La economía
social ha “inventado” instrumentos y herramientas enriquecedoras para las
personas con discapacidad.
nuevatribuna.es
| Por Marcos
de Castro Sanz | 28 Febrero 2014 - 10:39 h.
La
Consejería de Asuntos Sociales, de la Comunidad de Madrid, ha publicado una
Resolución (5 de febrero de 2014) por la que se comunica la formalización
del Acuerdo Marco denominado: “Atención a personas con discapacidad intelectual
en centro ocupacional”. (BOCM, Lunes 24 de febrero de 2014). El Acuerdo
Marco tiene por objeto la concertación de plazas en Centro Ocupacional para la
atención de personas adultas con discapacidad intelectual en distintas zonas de
la Comunidad de Madrid. Valor estimado del contrato: 127.707.437,52 euros (IVA
excluido). Presupuesto base de licitación: Plaza ocupada/día 32,42 euros. IVA
3,24 euros. Importe total: Plaza ocupada/día 35,66 euros.
La economía
social ha “inventado” instrumentos y herramientas enriquecedoras para las
personas con discapacidad, que, por ser distintas, no son normalmente admitidas
por el mercado laboral, a pesar de tener potencialidades profesionales.
Desarrollar estas y fortalecer su profesionalidad les permite un margen de
movilidad suficiente para integrarse socialmente, como al resto de las
personas. El Centro Ocupacional es una de esas herramientas. Tiene como
finalidad proporcionar la formación ocupacional y el desarrollo profesional,
personal y social, con el fin de conseguir el máximo nivel de desarrollo de las
habilidades personales y socio-laborales de sus usuarios. Otro instrumento es
el Centro Especial de Empleo, donde ya se generan relaciones laborales
normalizadas y actividad empresarial competente para introducir sus productos
en el mercado.
La novedad
de esta Resolución es que fija el precio por plaza en 32,42 euros más IVA. Es
un precio muy cercano al que regía por el año 2006. Se retroceden ocho años.
Dicho de otra manera, se anulan (se neutralizan) ocho años de mejoras
contractuales y de avances en el desarrollo de técnicas para estas personas. Lo
que genera consecuencias calificables de desastrosas para el desarrollo de
quienes tienen discapacidad intelectual. La primera decisión que han de tomar
los Centros responsables de esta gestión será reducir costes, nóminas y
personal técnico para ajustar su funcionamiento al ingreso generado por la
subvención, salvo que las familias tengan la capacidad de suplir con su dinero
el coste no cubierto. Capacidad no generalizable, con lo que se puede derivar
en una nueva discriminación dentro de un sector ya discriminado: quienes puedan
pagar podrán tener instrumentos de desarrollo personal, quienes no lo puedan
hacer bajarán un escalón más en la cuneta de la marginación. Con este retroceso
se camina a una mayor precariedad.
Las personas
con discapacidad acaban de surgir de la nada y estrenan su visibilidad social.
Aún se recuerdan años oscuros de nuestra historia en que la precariedad invadía
las vidas y los discapacitados eran simplemente olvidados o escondidos en
habitaciones oscuras de nuestros pueblos. Ha habido mucho esfuerzo para sacar
la cabeza a la luz. Esfuerzo de sus organizaciones representativas, de sus
familiares, de los profesionales que a ello se han dedicado y de ellos mismos
que han luchado para normalizar sus vidas. También de las administraciones
públicas que han apoyado, con más o menos pereza, las demandas que se les
presentaban. No es vano que este retroceso se pueda asociar a otros tiempos
desfavorables para estas personas. Y no es el primer signo de ello.
Las
políticas activas de empleo dejaron de financiarse en el ejercicio 2012 como
consecuencia de una decisión del Gobierno Central, por lo que dejó de funcionar
la intermediación laboral, la formación en base al catálogo de
especialidades formativas del INEM, los talleres de empleo y las escuelas de
oficio. Todo ello son herramientas imprescindibles para desarrollar habilidades
profesionales que el sistema educativo normalizado no contempla para estas
personas. Desde ese 2012 apenas se han desarrollado nuevas subvenciones. Sí se
ha hecho en formación pero dado el bajo nivel de financiación se suelen quedar
fuera más del 80% de las propuestas formativas que se presentan, adecuadas a
las necesidades de estas personas, cuya especificidad no es atendida por las
ofertas normalizadas existentes en el mercado. Provocando una nueva forma de
exclusión: ni son atendidos por el sistema educativo ni son financiadas
las propuestas adaptadas a las necesidades objetivas.
Un caso
concreto que permite dar contenido significativo a estas limitaciones: una
entidad determinada que en el periodo 2011-2012 recibió subvenciones para crear
proyectos de formación y para constituir un equipo de intermediación laboral.
La intermediación laboral consiste en conectar a empresas demandantes de empleo
con una bolsa de trabajadores con discapacidad, cuyas habilidades profesionales
pueden ser integradas en los puestos de trabajo que se demandan. Desde el 2012
se dejó de recibir financiación para seguir en esta tarea. Pero los proyectos que
se financiaron permitieron incorporar al empleo en el mercado abierto y
protegido, entre los tres últimos años anteriores al 2012, a más de 250
personas con discapacidad, de las que el 30%, aproximadamente, eran personas
con discapacidad intelectual. En cuanto a formación, en los dos años de
duración del Centro de Especialidades Formativas, 90 alumnos tuvieron la
oportunidad de adquirir habilidades profesionales, todos con discapacidad.
Fruto de aquellos cursos, algunos tuvieron la posibilidad de incorporarse a un
empleo. Hay que insistir, los programas de formación profesional normalizados
no contemplan caminos de profesionalización para estas personas, por ello se
necesitan programas específicos.
A día de
hoy, todas estas políticas, salvo algo en formación, han desaparecido. La
intermediación ha sido sustituida por las Agencias de Colocación, instrumento
que, en buena medida, se ha desarrollado y se va a financiar pensando
especialmente en las ETTs, normalmente orientadas en su negocio a las
profesiones estandarizadas y, por ello, atendiendo en condiciones más débiles a
ofertas de empleo menos beneficiosas para sus objetivos empresariales. Lo que
genera un nuevo mecanismo de exclusión.
Es cierto
que se puede alegar que toda la población trabajadora está en condiciones de
precariedad; que el Banco de España dice que la pérdida salarial es mayor que
lo que dicen las estadísticas oficiales (qué paradoja); que Eurostat dice que
en España hay casi 3 millones de niños en pobreza y que instituciones europeas
ya han advertido de que encontrar trabajo en España no garantiza salir de la
pobreza por los salarios tan exiguos que existen (por cierto, no deja de
admirar que estas cosas nos la digan desde Europa y que nuestras estadísticas
oficiales no converjan en conclusiones similares). Es cierto que la precariedad
ha tomado posesión de nuestro “mercado laboral”. Pero ello no disminuye la
gravedad de lo que se denuncia, pues ni el mal de muchos consuela ni,
especialmente, las personas con discapacidad tienen las mismas fuerzas para
salir adelante que el resto de personas que ya viven condiciones de
precariedad. Está costando mucho que las personas con capacidades distintas
tengan consideración de ciudadanos adultos, con derecho al trabajo. Cuesta a
ellos mismos y a las plataformas que desarrollan estas habilidades
profesionales. Retroceder a etapas anteriores significa dar marcha atrás en
senderos de crecimiento personal que ya estaban muy trabajados pero que no se
pueden mantener, simplemente porque los Poderes Públicos tienen otras
prioridades en qué pensar. Por cierto, no se sabe bien cuáles son esas
prioridades sociales.
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