El partido Soberanía
ha ampliado en la Audiencia Nacional la querella que interpuso contra el Rey
Juan Carlos acusándole de haber participado en la denominada 'trama civil' del
23-F para solicitar a este órgano judicial que tenga en cuenta que ha perdido
la inviolabilidad desde el momento de la abdicación.
El abogado
querellante José Luis Mazón ha ampliado el recurso que interpuso ante la Sala
de lo Penal contra la decisión del juez Santiago Pedraz, que rechazó la demanda
que presentó contra el Rey y contra el expresidente del Gobierno Felipe
González por haber participado, a su juicio, en esta trama sustentándose en el
libro del rey de la escritora Pilar Urbano 'La gran desmemoria'.
En su
escrito, el partido destaca que Don Juan Carlos abdicó de la Jefatura del
Estado este lunes y, por lo tanto, "perdió" la inviolabilidad
derivada de este cargo, debiendo ser investigado por un presunto delito de
rebelión.
Además,
amplía la querella para investigar la relación del exdiputado socialista
Enrique Múgica y del antiguo político del PCE Ramón Tamames en el "golpe
blando".
Pedraz
rechazó la querella
El
magistrado Santiago Pedraz rechazó a principios de mayo esta querella al negar que
los hechos recogidos en el libro fueran constitutivos de un delito de rebelión
y recordó que la figura del Rey es "inviolable y no está sujeta a
responsabilidad",
El titular
del Juzgado Central de Instrucción número 1 apuntó que la Constitución
"prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para
declarar ni para ser juzgado".
En relación
con el exjefe del Ejecutivo, su auto señaló que "no se aprecia ningún
elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su
participación" en la trama golpista, a lo que añadió "la prescripción
del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que
se le pretende atribuir".
La Fiscalía
pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su
"inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que
el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora
investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde
que acaecieron"La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar
Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó
"una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una
trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada
por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".
Fuente: www.diariocritico.com
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