Publicado en
4 marzo, 2014 por Víctor Arrogante
La enseñanza pública en España, ha venido siendo un
tema político ideológico de disputa entre la izquierda y la derecha, entre el
laicismo y la confesionalidad. El gobierno actual pretende, desvirtuando lo
público en general y la enseñanza en particular, desmantelar el sistema,
apoyando lo privado frente a lo público y lo religioso frente a lo laico,
propio del nacional-catolicismo que profesan.
Recordemos el caso que está ocurriendo estos días en
el municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, donde la Comunidad de Madrid,
ha cancelado su compromiso para construir un instituto público de enseñanza
secundaria —partida presupuestaria aprobada, proyecto hecho y a punto de
empezar la obra—, con el único objeto de favorecer la enseñanza privada
concertada en la zona, en detrimento de la pública. Concretamente, en Cerceda,
se encuentra el centro concertado Montesclaros, de carácter confesional —que
gestiona una empresa del presidente de la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM) Arturo Fernández—, que con capacidad para 1.200 alumnos, no cubre ni el
40% de su capacidad, por lo que tiene problemas de viabilidad.
La historia de España es reiterativa. Ya en la época
de Carlos III, se realizaron varias reformas, que serían el germen del actual
sistema educativo. La enseñanza, tradicionalmente, venía siendo impartida en
centros religiosos, hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Entonces se
fundaron los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, dedicados a la enseñanza
secundaria, cuyos profesores eran elegidos por concurso, en lugar de ser
elegidos por las órdenes religiosas. En España toda una novedad.
La enseñanza pública en España, ha venido siendo un
tema político ideológico de disputa entre la izquierda y la derecha, entre el
laicismo y la confesionalidad.
Los constituyentes de Cádiz, le dieron gran
importancia a la educación, dentro de un Estado confesional y con religión
oficial y única la católica, apostólica y romana. La Constitución de 1812,
dedicaba el Título IX a la instrucción pública. Decía su artículo 366: «En
todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras,
en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de
la religión católica y comprenderá también una breve exposición de las
obligaciones civiles». Establecía que se creara un «plan general de enseñanza»
uniforme para todo el Reino, «debiendo explicarse la Constitución política de
la Monarquía». Fernando VII se encargó de que la educación volviera a manos de
la Iglesia, creando una Junta de Instrucción Pública elaborando un programa
acorde con los principios del absolutismo.
Muchos planes se derogaron y otros tantos quedaron promulgados
desde entonces, con una misma constante: enseñanza religiosa frente a una
enseñanza laica más «liberal», entendiendo el término liberal, como entonces se
entendía. La Segunda Republica estableció un sistema acorde con el pensamiento
republicano, en el que la educación pública era una función esencial del
Estado, aceptándose la existencia de la enseñanza privada siempre que no
persiguiera fines políticos o partidistas. La educación pública debía ser
laica, aunque en la escuela se diera información «sólo» sobre la historia de
las religiones como otra materia más, con especial referencia a la católica. La
enseñanza gratuita, especialmente en la primaria; la educación con un carácter
activo, creador y social, integrando la escuela en la sociedad, con una mayor
conexión entre los padres y la comunidad educativa. Defendía la educación
mixta, donde los niños y niñas debían formarse juntos conforme a un mismo
programa. Un auténtico proyecto progresista.
En el segundo bienio, tras el triunfo electoral de la
CEDA, se produce un giro en la política republicana que influirá también en la
educación. La «Contrarreforma» hace disminuir el número de alumnos y prohíbe la
coeducación en la escuela primaria. Salvando la época de guerra, con el
franquismo, como era de esperar y temer, la enseñanza recoge la ideología del
régimen de Franco, que considera a la educación como un derecho de la familia,
la Iglesia y el Estado, incorporando el pensamiento nacional-católico de
orientación fascista. La educación tenía un carácter confesional y patriótico,
buscando la unificación lingüística de todo el Estado, declarando a la
Educación Primaria obligatoria y gratuita con separación de sexos.
La Constitución de 1978, enmarca a la educación en el
artículo 27: «Todos tienen el derecho a la educación», reconociendo la libertad
de enseñanza, siendo la básica obligatoria y gratuita. Establece que el objeto
de la educación es lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana «en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales», encomendando a los poderes públicos a que garanticen
«el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
A partir de aquí, todos los gobiernos que han accedido
al poder, han aprobado leyes, decretos y planes, hasta llegar a la actual Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, que pone todo
el sistema al servicio de la Iglesia. La ley Wert, se ha aprobado con la
oposición parlamentaria y de espaldas a maestros, padres y alumnos. El gobierno
está desmantelando el sistema educativo, como otros servicios públicos, creando
su propio modelo, adaptándolo a su ideología, característico de la derecha más
reaccionaria, como siempre ha hecho cuando ha ocupado el poder.
El gobierno está incumpliendo el espíritu de la
Constitución. La libertad de enseñanza se aplica en beneficio de la enseñanza
privada concertada, en perjuicio de la pública. Recorta el número de
profesores, aumenta las ratios en escuelas infantiles, colegios e institutos;
elimina centros de formación de profesores. Elimina becas de acceso, para
comedores, transportes y libros; todo en perjuicio de la calidad y del acceso
en igualdad al sistema público. Los recortes son un atentado de carácter
ideológico, para acabar con la educación pública y los principios que la
sustentan. Es un ataque contra el principio de igualdad en el acceso al
conocimiento y a la cultura.
Lo que se precisa no es recortar, sino invertir en
enseñanza pública de calidad, como una de las mayores riquezas y principal
recurso de un país. Si además, como ocurre, se está impidiendo el acceso a la
educación a una mayoría de la población, por razones económicas y sociales, se
están incumpliendo los principios constitucionales de libertad, igualdad y no
discriminación y por tanto contrariando un derecho fundamental.
El caso es flagrante en El Boalo, Cerceda y
Mataelpino, con la cancelación del compromiso de construcción de un instituto
de enseñanza secundaria, por la Comunidad de Madrid, todo para favorecer a un
empresario amigo, primando lo privado a lo público. Lo que reclaman los vecinos
y la corporación municipal «no es un lujo para el municipio, sino un derecho y
una necesidad», una apuesta por la enseñanza pública.
Víctor Arrogante
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