Artículos de
Opinión | Tomas F. Ruiz | 22-06-2013 |
La corona
española se encuentra inmersa en un irremediable proceso de descomposición.
Como ciudadanos que desde muchas generaciones atrás vienen sufriendo este
caduco sistema de gobierno, los españoles son los encargados de enterrar, de
una vez por todas, esta abyecta institución. Del rey actual, el autodenominado
Juan Carlos I de España, no cabe esperar ninguna voluntad de abdicación. Carece
de la mínima dignidad que debe tener un hombre de Estado para dar ese paso. En
su nombre, todas las instituciones de la corona, en especial la corrupta
Justicia española, actúan persiguiendo y reprimiendo a todos los que levantan
su voz contra el rey.
No hay duda
de que aún quedan muchos prejuicios, inevitablemente heredados de la misma
dictadura que impuso en España la monarquía, que hacen creer a la población
española que la desaparición del rey provocaría inevitablemente una situación
de caos y trauma social. El caos y el trauma social ya los tenemos ahora aquí.
Esta caótica situación que vivimos, en la que se está despojando al pueblo
español de todos sus derechos y, lo que es peor, de sus medios de vida, no es
otra cosa que la lenta agonía de la monarquía. Una agonía que, como la de todas
las instituciones caducas, provoca incertidumbre, miedo y sufrimiento social.
No obstante, hay que dejar claro que la desaparición de la monarquía sería
solamente uno de los muchos pasos necesarios para que la situación se
normalizara. También debe ser el primero, por constituirse la corona como el
principal símbolo de amparo para la corrupción y el saqueo generalizado que
imperan en este país.
Sobran
razones para plantearse ya la desaparición definitiva de la monarquía española
–un infecto nido de parásitos codiciosos, estafadores del erario público y
cazadores descerebrados- y estas han sido ya extensamente expuestas por
numerosos ciudadanos españoles: escritores, periodistas, intelectuales de muy
diversas ideologías, actores y hasta militares.
Lo que los
ciudadanos españoles están empezando a comprender es que su rey no sólo es, tal
y como ya ha sido señalado, el responsable último de todas las torturas que se
cometen en el Estado español. Su condición de jefe supremo de la nación hace al
rey ser también el responsable de la brutal represión con que la policía
aplasta los derechos civiles y políticos de los españoles; el responsable de
todas las detenciones ilegales que -siguiendo las costumbres del aún vigente
franquismo- se están produciendo cada día con más frecuencia en nuestro país;
el responsable de todos los desahucios que dejan en la calle a cientos de miles
de familias; el responsable de la impunidad con que los jueces amparan hoy a
políticos corruptos, banqueros mafiosos, torturadores de cuerpos de seguridad
del Estado y hasta toreros borrachos… De toda esta situación que vivimos hoy en
España es responsable, por ser la máxima autoridad del Estado y no poner
medidas correctoras, el rey.
Ante un
cuadro clínico tan demoledor como el que padece hoy en día España, la
constitución de una alternativa política que evite un caos aun mayor resulta
más que urgente. Un gobierno provisional, constituido por ciudadanos que hayan
destacado por su pensamiento antimonárquico y por su posición pública en contra
de la injusticia que impera hoy en España, podría servir de transición hacia la
legitimación de un nuevo sistema democrático en este país. Los componentes de
una opción de gobierno de estas características no recibirían ningún tipo de
sueldo, ya que su ejercicio como representantes de una alternativa política
digna es una elección personal a la que se sumarían sin esperar ningún tipo de
gratificación económica. Como institución de transición que sería, este
gobierno se extinguiría en un plazo límite de tiempo que no superaría el año,
una vez que se hubiera cumplido su objetivo de restablecer la legitimidad
republicana en España.
Sus más
perentorias actuaciones -tras abolir la monarquía- serían liberar a todos los
presos políticos que aún existen en este país, revisar las condenas injustas,
declarar nulas de pleno derecho todas las actuaciones de desahucio y despojo de
bienes promovidas por los bancos, anular las leyes dictadas contra intereses
del pueblo, disolver todos los tribunales que operan hoy en España bajo la
autoridad de la corona y procesar a cuantos magistrados hayan colaborado, tanto
en la represión y tortura de ciudadanos, como en la violación de derechos
humanos y el empobrecimiento sistemático de la población.
Ningún
tribunal legítimo podría acusar a los componentes de esta alternativa de
gobierno de “conspiración contra el Estado”, ya que en ningún momento harían
apología de la violencia y actuarían a cara descubierta, con todos sus miembros
identificados, bajo el derecho de libertad de reunión o asociación que prevé la
Constitución española. Resulta impensable que cuando el actual gobierno de
España se vea cercado y comprenda que ha llegado al final de su demoledor
mandato, declare el estado de sitio (para lo que necesitaría la aprobación de
la oposición en el Parlamento), imponga la ley marcial y suprima a golpe de
fusil los pocos derechos fundamentales que aun le quedan a los españoles. Un
paso así significaría la guerra civil y no es nada probable que nuestros
“socios europeos” (con la Comisión Europea y el Banco Central a la cabeza) le
dieran su aprobación. A fin de cuentas, es el interés económico el único que
dirige todas sus actuaciones y el estallido de un conflicto armado en nuestro
país llevaría al traste muchos de sus propósitos de inversión.
La lucha por
el final de la monarquía y la constitución de este país como república ha
empezado ya en las calles de muchas ciudades españolas. Aunque los políticos no
la dejen llegar a las instituciones, es inevitable que tarde o temprano la
presión social reventará un sistema de gobierno que cada día se basa más en la
corrupción, la represión y la violación de derechos humanos.
“A la
monarquía española no le quedan ni dos años de vida”. Son palabras de uno de
los más dignos representantes de la nueva ideología republicana, el coronel
Amadeo Martínez Inglés. Si es así, hay que darse prisa en ofrecer alternativas
para evitar que la situación traumática que vive la población española llegue
hasta un punto sin retorno, a partir del cual las vías pacíficas de cambio no
serían factibles ya.
Tomás F.
Ruiz
Alternativa
Republicana – Londres
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