"60 de los 88 consistorios se quedarán
sin apenas competencias", afirma CC.OO.
Miércoles, 19 de junio
de 2013
La nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, con la que el Ejecutivo Rajoy
espera "ahorrarse" alrededor de 8.000 millones de euros,
suprimirá 10.000 puestos de trabajo en Canarias. Estos son, al
menos, los cálculos realizados por Comisiones Obreras, que ha expresado su
rechazo al anteproyecto de ley presentado el pasado mes de mayo por el ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro. CC.OO.
denuncia, asimismo, que la administración local canaria ya ha perdido más de 4.500
puestos desde julio de 2009.
Como se recordará, la nueva legislación quitará a los municipios considerados "ineficientes" con menos de 20.000 habitantes la capacidad de gestionar servicios esenciales para sus ciudadanos. Según los Colegios de Trabajo Social, en Canarias las consecuencias de esta "reestructuración" serán más graves que en otras regiones del Estado, ya que se verán afectados 61 de los 88 municipios de las Islas, casi el 70%, en los que se concentra una población de más de 430.000 personas.
Este lunes, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Pedro Moreno, advertía que el recorte "afectará tanto a empleados directos como a los que dependen de las fundaciones y empresas públicas asociadas a los ayuntamientos".
"Si se aplicara tal y como se plantea en estos momentos, 60 de los 88 consistorios isleños se quedarían sin apenas competencia por tener menos de 20.000 habitantes y 400.000 ciudadanos se verían afectados", aseguró Moreno. En su opinión la reforma que pretende hacer el Gobierno central "atenta contra el municipalismo como elemento de cohesión social" y esconde, a su entender, "la intención de privatizar los servicios públicos" de las localidades.
En respuesta, CCOO ha realizado un llamamiento "a la unidad" dirigido a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a la Federación Canaria de Islas (Fecai) para defender las competencias y servicios públicos de los consistorios isleños "todos juntos". "El Gobierno de Canarias también debería implicarse en este rechazo", afirmó Pedro Moreno.
Por su parte, los trabajadores sociales de las Islas consideran también que el "texto legal abre la puerta a desatender o en el mejor de los casos privatizar aquellos servicios que las comunidades autónomas no puedan atender por falta de recursos" y sostienen que la nueva legislación "responde a las políticas neoliberales que está imponiendo la troika, un organismo que no ha sido elegido por los ciudadanos".
Como se recordará, la nueva legislación quitará a los municipios considerados "ineficientes" con menos de 20.000 habitantes la capacidad de gestionar servicios esenciales para sus ciudadanos. Según los Colegios de Trabajo Social, en Canarias las consecuencias de esta "reestructuración" serán más graves que en otras regiones del Estado, ya que se verán afectados 61 de los 88 municipios de las Islas, casi el 70%, en los que se concentra una población de más de 430.000 personas.
Este lunes, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Pedro Moreno, advertía que el recorte "afectará tanto a empleados directos como a los que dependen de las fundaciones y empresas públicas asociadas a los ayuntamientos".
"Si se aplicara tal y como se plantea en estos momentos, 60 de los 88 consistorios isleños se quedarían sin apenas competencia por tener menos de 20.000 habitantes y 400.000 ciudadanos se verían afectados", aseguró Moreno. En su opinión la reforma que pretende hacer el Gobierno central "atenta contra el municipalismo como elemento de cohesión social" y esconde, a su entender, "la intención de privatizar los servicios públicos" de las localidades.
En respuesta, CCOO ha realizado un llamamiento "a la unidad" dirigido a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a la Federación Canaria de Islas (Fecai) para defender las competencias y servicios públicos de los consistorios isleños "todos juntos". "El Gobierno de Canarias también debería implicarse en este rechazo", afirmó Pedro Moreno.
Por su parte, los trabajadores sociales de las Islas consideran también que el "texto legal abre la puerta a desatender o en el mejor de los casos privatizar aquellos servicios que las comunidades autónomas no puedan atender por falta de recursos" y sostienen que la nueva legislación "responde a las políticas neoliberales que está imponiendo la troika, un organismo que no ha sido elegido por los ciudadanos".
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