IU plantea endurecer las incompatibilidades de ex altos cargos y que en cinco años no puedan realizar determinadas actividades desde empresas privadas
España |
Tercera Información | 22-01-2013 |
El diputado
Gaspar Llamazares afirma que “los poderes públicos están llamados a adecuar la
legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en
condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la
deontología de la función pública” Izquierda Unida, a través de su diputado
Gaspar Llamazares, ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso
para endurecer las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos
cargos de la Administración General del Estado al término de su mandato. Entre
otras propuestas, la proposición no de ley de IU plantea y detalla una batería
de actividades que los ex ministros y altos cargos no podían realizar desde el
ámbito privado “en los cinco años siguientes al cese de sus funciones”.
La
iniciativa señala que para poder ejecutar estas restricciones de manera
efectiva deben modificarse dos leyes: la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de
los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y la Ley 5/2006, de Regulación de los
conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de
la Administración General del Estado.
El texto
registrado plantea como principal objetivo “fijar limitaciones más estrictas en
el ejercicio de actividades que realicen al término de su mandato” los ex
cargos a los que va dirigido. Para ello, detalla que no puedan “ejercer
funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en
que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo,
siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de
privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios
externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza
contractual”.
Se reclama
también que estos ex altos cargos públicos tengan vetado “dar a sus asociados,
clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al
público obtenidas durante su mandato”.
Además, la
iniciativa de Izquierda Unida plantea impedir que sea posible que puedan
disponer de “participaciones directas o indirectas superiores al 10% en
empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con
empresas públicas privatizadas en los 10 años anteriores”.
Llamazares
destaca que esta iniciativa se presenta “ante la evidente necesidad demostrada
por los últimos casos que han saltado a la luz públicamente, aunque algunas de
sus particularidades nominales no entren directamente en esta casuística legal,
y por la falta de claridad evidenciada por la legislación en vigor para poder
aplicarse adecuadamente”.
El diputado
de IU por Asturias entiende que “los poderes públicos están llamados a adecuar
la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en
condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la
deontología de la función pública
Gaspar
Llamazares sale al paso de las críticas que reciben las iniciativas de estas
características que presenta IU por parte de los dos partidos mayoritarios, PP
y PSOE. “Planteamos cuestiones –señala- que consideramos que son de justicia y
que obedecen a las demandas mayoritarias de la ciudadanía. Valga un ejemplo, en
marzo del año pasado propusimos eliminar las indemnizaciones de ‘cesantía’ de
los ex ministros y ex secretarios de Estado para hacerlas incompatibles con el
cobro de cualquier otro sueldo público o privado. El aluvión de críticas políticas
interesadas que recibimos de ellos rozó el ridículo. Pues bien, el 13 de julio
eso mismo lo aprobaba y justificaba el Consejo de Ministros. Ahí está la
hemeroteca”.
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