La
jueza argentina María Servini de Cubría pretende que los servidores del régimen
franquista respondan por sus actuaciones delictivas, en el más amplio proceso a
la dictadura jamás acometido
La Coordinadora
Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del
"derecho de Estado" sobre los derechos humanos
El
Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones
establecidas por dicho Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
José L. Mateos Fernández -
Representante de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina
CeAqua
30/11/2014 -
20:03h
Manifestación
de apoyo a la querella argentina que persigue los delitos cometidos durante el
franquismo.
El auto de 30 de
octubre de 2014, dictado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de
Buenos Aires en la causa 4591/2010 seguida por genocidio y/o crímenes de lesa
humanidad cometidos por el franquismo procede a la imputación de una serie de
delitos a un total de 19 personas vinculadas a la Dictadura (ministros, jueces,
militares, policías y hasta un médico-ginecólogo) acusadas de cometer crímenes
de lesa humanidad contra ciudadanos españoles –crímenes que tienen según la
legislación internacional el carácter de imprescriptibles– y estando sus
responsables sujetos a persecución en respeto del principio de jurisdicción
universal. Los delitos de los acusados hielan la sangre de cualquier persona
decente…
La jueza María
Servini de Cubría, en cumplimiento de la mencionada legislación internacional,
pretende que los servidores del régimen franquista respondan de sus actuaciones
delictivas. Constituye, sin duda, el más amplio proceso a la dictadura
franquista jamás acometido.
El Gobierno
español contrae una inmensa responsabilidad ante la ciudadanía de este país,
depositaria de derechos democráticos irrenunciables, pero también ante la
comunidad internacional. De él depende que el Estado español continúe siendo
una anomalía internacional por su indigna protección de los crímenes contra la
humanidad. Puede, no obstante, poner fin a sus dilatadas prácticas
obstruccionistas y acceder a la petición de la Justicia argentina, ordenar la
detención preventiva de los reclamados e iniciar los trámites necesarios para proceder
a la extradición.
De la misma
forma, puede dar traslado a la Administración de Justicia -como ya hiciera en
los casos de González Pacheco y Muñecas Aguilar– para que la Audiencia Nacional
resuelva respecto a la concesión o denegación de dicha solicitud de
extradición. En caso de no actuar en este sentido, su decisión estará
fundamentada en consideraciones de naturaleza política, por encima de cualquier
norma jurídica democrática.
¿Qué hará el
Gobierno Rajoy? ¿Podemos esperar alguna iniciativa digna de tomar en
consideración la defensa y protección de los derechos humanos? La experiencia y
el conocimiento que tenemos del Presidente y sus ministros nos permiten
anticipar su posición: reafirmación de la vigencia de la Ley 46/77 de Amnistía,
espacio jurídico de una supuesta "reconciliación" asentada en el
olvido forzado, temores colectivos y pervivencias franquistas, por no mencionar
la recurrente e ilegal prescripción de los delitos.
Nada nuevo,
siempre en línea con la ausencia de empatía hacia las víctimas, siempre
dispuesto a mantener la impunidad de las élites como seña de identidad de su
forma de dominación. ¡Impunidad en todo y para todo! En el expolio social y en
los derechos humanos… Es la deriva inevitable de un régimen político en
descomposición, construido sobre la reforma del franquismo, de escasas virtudes
democráticas. El régimen de la Transición, cínicamente laureado, poco puede
ofrecer, como no sea la impunidad de hoy heredada de la monstruosa impunidad de
ayer. Para este Gobierno, las víctimas del franquismo deben carecer de
reconocimiento y en consecuencia, de derechos.
La Coordinadora
Estatal de Apoyo a la Querella Argentina bien conoce la primacía habitual del
"derecho de Estado" sobre los derechos humanos. No solo se observa en
el asunto de las recientes imputaciones, sino ante las mismas resoluciones del
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o en el
Informe del Relator Especial sobre la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías
de no repetición. El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las
42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo.
Es posible que
el Gobierno vuelva a dar la espalda a la legalidad internacional, así como a
los compromisos adquiridos por el Estado español a través de diferentes
Convenios y Acuerdos. Los recientes imputados lo son por homicidio, torturas,
secuestro y robo de bebés…, al fondo, se adivinan las fosas de 114.000
desaparecidos, el incalculable número de bebés robados durante toda la
dictadura, las miles de víctimas del trabajo esclavo o el dolor de la
deportación y el exilio… La responsabilidad del Estado, de las empresas
beneficiarias del trabajo esclavo, de la Iglesia, siguen constituyendo
fortalezas de la impunidad. En definitiva, continúan burlándose de la
jurisdicción universal.
Celebramos la
decisión de la Justicia argentina, su actitud abre una vía esperanzadora, no
solo para las víctimas del franquismo, también para todos los pueblos, pues
muestra la vigencia de una Justicia universal, una garantía para el respeto a
los derechos de las personas y un obstáculo para los aspirantes a genocidas.
En definitiva, para el conjunto del movimiento democrático que se
extiende por nuestro país, el fin de las pervivencias franquistas va asociada a
la liquidación de otras manifestaciones de impunidad, tan al uso en estos
tiempos. La calidad de la democracia –hoy enferma– y la recuperación de
nuestros derechos requiere de una Administración de Justicia no sometida a las
exigencias del poder ejecutivo, con más razón cuando las mismas resultan
inconfesables. No queremos que la herencia franquista se imponga, de nuevo,
sobre la Justicia universal. Entendemos que si los derechos humanos se
subordinan a otras consideraciones, se compromete la construcción de cualquier proyecto
democrático duradero.
Fuente: www.eldiario.es
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