Artículos de
Opinión | Santiago Izco | 18-01-2013 |
“A quién
miente, deberían imponerse las mayores penas de cárcel” Así terminaba Simone Weil un
escrito sobre la verdad que Camus recogería en “Echar raíces”, editado por él
mismo a la muerte de la joven autora, a quien él tanto admiraba. Weil describía
la organización de una sociedad que pudiera renacer tras la gran Guerra
Europea. Los más educados deberían recordar que lo han sido al precio del sudor
y la sangre de muchos trabajadores, y compartirían a su lado la exigencia de
denunciar toda mentira. Se legislaría contra toda “propaganda” falsa de medios
y partidos. Porque se comprendería por fin que en la fuente de toda violencia e
injusticia se halla siempre la manipulación de la verdad por el interés de
algunos. Era 1944.
Asistimos en
Madrid a escenas desconcertantes estos días. En dos ocasiones ha rodeado la Asamblea de Madrid la
marea blanca. Esta crece de forma visible con cada concentración. Tampoco deja
de evolucionar su composición: Cada convocatoria de los sanitarios incorpora
una proporción mayor de ciudadanos. Estos son hoy mayoría, y ya no se conforman
con mezclarse a título individual entre médicos y enfermeras, sino que se
adhieren colectivamente en forma de plataformas cívicas. Asociaciones de
pacientes caminan al lado de sus médicos de siempre, asambleas vecinales abrazan
sus hospitales.
Para
entenderlo, volvamos a aquella primera ocasión en que un grupo de
sanitarios, principalmente del estamento médico, rodearon la Asamblea de Madrid.
Fue el 5 de Diciembre. Los galenos coreaban consignas como “que no, que no, que
no nos representan” y portaban en sus pancartas una exigencia: La dimisión de
Fernández‐Lasquetty, Consejero de Sanidad, al que entre silbidos llamaron
“mentiroso”. El adjetivo resulta duro, pero no olvidemos que su propio Colegio
Oficial, tan conservador, hubo de terminar un comunicado recogido en todos los
medios con esta frase: “…y no toleraremos que vuelva Vd a llamar mentirosos a
los médicos de Madrid”.
Durante la
sesión parlamentaria de aquel miércoles se presentaban los Presupuestos de 2013
para la Comunidad, entre cuyas páginas está la “Reforma Sanitaria”. Ríos de
tinta corren ya sobre ella. ¿Cuáles ofrecen aguas sinceras? ¿Qué fuentes están
sin contaminar?.
Aquella
tarde los Representantes electos pidieron se subiera el volumen de sus
micrófonos, tal era el ruido de la concentración de médicos bajo sus ventanas. A
ratos un grave e interminable ‘ladroooooooones’ atravesaba las paredes
provocando un movimiento inquieto entre los parlamentarios, como si todos a
la vez buscasen una postura mejor en el escaño. Una impresionante muralla
policial protegía el edificio, aunque los agentes se mostraban relajados.
Muchos dejaron escapar una sonrisa mal disimulada escuchando en boca de los
médicos un “más‐fur‐gones‐que aquí hay‐muchos‐ladrones” o “algo‐habrán‐hecho‐si haytanta‐ policía”. Con aire de científico desubicado insisten: “Nos‐dices‐que‐mentimos‐y‐solotraducimos”.
Dos de ellos mantienen en alto una pancarta. En trazos muy cuidados muestra una
bacteria con los rostros de Ignacio González, Presidente de la Comunidad de
Madrid y de Fernández‐Lasquetty, Consejero de Sanidad. Debajo, con letras elegantes aparece
nombrado el bicho, Gonzalezia lasquettyti. Y el mensaje: “Una peligrosa
bacteria infecta la Sanidad de Madrid”.
Más escenas
desconcertantes. Una extraña huelga. Pacientes cuelgan sus propias sábanas blancas en las
ventanas de los hospitales. Cada mañana bajan a apoyar a sus médicos y aplauden
emocionados su comunicado. Contiene palabras pronunciadas por otro médico hace
80 años <>. (Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón,
1931).
En resumen,
semanas desconcertantes. Peculiares huelguistas. Sus “afectados” a su lado.
Movimiento ciudadano sin precedentes en los barrios. Insistente e inhabitual
reivindicación de los manifestantes y del gobierno: La verdad.
“…y ponerse
sin reservas al servicio de la necesidad pública”. El Sr Fernández‐Lasquetty,
acude a un programa de Televisión. Allí proclama “la superioridad, por su
propia naturaleza, de la gestión privada sobre la pública”. Su convicción (y
buena técnica oratoria) envuelve estas palabras en una aureola que parece
protegerlas de toda refutación. Como las que continuamente le hacen todas las
sociedades científicas de la Salud Pública españolas e internacionales. Pero
las continúa repitiendo como un mantra en todo debate y entrevista. ¿De dónde
su magia?. Probablemente emana de la forma de su enunciado (…superioridad por
naturaleza…). Porque lo ha formulado del modo en que se afirma lo que en
fenomenología se llama una “creencia”. Esta es un presupuesto previo,
necesario, incondicionado, tan primordial para el emisor que sobre su base
construye cualquier deducción posterior. Formulaciones de este tipo son muy
comunes en la retórica de las grandes ideologías del último siglo, y
explican en parte lo irreconciliable de las posturas que sobre ellas se
sustentan.
No es muy
criticable que este político sustente sus razonamientos sobre creencias. Suele ser algo inconsciente, casi
inevitable. Y pueden ser compartidas por muchos ciudadanos. Resulta interesante
observar la recurrencia con que él inserta creencias en sus discursos. En Enero
de 2009, siendo responsable de la Consejería de Inmigración decía: “algunas
experiencias han buscado transferir ayudas a los inmigrantes (…), estas
medidas, a pesar de sus buenas intenciones, tienen el enorme riesgo de
adormecer el espíritu de superación haciendo a las personas dependientes del
sistema de bienestar…”. Sus oyentes, educadores sociales, hubieran podido, como
nosotros, subrayar en el texto algunas, pero estaban más pendientes de las
consecuencias. En pocos meses se cerraron innumerables Centros de Integración y
Ayuda a estos colectivos.
En el caso
actual hay algo más: La creencia sobre la natural superioridad del modelo de
gestión privada de la Sanidad sale de labios del máximo Gestor del Sistema Sanitario Público. Primero
resulta inquietante porque que se entiende que un gestor es tan solo el técnico
designado para realizar un proyecto concreto, aquel que los ciudadanos han
elegido. Su “mandato social” es ese, y no le da autoridad para cambiarlo o
sustituirlo. De hecho, tampoco la tiene el gobierno, cuyo papel es solo
garantizar –eligiendo a los mejores técnicos‐ que se cumplan estos mandatos. Ni
los partidos, que solo ofrecen programas de proyectos para que la sociedad
elija periódicamente los que prefiere.
Sus palabras
podrían hacer creer que este técnico está anunciando su renuncia, tras
reconocer su incapacidad o su pérdida de convencimiento respecto al pedazo de
la “cosa pública” que la sociedad le ha encomendado realizar. Tras su renuncia,
muy honesta, agradeceríamos que este “experto” incluyese en el próximo programa
de su partido su nueva propuesta, para poder decidir sobre ella en la próxima
consulta o cita electoral.
Pero
Fernández‐Lasquetty continúa hablando. El gestor fracasado y desencantado de su
mandato no renuncia a su puesto. Muy al contrario, se arroga una autoridad
que no tiene, y utiliza su posición no para cumplir su mandato, sino para cambiarlo.
Ha decidido instaurar un modelo nuevo. Abandonará la gestión de la
Sanidad Pública de una parte de los madrileños en manos de empresas privadas.
La Sanidad
es una de esas actividades en que dos empresas disputan idéntico mercado. La empresa Sanidad Pública y las
empresas privadas del sector “compiten” por los pacientes. Cierto que por
agentes y con objetivos muy distintos (sociedad ‐ reparto de un bien básico como
forma de inversión social y salud pública una, entidad privada ‐ beneficio
monetario individual la otra). Ambas se respetan profundamente, y a veces
complementan. Lo que escandaliza a muchos es que el gestor elegido por la ciudadanía
para gestionar la suya, decida más bien entregar un pedazo de esta y de su
“mercado” a la otra. Esto es un “caballo de Troya” en lenguaje empresarial
(como hacerse directivo de un banco solo para poder venderlo a otro).
Es
interesante señalar que en España (y muy especialmente en Madrid) este sector
corporativo ha experimentado un crecimiento sin precedentes en pocos años. En su seno se producen sobresaltos
casi diarios, fusiones, ventas, compras por compañías extranjeras. Además ha
dejado de ser novedad el constante intercambio de altos directivos desde el
sistema privado a la responsabilidad pública, y al revés. En cuestión de
días, un Directivo privado pasa a cargo público, y el cargo público a Directivo
privado, a veces intercambiando los mismos puestos. Son reseñables los
casos de los Consejeros de Sanidad predecesores de Lasquetty (Lamela, que pasó
a Ribera Salud y Guemes, que pasó a Laboratorios Unilabs). El actual Director
de Hospitales Públicos, Antonio Burgueño Carbonell, procede de Ribera Salud. Su
hijo, Antonio Burgueño Jérez, ocupa actualmente un cargo de asesor para esta
empresa, y es Jefe de su Unidad de Desarrollo y Concesiones de varios de sus
hospitales. Todo esto es perfectamente legal en España, cuya legislación solo
obliga a los más altos Responsables (Ministros, Viceministros…) a hacer
declaración de sus posibles conflictos de intereses. Esto nos diferencia de USA
y otros países europeos, cuya mayor tradición liberal les ha enseñado a
establecer leyes más exigentes en este sentido. CAPIO, la principal empresa
adjudicataria a día de hoy, es participada de forma esencial en su accionariado
por importantes figuras de la clase política española, de ambos partidos. Esta
empresa se dispone a comprar Ribera Salud, su gran competidora, lo cual dejará
el mercado de las concesiones de hospitales públicos en situación de estrecho
oligopolio. A su vez, los dueños de CAPIO son CVC Partners, un conglomerado de
capital‐riesgo británico con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal.
Pero dejando
de lado estos pequeños amoríos político‐empresariales volvamos a lo que era
nuestra mayor inquietud: Un gestor de lo público confiesa que no cree en la gestión pública, y que
ha decidido ceder la gestión de 6 hospitales, 27 centros de Salud y numerosos
laboratorios a manos privadas, porque “lo harán mejor”. Lo hace casi por
sorpresa, sobresaltando a los propios Responsables de los “Planes Estratégicos”
(que le asesoraban, junto con más de 1000 técnicos) y también a muchos
compañeros de partido. Unos y otros se enteraron solo cuando Lasquetty lo
comunicó en rueda de prensa.
Muchos
políticos honrados se quejan a diario del creciente distanciamiento de la
ciudadanía. ¿Cómo
sorprenderse de ello ante actitudes como la de este Consejero, y la del
Presidente de Madrid que le apoya? Los ciudadanos perciben con gran sencillez
lo que aquí está ocurriendo. Uno lo explicaba hace poco en conversación de
autobús: “Vamos a ver, la Sanidad no es de los políticos, sino nuestra, que
para eso la pagamos. Y ahora es como si les dejáramos las llaves del coche para
hacer el mantenimiento y en vez de eso…¡se lo vendieran a sus amigos!. Y ante
nuestro enfado nos respondieran que esos amigos le darán un mejor provecho, y
que no nos preocupemos, ¡¡que si queremos ir a algún sitio se lo pidamos a
ellos!! Eso sí, pagándoles el viaje”. Y se ríe: “Lo se, lo se: No con la
tarjeta, Doña Petra…¡pero sí con los impuestos!”. Vamos, que el mecánico ha
vendido nuestro coche a unos individuos que nos cobran por llevarnos.
Los recortes
molestan. Pero podrían equivocarse quienes creen que esa es la causa del enfado
general que aumenta cada día. Muchos ciudadanos entienden (o aceptan al menos) que
hay menos gasolina. Lo que les irrita es ver cómo sus gestores venden algo de
todos, y sobre todo, la sensación de que se hace sin preguntar, y bajo una
confusa lluvia de explicaciones demasiado simples. Algo en su psique individual
y colectiva detecta la contradicción del mensaje cuando este golpea la
evidencia cotidiana, y crece la incómoda sensación de ser continuamente
mentidos. La pobreza molesta, pero es la sospecha sobre su origen injusto la
que enfada. La sensación de engaño anula toda posibilidad de diálogo. La
condescendencia humilla. La arrogancia y la impunidad indignan. Sería sordo
quien no oyera crecer estos sentimientos cada día. Estén o no justificados, es
responsabilidad de los cargos públicos evitarlos en aras de la paz y cohesión
social, y no con opresión, ni con propaganda, sino con transparencia,
recordando que deben dar cuenta a sus jefes (la ciudadanía) de su gestión con
detalle y sinceridad. Se acepta peor la mentira que la incompetencia.
En Madrid,
11 grandes hospitales fueron construidos cuando la burbuja financiera y la
inmobiliaria coincidían y se alimentaban. A los excesos de liquidez (fruto volátil de la
especulación) que buscaba ladrillo, y al exceso de ladrillo que buscaba
inversión a futuros, se unió el deseo de los políticos de hacerse fotos junto a
enormes hospitales, aunque no fueran suyos. Y el matrimonio fue perfecto. La
Comunidad firmó contratos con empresas constructoras y con consorcios de
capital‐riesgo hipotecándose a ellos por 30 años con nuestros impuestos. Desde
entonces les paga anualmente un exorbitado canon de arrendamiento. Este no paga
solo aquella construcción, sino por su arrendamiento, y lo que es más
significativo, incluye un abusivo contrato de servicios por el que estas mismas
empresas ofrecen en estos hospitales la limpieza, cocina, restauración,
aparcamientos, mantenimiento, etc
Pero en 5 de
ellos se dio un paso más. Además de este canon‐hipoteca se
comenzó a dar a sus dueños un pago capitativo. Esta es una cantidad acordada que el Gobierno paga
por cada habitante que reside en la zona adscrita al hospital privatizado. A
cambio, las empresas que lo gestionan proveen la atención sanitaria a los
usuarios que la precisen. Su beneficio procede de las arcas públicas y es la
diferencia entre lo que reciben (440 euros por cada madrileño que queda a su
cargo, aunque no enferme) y lo que gasten en ofrecer esta atención médica. Esta
cápita puede ser renegociada por las empresas si lo creen oportuno, lo cual ya
se ha producido, favorecido cada vez más por su situación de progresivo
oligopolio. Además se incrementa anualmente en un mínimo que no es del IPC,
sino superior (ejemplo: IPC+2, en Valdemoro). Esto no excluye su percepción
también del canon de arrendamiento y sus intereses, descrito antes.
El plan de
Lasquetty y González es añadir ahora los otros 6 hospitales, los que solo
estaban sujetos al canon anual (pago de la hipoteca más provisión de cocina,
aparcamientos, etc) al modelo capitativo, es decir, encomendarles también la
provisión de la atención sanitaria.
En este
punto comienza una guerra de cifras. Esta es desigual, puesto que la Comunidad se niega
(incluso en la Asamblea de Madrid) a explicar ninguna. Lasquetty asegura en su
Plan que estos seis hospitales (atención sanitaria todavía pública,
aparcamientos privados) gastan hoy 600 euros por cada habitante del millón
adscrito a su cargo (600 millones de euros). Y que ha acordado con las empresas
que les ofrecerá 440 por dar ellas esta asistencia. Sin embargo en los
presupuestos (públicos, por supuesto) de estos hospitales figura que gastaron
340, y no 600. Preguntado insistentemente por el origen de este 600, que no
figura en las cuentas, el Consejero y el Presidente de la Comunidad guardan
silencio. Urgen dos aclaraciones: 1) si la cifra de 600 millones que Lasquetty
aduce como gasto público de estos centros es correcta, ¿por qué no figura en
las cuentas públicas? 2) ¿En qué utilizaron la enorme diferencia con la que sí
figura en las cuentas, 340? Ignacio González en vez de responder persiste en
llamar “sindicalistas de izquierdas” a todo el colectivo médico. Mientras, en
los pasillos de la Asamblea de Madrid ya se habla con cierta sorna del
“misterioso 600 de Lasquetty”. Desde hace un mes el Consejero solo contesta con
el ya famoso “pero si nada se privatiza”. Pero no es eso lo que se le pregunta.
Mientras sus
explicaciones llegan, las dos opciones son igualmente inquietantes.
Primera
opción: Lasquetty está bien informado, y aunque no figure en sus cuentas, estos
hospitales gastan efectivamente 600 millones en la atención médica (pública)
que prestan a su población. Ahora las empresas que los construyeron están
interesadas en ofrecer también ellas la atención sanitaria. Lo harán por 440. Los
madrileños a su cargo se preguntan de qué forma sus centros gastarán por tanto
casi 200 millones menos en su servicio.
Para
detallar esta opción, debe aclararse que estos hospitales son de nivel 1
(incapacidad para asumir el tratamiento de pacientes que requieren
procedimientos complejos). Carecen de personal y tecnología para contar, por
ejemplo, con UVIs para bebés, hacer cirugía cardiaca, trasplantar órganos, etc.
No entraremos en la discusión sobre la pertinencia de su construcción, ni sobre
el riesgo para sus pacientes si alguna de estas necesidades es descubierta
tarde y es necesario trasladarlos de urgencia a otros centros. Lo cierto es que
casi un 50% de los pacientes que algunos atienden precisan antes o después esta
derivación a hospitales mejor preparados. Eso les obliga a pagar a éstos el
tratamiento que ellos no pueden dar. La Consejería comienza a ofrecer
explicaciones, y aduce que casi la mitad de los 600 millones (la cifra de
Lasquetty) se justifican por este pago a los grandes hospitales públicos para
que hagan el trabajo que ellos no pueden. La otra mitad de 600 (300) la
computan como medicinas y personal, y solo un ínfimo porcentaje se dedica hoy a
gastos de gestión. Por tanto, de 600, la mitad (300) es simplemente intocable,
porque su “buena gestión privada” no puede cambiar el número de ciudadanos de
Parla o Aranjuez que necesitan trasplantes renales o cirugías del corazón, cuyo
pago es fijo y deben hacer a otros centros. La perspectiva de que al
privatizarse se eviten o limiten estos traslados produce escalofríos.
Pero…¿cómo reducir a la mitad un gasto cuya mitad no puede evitarse?
Segunda
opción: La cifra correcta de su gasto actual no es la que aduce un Consejero
mal informado (600 millones), sino la que figura oficialmente en sus cuentas
públicas, 340. Puesto que les ofrece 440 por hacer ese mismo servicio las
empresas aceptan felizmente. Aquí somos todos los contribuyentes los que nos
hacemos una pregunta difícil. Estamos en crisis. Antes pagábamos 3 euros por
nuestra salud y consumíamos 3, y ahora pagaremos 4, pero seguiremos recibiendo
3. ¿Dónde está el ahorro? ¿Pagaremos 100 millones más sólo para darlos como
generosa propina a unos señores que nos sirven por 4 algo que antes era nuestro
y nos dábamos por 3?
Aunque esta
última opción deja algo peor al Sr Consejero, parece preferible. Saber que un
Responsable de Sanidad ignora sus propias cuentas públicas o que vive un
generoso idilio con unos intereses privados es casi mejor que imaginar el éxodo
de los pacientes más graves de Parla o Vallecas buscando empadronarse cerquita
de los hospitales públicos, donde sí pueden ser tratados cuando caigan muy
enfermos. Donde no dependan de una empresa decidiendo si su traslado a Getafe o
al Marañón (para operarse del corazón, por ejemplo) desencaja su balanza de
pagos.
Por otro
lado, se repite que estos hospitales mantienen la “titularidad pública”. Pero
esta es tan efectiva como lo es ante el banco la de una familia hipotecada. La Comunidad de Madrid sería esta
familia y sería “desahuciada” si no pudiera seguir pagando su canon o las
capitaciones. También podría repetirse lo de 2011, cuando el consorcio de
empresas renegoció su canon al alza, cosa que justificaron por la construcción
de mayores aparcamientos. La Comunidad tuvo que aceptarlo porque un millón de
madrileños son cautivos de ese servicio, y todos del débito de intereses que
deberíamos pagar si rescindimos los contratos. Tampoco es improbable otro
horizonte: La quiebra de las unidades gestoras de los hospitales (conglomerado
de constructoras, fondos de inversión extranjeros y cajas de ahorros como
Bankia) por cualquier motivo (salida de capitales, compra por otras empresas no
interesadas en Sanidad). Esto ya ha ocurrido, y en cada caso la Comunidad
Autónoma se ha lanzado al rescate con dinero público. Se cumpliría el axioma
habitual “privatizamos los beneficios, socializamos las pérdidas”.
No podemos
olvidar que a esta privatización de hospitales se añade también la de 27
centros de Salud. Esta fue
petición constante de las empresas, dado que los “ambulatorios” en los barrios
son las verdaderas “puertas” a sus hospitales, y el control de esas puertas les
es clave.
Mientras
engorda la financiación de los “hospitales nuevos”, debe pasar hambre el resto, puesto que la caja de los fondos
públicos es común, y de algún sitio debe sacarse la comida extra para los
privatizados. Por ello, el Plan incluye el desmantelamiento de un hospital
(Instituto Cardiológico), la reducción de dos hospitales a una mínima expresión
(Carlos III, La Princesa), y el desmembramiento de los laboratorios de todos
los grandes hospitales (algunos de paso se privatizan también). Los
laboratorios son como la médula espinal de un hospital, sin ellos (o con ellos
“externalizados”) su funcionamiento se reduce drásticamente.
Los hospitales
públicos supervivientes verán reducida en un 18% de media su provisión de fondos,
mientras se incrementa en un 9% el pago a los hospitales de gestión privada,
por medio de estos cánones y capitaciones. Esta disparidad irá aumentando, pues
los primeros se someten sin defensa a los recortes (otro 15% más el año
siguiente) mientras los segundos tienen sus incrementos empresariales blindados
por contrato a 20 o 30 años. Puesto que el presupuesto total es único, 20
hospitales y más de 200 centros de Salud públicos serán progresivamente
adelgazados para pagar las rentas y beneficios de los dueños de 11 hospitales y
27 centros de Salud privatizados.
Estos 11
hospitales privatizados son gigantescos edificios visibles desde cada
autopista que se acerca a la capital. También son reconocibles porque los
rodean inmensas explanadas de cemento, sus famosos aparcamientos vacíos. Al
verlos (por ejemplo el de Navacerrada, vacío, sin uso) es inevitable pensar en
algún polémico aeropuerto recientemente construido no lejos de Madrid. En su
interior, grandes pasillos de suelos limpios y brillantes. Con excepciones,
tienen a su cargo una población escasa, de edad media joven, sana. No
contribuyen a la formación ni a la investigación (salvo de forma anecdótica y
asociada al interés de sus empresas). No disponen de servicios de alta
complejidad. Sus médicos son vigilados cuando recetan un tratamiento costoso e
incentivados para que no lo hagan. Nadie controla que la proporción de
enfermeras por paciente se adecúe a los estándares reconocidos. Eso sí, las
habitaciones son cómodas y bonitas.
Los otros,
los públicos son de
nivel 2 y 3, es decir, de referencia regional y nacional, de forma que no solo
ofrecen su servicio a la inmensa mayoría de los madrileños (los no cautivos de
los privatizados) sino que funcionan como último recurso para los pacientes más
graves, enviados a menudo desde todo el país. Ocurre porque durante décadas han
invertido con éxito en investigación y en tecnología moderna, han atraído a los
mejores médicos, y lo han hecho con herramientas de ahorro. La Sanidad Española
se cuenta entre las más baratas de todo Occidente, y al tiempo es reconocida
internacionalmente como una de las mejores. Calidad, eficiencia…y equidad.
Contemplar a un trabajador de Villaverde Bajo compartir habitación con el
cantante más famoso de España cuando ambos esperan un trasplante en el Hospital
12 de Octubre es el icono de algo que no quiere palabras para definirse. Quien
lo llama “gasto” en realidad se refiere a inversión. Por eso son expertos
españoles quienes asesoran la Sanidad de países que intentan imitar esta
inversión en salud y cohesión social. Mientras tanto, el Plan de Lasquetty,
un joven sin formación reglada en gestión sanitaria, no deja de cosechar
durísimos titulares en el extranjero.
Se detraen
masivamente fondos de todo el Sistema de Salud para acabar en bolsillos
privados tras un rápido paso por un puñado de centros privatizados de escasa
capacidad y dudosa utilidad. Esto es lo que significan esas páginas insertas en los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid.
Para evitar
este golpe mortal a un sistema sanitario ya muy debilitado, se han levantado y unido todas las
sociedades científicas, tanto clínicas como de epidemiología y gestión
sanitaria. Los Responsables de los planes estratégicos de Sanidad. Los Jefes de
Servicio de todos los hospitales de Madrid. Los médicos, enfermeras, celadores,
auxiliares y con ellos todo el personal del Sistema de Salud. Sindicatos de
todos los estamentos, de derechas, izquierdas y no subvencionados. Los Colegios
Oficiales de Médicos y de Enfermería. Las asociaciones de pacientes en masa.
Las asociaciones de vecinos. Bajo el lema “sanidad no se vende, se defiende”
demuestran una convicción tan profunda que hablan con sus conciudadanos en las
paradas de autobús, en las esquinas, en el metro, en las cafeterías, en los
mercados. Y ha ocurrido. Se va extendiendo la convicción de que estos hombres y
mujeres de batas blancas han dejado sus hospitales para contar simplemente lo
que pasa. “Únase, defendamos lo que es nuestro, por la salud de nuestros
hijos”. Quizá la salud de la democracia también peligra.
Los
ciudadanos. En solo 5
días, para estupor de las autoridades, se consiguieron en Madrid un millón de
firmas. El consejero declaró que tal cifra no era representativa de la
ciudadanía. La primera “marea blanca” inundó Madrid con 80000 personas, según
cifras de la Policía Nacional. De las siguientes no se facilitan. La ciudad
se inunda de canciones y colores blancos varias veces por semana, y muchos
ciudadanos comienzan a colgar sábanas blancas de las ventanas de sus casas.
A la vez,
crece el descontento social. Más allá de todas las cápitas y números, más allá del silencio de algunos
ante las preguntas incómodas, se extiende la evidencia de que se vende algo
que es común, y que el esfuerzo de tantos años se desmantela para el saqueo
de sus pedazos por unos pocos. Y de que todo ocurre por el autoritarismo
arrogante de una persona que traiciona su mandato (la gestión pública de ese
servicio) mientras reconoce sin rubor que no cree en él, y de que con tanto
vídeo y tanto “esos médicos son izquierdistas radicales” el Presidente de la
Comunidad ha intentado engañar a la ciudadanía. Un Presidente que nadie ha
elegido y cuyos intereses en Madrid comienzan a parecer, cuando menos,
extraños.
El verdadero
debate por tanto es sobre la legitimidad de las acciones de nuestros
gobernantes, también en tiempos de “crisis”. Mejor dicho, especialmente, en tiempos de crisis.
Quizá es la gravedad de esta cuestión la que lanzó inicialmente a los médicos a
las calles y plazas. Muchos ciudadanos los han creído, y la marea blanca se ha
hecho océano. Los políticos parecen no escucharlo desde las almenas de sus
castillos de arena, pareciendo ignorar que esas paredes ya no esconden sus
vergüenzas. El derrumbe de su credibilidad está siendo tan acelerado que a su
lado tiemblan incluso los cimientos de la torre mayor: Su legitimidad.
Alguno de
ellos pudo sentir algo de ese temblor en aquella Asamblea rodeada por médicos y
ciudadanos coreando sus “ladroooones” y sus ¡¡SÍ‐SE‐PUEDE!!¡¡SI SE PUEDE!!
Ignacio
González parece huir hacia delante (¿de qué?) como un elefante ciego que romperá todo a
su paso. Lo que para sus compañeros de grupo puede parecer solo torpeza es
vivido por los madrileños como un atropello sin precedentes. Ocurre en la
Comunidad con mayor número de sus votantes. Por eso es en el PP donde
querrán frenarlo. Algo podría decir Ana Mato. O Ana Pastor, ex ministra de
Sanidad respetada por el sector sanitario durante su mandato. En su partido
todos saben que cada día de silencio la grieta se hará más indisimulable, para
regocijo de sus contrincantes. Mientras PP calla y PSOE se frota las manos,
los dos partidos parecen ignorar que esta marea afectará a ambos por igual,
pues ya resiste la manipulación y desbordará ampliamente cualquier intento de
“encauzarla”.
EL
Presidente del Gobierno podría poner el oído en tierra y sentir cómo crece en
el suelo de Madrid esa vibración. Y comprender que lo que allí se articula ya es un
mensaje. No trata del “descontento por los recortes”, al que está acostumbrado.
No, esta voz va mucho más allá: Cuestiona la legitimidad misma de sus acciones.
Cuestiona la politización de una gestión pública dejada a la impericia de niños
ambiciosos del partido en vez de a los expertos. Cuestiona el funcionamiento
mismo de estas familias‐partido y su oscura red de servidumbres y privados amoríos. Cuestiona toda
una forma de hacer política de espaldas o incluso en contra de los ciudadanos. Exige
transparencia y exige, más que nada, y más que nunca, participación.
El mensaje
ha rebosado hace mucho todo círculo social señalado y comienza a empapar toda la ciudad. Germina un
diálogo nuevo, alimentado en la miríada de nuevas asociaciones que se tejen
cada día en los barrios. Concreta y profundiza las preguntas, busca
alternativas. Todo el mérito se debe a una clase política lejana y torpe que
ha tocado lo que no debía, agrediendo a la sociedad en niveles de su conciencia
más sensibles que el económico. Como son aquellos donde la inteligencia
colectiva se descubre mentida, y humillada su dignidad. Aquel donde un pueblo
se sobresalta comprendiendo que su intangible soberanía le puede estar siendo
arrebatada.
Si nuestros
políticos ignoran esa voz será porque no cogen el autobús, no se sientan en el metro, no
frecuentan los mercados. Y si no lo ignoran, ¿por qué no les importa?, ¿cómo
planean contener sus consecuencias? ¿Multiplicando por 18 el presupuesto en
material antidisturbios?
Ya nadie
duda de que la marea blanca cuestiona mucho más que las acciones privatizadoras
de Lasquetty,
si bien habrá sido suya la gota que colma el vaso. De hecho no fue él sino el
gobierno de la nación quién abrió la caja de pandora en Sanidad el pasado Abril
con un Decreto (16/2012) que consagra la pérdida de la universalidad,
dejando excluidas del Sistema Sanitario a cientos de miles de personas,
instaurando la figura del “aseguramiento” como garantía del derecho, y dividiendo
la cartera única de servicios. Esta fractura rompe la equidad al obligar al
re‐pago, por los más enfermos, de muchas medicinas y servicios. Una y otra
medida no solo empobrecen, sino que “criminalizan” a amplios grupos sociales
(inmigrantes, parados, jóvenes, enfermos crónicos). Ambas pervierten la
solidaridad y rompen la cohesión social extendiendo la idea de que el más pobre
y el más enfermo debería pagar más, el primero porque contribuye menos (en
parte es falso) y el segundo porque usa más (ambulancias, medicinas, prótesis).
El enfermo es culpabilizado por serlo y castigado a pagar de nuevo (re‐pagar, no
copagar), diferenciándole así de los demás contribuyentes. Se rompe así la equidad del sistema.
La cartera de servicios ya no es pagada igual por todos, y se exalta el bizco
egoísmo de los sanos, que olvidan que no lo serán siempre.
Tanto este Decreto
16/2012 que desmonta la equidad y universalidad de nuestro modelo sanitario
como el Plan privatizador en Madrid vienen envueltos en una propaganda tan
decidida de falsedades que se entienden aquellas palabras de Weil señalando
la manipulación de la verdad como la raíz de la violencia y la injustica en las
sociedades. La retórica de nuestros gobernantes sobre sus medidas de
“eficiencia” en Sanidad ofrece paralelismos asombrosos con la que usó el
gobierno nazi cuando prometía salir de la crisis alemana. “los idiotas y
enfermos viven en hospitales como príncipes en sus palacios mientras los sanos
trabajadores alemanes los mantienen…”
Si Rajoy no
percibe y afronta a tiempo la
tormenta que su Ministra de Sanidad está desencadenando con la aplicación de un
Decreto de aseguramiento y repagos que los ciudadanos van comprendiendo…y no
siente el temblor que González y su consejero han provocado con sus oscuras
privatizaciones, verá las olas crecer y arrastrar mucho más que unas pocas
inmundicias de ambos partidos. Se elevarán más de lo imaginable al unirse a
otras mareas. Y más importante: Sus preguntas al retirarse serán profundas.
Porque la respuesta que exigen es moral. La historia conoce bien el poder
aglutinador y transformante que puede alcanzar una reivindicación ética común.
Si la
sordera o la arrogancia impide a nuestros gobernantes escuchar y responder, la
pregunta ciudadana continuará ahondándose, hasta rozar los cimientos de nuestro
modelo de contrato social. Aquel que establece cual es el lugar concreto de
estado, gobierno y ciudadanos. Podría llegar a preguntar sobre la vigencia del
actual.
Un ciudadano
de Madrid
No hay comentarios:
Publicar un comentario