El presidente de la CEOE también se ha
referido a la Sanidad: "El 85 % de los funcionarios prefiere la sanidad
privada, por algo será"
EFE Madrid 25/06/2013
17:59 Actualizado: 25/06/2013 18:14
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, durante la
presentación de su último ensayo "Reformas o declive". -EFE
El presidente
de la CEOE, Juan Rosell, ha sugerido hoy que quienes cobren
indemnizaciones por despido a partir de 80.000 o 100.000 euros no deberían
percibir la prestación por desempleo, o "al menos" que esas
indemnizaciones estén sujetas a retención fiscal.
Durante la
presentación de su último ensayo Reformas o declive, publicado por
Deusto, Rosell ha reconocido que la prestación por desempleo es un
derecho que adquieren los trabajadores que previamente han cotizado a la
Seguridad Social, pero ha defendido que se busquen fórmulas alternativas
que eviten gasto al Estado en el caso de las personas que han recibido
indemnizaciones más altas. En este sentido, ha calculado que cada año las arcas
públicas dejan de ingresar 300 millones de euros por la bonificación
fiscal que supone el que las indemnizaciones por despido estén libres de
impuestos.
En el plano
fiscal, Rosell ha abogado por tipos impositivos lo más bajos que se
pueda, "cuando haya margen", pero eliminando las
bonificaciones tanto en el impuesto de sociedades como en el IRPF, con el
objetivo de tener un sistema "más claro". Asimismo, ha considerado
que los contribuyentes tendrían que tener más capacidad de decisión
sobre el gasto público, razón por la que admira la democracia suiza y su
sistema de consulta directa al contribuyente.
Rosell:
"Los contribuyentes tendrían que tener más capacidad de decisión sobre el
gasto público"
Según
escribe en el libro "el despilfarro debería ser un escándalo público"
y el ciudadano tendría que tener la opción de saber cuánto cuestan las cosas y
si apoya ese gasto, como en el caso de las televisiones públicas, que
a Rosell le parecen un "contrasentido" cuando las privadas cuestan
menos y "dan mayor satisfacción a los ciudadanos. Entre las
reformas pendientes, señala la de las administraciones públicas, aunque cree
que el Gobierno ha dado un primer paso intentando identificar los problemas.
En su ensayo
se pregunta cómo es posible que en la administración central sigan existiendo "abultadas
plantillas" en educación y sanidad si se trata de competencias
transferidas a las comunidades autónomas. Respecto a la gestión de la sanidad,
considera que se lograría una mayor eficiencia si se diera más participación al
sector privado, algo en lo que ha incidido durante la rueda de prensa cuando ha
dicho que si "el 85 % de los funcionarios prefiere la sanidad privada, por
algo será".
También se
ha referido a la necesidad de hacer cambios en la legislación laboral,
mucha de la cual considera "bastante obsoleta", puesto que cree que
está pensada para una economía de grandes empresas industriales cuando en
España predomina el sector servicios.A su juicio, habría que reducir el número
de contratos a un máximo de 5 o 6 y simplificar al máximo la legislación para
que se entienda y haya menos margen a la interpretación judicial.
Sobre los sindicatos
ha dicho que deberían hacer como la patronal, que está en "plena
refundación", y apostar por la transparencia, sobre todo con el dinero
público, para evitar la "injusticia" de que se presente a patronales
y sindicatos como "grandes perceptores de subvenciones".
Fuente: www.publico.es
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