EFE
Madrid 26/06/2013 18:50 Actualizado: 26/06/2013 19:21
Ancianos descansan en un
banco. -EFE
Dos
catedráticos y un investigador en estudios demográficos discrepan sobre la
realidad de los datos demográficos que constan en el informe sobre la reforma
de las pensiones y aseguran que las probabilidades de que se cumplan son muy
bajas, mientras dudan de la constitucionalidad del texto.
En
la Comisión del Pacto de Toledo han comparecido hoy el investigador del Centro
de Estudios Demográficos y profesor asociado de la Universidad Autónoma de
Barcelona Amand Blanes Llorens, el catedrático de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco Felipe
Serrano y el catedrático Emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de
la Universidad de Deusto Manuel María Zorrilla. Los tres han discrepado sobre
el informe elaborado por el Comité de Expertos relativo al factor de sostenibilidad
de las pensiones y mientras Blanes y Serrano han asegurado que las estimaciones
del INE sobre evolución demográfica han sido "manifiestamente
erróneas" en años anteriores, el catedrático Manuel María Zorrilla, ha
aseverado que el informe no tiene base constitucional.
Amand
Blanes cree que actualmente existe una gran incertidumbre para
determinar la evolución demográfica en los próximos años y ha aseverado que la
probabilidad de que en 2050 haya 9 millones menos de población activa, según la
proyección del INE, "es muy baja". En el mismo sentido, Felipe
Serrano ha dicho que "vivimos en un mundo con incertidumbre y en todas las
proyecciones que se hacen hoy para dentro de 40 años, la probabilidad de que
ocurra es cero".
"En
todas las proyecciones que se hacen hoy para dentro de 40 años, la probabilidad
de que ocurra es cero" En su opinión, el informe del Comité de Expertos
que propone ajustar las pensiones a la esperanza de vida a la edad es una
"reforma de nuevo cuño" que haría que las pensiones disminuyeran
en términos reales y ha incidido en que rebajaría el estándar de calidad de
vida de los pensionistas que reclama Bruselas. Para paliar este problema,
Serrano ve conveniente inyectar liquidez al sistema de la Seguridad
Social a través o bien de un aumento de las cotizaciones sociales que pagan los
trabajadores, "un porcentaje entre los mas bajos de Europa" o a
través de un cambio en la naturaleza de las pensiones de viudedad con el fin de
que dejaran de ser contributivas y fueran financiadas mediante impuestos.
Añade
que también habría que dedicar en el futuro una parte de la cuota por desempleo
hacia contingencias comunes. En su opinión, con estas tres medidas se
lograría un ahorro al sistema algo superior a 3,5 puntos del PIB.
Por
su parte, Blanes ha reconocido que las proyecciones de población son útiles
para ver tendencias "de fondo" y no tanto para ver resultados
precisos y ha incidido que ante la actual situación económica "la
incertidumbre es todavía mayor porque está condicionada por el flujo de la
economía". Asimismo, ha asegurado que la proyección demográfica de España no
es de las peores dentro de la Unión Europea y ha aseverado que la
repercusión es incluso "más fuerte en Alemania a medio y largo
plazo".
Blanes
ha advertido de que la reforma del factor de sostenibilidad propuesta por el
Comité de Expertos supone además un "doble ajuste" para los
trabajadores más maduros, a lo que también afecta la reforma de 2011 que
propone prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años. El
catedrático Emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social Manuel María
Zorrilla ha aludido a la posible inconstitucionalidad de esta propuesta, que no
tiene el ordenamiento jurídico europeo. "Los orígenes del informe no
son constitucionales", ha dicho, tras lamentar "la escasa alusión
a los fundamentos constitucionales que apenas se citan" y alegar que en la
exposición de motivos del Tratado de Maastrich "se reconoce el derecho a
la Seguridad Social como fundamental".
Según
Zorrilla el derecho a la Seguridad Social está en el informe en un plano
inferior al que debe garantizar el derecho europeo. Los catedráticos que han
comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo han coincidido en que hay tiempo
suficiente para acometer una reforma del factor de sostenibilidad que
podría comenzar en 2020.
Fuente: www.publico.es
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