subdirector del diario La
Razón. Y ya es casualidad que su
padre, del mismo nombre, fuera precisamente el que dirigía entonces La Voz de España.
Tres meses después de la
publicación de aquel artículo, el dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”
desapareció en Iparralde, cerca de la muga, y las Fuerzas de Seguridad y
autoridades españolas volvieron a recurrir a la tesis del “ajuste de cuentas” entre
miembros de ETA. Un recurso archiconocido en todas las guerras sucias, y que el
Estado español ha empleado en varios conocidos casos: Tomás Alba, Santi Brouard, Josean
Cardosa...
En el caso de Pertur,
obtuvieron excelentes resultados, pero en el del atentado contra Tomás Pérez Revilla el
montaje se les vino abajo debido al imperdonable error que cometieron. Un error
que explicaron los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués en su libro Amedo: el Estado contra ETA. «Los responsables del Ministerio del Interior y
los de los servicios de Información de la Presidencia» borraron la numeración
inscrita en el exterior del cañón de las Mariettas, pero no la inscrita en su
interior, cuya existencia desconocían.
Los Servicios Secretos españoles
pusieron aquellas armas en manos de neofascistas
italianos, para que atentaran contra los refugiados vascos, y
en efecto las usaron en varios de los atentados cometidos en la primera etapa
de la guerra sucia en Iparralde, que duró de abril de 1975 a octubre de 1976.
Ahora bien, también usaron dichas armas para cometer otros atentados
terroristas bien sonados, como el asesinato del conocido juez antiterrorista
italiano Vittorio Occorsio.
Al neofascista que lo
asesinó el 10 de julio de 1976, Pier
Luigi Concutelli, la Policía italiana le intervino la Marietta
que utilizó en el atentado y descubrió que había sido comprada por la Policía
española en EE.UU., gracias al número inscrito en el interior de su cañón. Y
cuando los jueces italianos preguntaron una y otra vez al respecto a las
autoridades españolas, jamás recibieron respuesta alguna.
Los italianos también
demandaron información sobre múltiples acciones de guerra sucia cometidas por
los neofascistas italianos en los estados español y francés, entre las que se
incluía el secuestro de un miembro de ETA que no podía ser sino Pertur.
Volvió a ser absolutamente en vano. Las autoridades españolas jamás
respondieron.
Tampoco lo hicieron respecto
a una agenda que la Policía italiana intervino a Concutelli y que
contenía nombres y números de teléfono de agentes de las Fuerzas de Seguridad
españolas. Agentes entre los que se encontraba uno que después ocupó
importantes cargos, el comisario Ramón
Lillo, futuro jefe de seguridad de la Audiencia Nacional.
En 1985, el diario El País publicó
un par de informaciones sumamente comprometedoras para Lillo. Primero, dio a
conocer los nombres que aparecían en las agendas ocupadas a Concutelli por la
Policía italiana. Un par de semanas después, sacó a la luz un informe elaborado
por la Comisaría General de Información, que contenía las detalladas declaraciones
realizadas por otro neofascista italiano, Giuseppe Calzona, cuando fue detenido
en Madrid, en julio de 1984.
Calzona dio en comisaría
detalles precisos sobre sus andanzas durante 1976, año en el que participó en
la Operación Reconquista, en Montejurra, donde mataron a dos militantes
carlistas. Según declaró, ese año también tomó parte en un grupo mercenario que
cometió varios atentados de guerra sucia en Iparralde; entre ellos, el
perpetrado contra Pérez Revilla. Y precisó que era Lillo quien comandaba dicho
grupo mercenario.
Tras ello, Calzona, que
estaba reclamado en Italia por asesinato, exigió ser puesto en libertad,
amenazando con dar detalles comprometedores para el Estado
español en caso contrario. Así constaba en el citado informe de la Comisaría
General de Información y, en efecto, no lo extraditaron, sino que fue liberado
y nunca más se ha vuelto a saber de él.
La Audiencia Nacional denegó
asimismo la extradición de otros cuantos neofascistas italianos reclamados por
jueces de su país, argumentando que los asesinatos los habían cometido por
motivos políticos. Todos aquellos mercenarios estaban ligados a la guerra
sucia, y la Audiencia impidió así que
se pudieran esclarecer no pocas
acciones cometidas con aquellas famosas Mariettas. Y también el secuestro de Pertur.
La Justicia española no ha
tenido jamás el más mínimo interés en esclarecer hasta las últimas
consecuencias, ni ese secuestro, ni ninguna otra de las bien numerosas acciones
de guerra sucia perpetradas durante décadas. Y las autoridades tampoco.
(*) Xabier
Makazaga,
investigador del terrorismo de Estado.
Fuente: http://canarias-semanal.org
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