La IGAE remite al juez Ruz un informe en el que
asegura no haber encontrado “reflejo contable” de los 50.000 euros que el PP de
Pontevedra supuestamente remitió a Génova 13 y que el extresorero dice haber
repartido entre el presidente y su número 2, María Dolores de Cospedal, poco
antes de abandonar la tesorería de la formación.
Nuevo informe de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), nuevo jarro de agua fría a la investigación
del ‘caso Bárcenas’. Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda
ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz,
un breve informe de cuatro folios en el que concluye que de los 50.000 euros
que un dirigente del PP de Pontevedra no identificado supuestamente entregó en
metálico a Génova 13 en 2010 como devolución de un embargo no existe
ningún “reflejo contable” ni en la contabilidad del partido en Galicia ni
en la de Madrid.
Por tanto, añade, no hay nada “que ponga de manifiesto
la existencia” de dicha aportación reflejada en los ‘papeles de
Bárcenas’ . El magistrado había ordenado investigar esta supuesta
donación después de que el propio extesorero explicase en su última
comparecencia en la Audiencia Nacional que cuando estuvo en su mano dicho
dinero introdujo 25.000 euros en sendos sobres que entregó como complementos
salariales a Mariano Rajoy y a su número 2, María Dolores de Cospedal.
La IGAE ya emitió el pasado 20 de enero un primer
informe sobre este apunte contable del extesorero y sobre otro referido a la
supuesta entrega de 200.000 euros por parte del PP de La Rioja a Génova 13.
Entonces, este organismo dependiente de Hacienda ya recogía en sus conclusiones
que no había encontrado ”movimiento alguno que permita establecer una
relación directa con una devolución por la sede de Pontevedra (PP Galicia) de los
fondos embargados a la Sede Central en 2009″.
De hecho, sus autores destacaban que, pese a lo
afirmado por Bárcenas, no habían encontrado constancia de un embargo de 160.000
euros en las cuentas del PP nacional, aunque sí reconocían haber
hallado uno superior, en concreto de 187.569 euros, registrado el 21 de
septiembre de 2009 “bajo la rúbrica ‘Embargo Proveedor PP Galicia”. En este
punto, los expertos de Hacienda admitían que para elaborar este análisis no
habían contado con la contabilidad del PP de Pontevedra y que sólo habían
podido trabajar con “los registros contables correspondientes a la tesorería de
la sede central”.
Poco después de recibir aquel informe, el juez
Ruz dio cinco días a Génova 13 para que entregase precisamente la
documentación contable de Galicia y que los técnicos de Hacienda pudieran
redactar un nuevo análisis. Ese es el que ahora ha llegado a la mesa del
magistrado. En el mismo, los funcionarios de Hacienda dicen haber podido
manejar para realizar el nuevo estudio tantolos libros como el diario de la
sede territorial del PP en Pontevedra de los años 2009 y 2010, en total 134
páginas.
En él, y tras reproducir literalmente lo declarado por
Bárcenas ante el magistrado, los técnicos de la Intervención se limitan a
asegurar que en la documentación contable de la formación en esta provincia
gallega “no se ha localizado apunte contable algunoque refleje el registro de
una aportación de 50.000 euros por parte de esa Sede Territorial a la Sede
Central del Partido Popular”.
Además, el informe resalta que tampoco “se ha
encontrado ningún apunte en las cuentas de la tesorería de la Sede Central del
Partido Popular del ejercicio 2009 ni en las del ejercicio 2010 que
refleje un ingreso desde la Sede Territorial de Pontevedra por importe de
50.000 euros”. Por todo ello, la IGAE concluye que “no se ha encontrado reflejo
contable que ponga de manifiesto la existencia” de dicha donación ni, aunque no
lo menciona expresamente, de su supuesta transformación posterior en sendos
sobresueldos para los dos principales dirigentes del partido.
De hecho, este episodio sólo se menciona en el informe
al recoger sus autores textualmente las declaraciones de Bárcenas ante el juez.
Curiosamente, en el documento no se hace ninguna referencia al embargo de
187.569 euros que sí se menciona en el documento de enero y que refuerza
la veracidad de las palabras del extesorero ante el magistrado sobre dicha
aportación.
Éste informe de febrero y el anterior de enero no son
los primeros en los que los técnicos de la IGAE parecen empeñados en restar
validez al contenido de los ‘papeles de Bárcenas’. El pasado mes de noviembre
este organismo remitió a la Audiencia Nacional otro análisis de cuatro
folios en el que con quince escuetos párrafos sus autores llegaban a
afirmar que los apuntes contables del extesorero del PP tenían “numerosas
incongruencias” y que, pese a que cerca de medio centenar de sus
anotaciones ya se habían demostrado entonces como ciertas, consideraban
que ”hay algunos que no responden a la realidad”.
Este documento, que fue esgrimido entonces por la
Fiscalía Anticorrupción para negarse a la ampliación de la querella de IU
a los exdirigentes ‘populares’ Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes
señalaba que el texto presentado por los abogados del partido político no
añadía “ningún hecho o documento” para modificar las conclusiones a las que
habían llegado en un informe anterior, de 9 de octubre. También insistían que
no era posible “demostrar que se han adjudicado contratos públicos como
contrapartida a los ingresos por donaciones que demuestran los papeles de
Bárcenas”.
Los expertos de la IGAE no solo intentaban
desacreditar en su escrito la ampliación de la querella, sino también
los propios apuntes contables del extesorero del PP. De hecho,
recalcaban que Bárcenas no había entregado aún “ningún documento que demuestre
la autenticidad de los apuntes que los papeles atribuyen” a tres dirigentes del
partido sobre los que entonces se pedía ampliar la querella: Cascos, Acebes y
el gerente del PP gallego Ángel Piñeiro.
Además, insistían que aunque finalmente se demostrara
la realidad de los mismos, al ser anteriores a 2007, los delitos estarían
prescritos: “Si fueran reales, aspecto no demostrado con documentación, no
tendrían transcendencia penal”, aseveraban. Tampoco consideraron entonces
los expertos de Hacienda como prueba la coincidencia temporal entre las
entregas de dinero por parte de algunos empresarios y la adjudicación de obra
publica a sus empresas. De hecho, calificaban dicho criterio como “muy
discutible” ya que, aseguraban, no habían encontrado “otras variables que
permitan relacionar donativos con contratos, como podría ser una relación entre
el donativo y el precio de adjudicación”.
El juez Ruz decidió entonces desoír en parte aquel
informe y citó como imputados a media docena de empresarios más, aunque no
a los políticos. Una actitud similar adoptó con el documento de la IGAE de
finales de enero. Días después de recibir aquel, el magistrado ordenó extender
la investigación del ‘caso de los papeles de Bárcenas’ a las cuentas del PP en
la Rioja y Pontevedra pese a que ese documento de la Intervención
General concluía que no había “reflejo contable” que apuntase a la existencia
de donaciones irregulares en la compra de una sede en Logroño y en la
compensación por el embargo sufrido a causa de una deuda del partido en
Galicia. Sobre el documento recibido hace unos días, aún no ha adoptado ninguna
decisión.
vozpópuli
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