Como es conocido, el
gobierno reformó, en solitario, la Ley Orgánica del Poder Judicial, para
limitar la justicia universal, promovida a través de una proposición de ley,
que se tramitó por urgencia y en lectura única —casi a traición y sin debate—,
por lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tuvo ocasión de
pronunciarse, como es preceptivo. Todo parece que la reforma vino por la
presión de la China popular. Es la tendencia, incluso la política urbanística de
Madrid es china.
04 de
junio de 2014
Abundando más en el despropósito, el pasado día 29, el PP
rechazó en el Congreso de los Diputados, las propuestas del PSOE y de CiU, para
que el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, emitiera un informe de valoración
sobre la reforma, la cual está siendo cuestionada y criticada duramente por
jueces y fiscales, que han abierto la vía para llevar la nueva norma al
Tribunal Constitucional. Por su parte Jueces para la Democracia, censura que el
gobierno renuncie a la defensa de los Derechos Humanos, dejando indefensos a
los españoles, por intereses políticos. «Quienes ganan especialmente con estas
reformas legales son los genocidas y los autores de graves crímenes contra la
humanidad, que verán aumentar la impunidad de sus delitos».
Decía el ministro de asuntos exteriores Margallo, en el
programa Espejo Público hace unos días, entre risas generalizadas de los
contertulios: «España no puede convertirse en una especie de gendarme
internacional; es decir, el pensar que España, puede juzgar lo que pasó en el
Tibet hace quince o veinte años, con los medios que tenemos es ilusorio y nos
crea unos conflictos tremendos». A la pregunta de una periodista sobre si llamó
China para pedir esta reforma, el diplomático, como zorro viejo, contestó con
más risas: «eso forma parte del secreto del sumario». Lo que hace entender que
hubo llamada.
El detonante para que el gobierno reformara la ley de
justicia universal, fue el auto del juez Ismael Moreno de la Audiencia
Nacional, en el que pedía la detención e ingreso en prisión incondicional y sin
fianza, por presuntos delitos de «genocidio, tortura y lesa humanidad» por el
genocidio en el Tibet, para el ex-presidente chino Jiang Zemin —1993 y 2003—,
para Li Peng, es-primer ministro chino y de otros dirigente del Partido
Comunista de China. Según todas las fuentes, el gobierno habría recibido
presiones económicas de China para paralizar este proceso. Teniendo en cuenta
de que China posee el 20% de la deuda española, no cabe añadir más palabras.
La eliminación de la justicia universal en España, tiene
otras consecuencias, no solo relacionadas con la República Popular China, sino
contra la persecución de los delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o
narcotráfico. De hecho, hasta ahora y en aplicación de la ley, han sido puestos
en libertad no menos de 43 narcotraficantes internacionales. Mientras la
corrupción, los criminales genocidas y delincuentes internacionales pueden
campear a sus anchas por España, el gobierno persigue y encarcela a quienes
ejercen el derecho a protestar en calles y plazas contra las políticas
antisociales o manifestándose en Twitter o Facebook. Hasta cien fiscales
trabajan en España para valorar los delitos en las redes sociales.
La Fundación Baltasar Garzón ha celebrado un congreso sobre
«La justicia universal del siglo XXI», en el que se ha analizado la reciente
reforma, que como hemos visto, limita la persecución de los delitos de lesa
humanidad cometidos por extranjeros fuera de nuestras fronteras, lo que origina
que los jueces y fiscales se vean en la obligación, aplicando la ley, de
liberar a narcotraficantes o impedir la captura y enjuiciamiento de
delincuentes relacionados con el crimen organizado. «En un sistema como el
nuestro de división de poderes, el Parlamento aprueba las leyes, el Gobierno
tiene la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, y los jueces de
aplicarlas», recordaba Sáenz de Santamaría, cuando lo cierto es que en España,
la división de poderes es una entelequia.
El Congreso emplaza a perseguir, bajo el principio de
justicia universal, los graves delitos contra la naturaleza, crímenes
económicos, o los fraudes alimentarios; la especulación de precios sobre
productos de primera necesidad de los que dependa la supervivencia o la salud
de las personas; la explotación laboral ilegal de menores; o la explotación
ilícita de recursos naturales. En relación con el principio de «comunidad de
intereses», por el que es permisible la aplicación de la legislación nacional a
ciertas acciones delictivas que atentan contra valores jurídicamente protegidos
y de interés para la comunidad internacional, entendieron que debe ser
aplicable al tráfico ilícito de armas a zonas de conflicto o con la prohibición
expresa de exportación por Naciones Unidas o la destrucción «irreversible» de
ecosistemas.
Las conclusiones piden que los Estados donde se cometieron
los hechos, no puedan alegar prescripción, amnistía, indultos u otras medidas
similares para exonerar de responsabilidad a los presuntos criminales. En este
sentido, sugieren que el país donde se encuentre el sospechoso, inicie una
investigación y acuerde las medidas cautelares personales y patrimoniales
convenientes para asegurar su presencia, con independencia de que exista una
previa petición de extradición. Para los expertos, los tribunales internos
deben complementar a la Corte Penal Internacional en la investigación o el
enjuiciamiento de los delitos que sean competencia de este órgano, garantizando
los derechos de las víctimas y de sus familiares directos.
España, pionera en la lucha internacional contra los
crímenes «que tienen a la humanidad como sujeto pasivo», ahora retrocede,
afirmaban desde Jueces para la Democracia. Con esta reforma, Rajoy y los suyos
quedan retratados. «Es un paso atrás en la lucha contra la impunidad». Está
abocando al archivo de numerosas causas que está investigando la Audiencia
Nacional, no solo el genocidio en el Tíbet, sino la muerte de José Couso, los
genocidios en Guatemala, Ruanda o Sáhara, o el asesinato de Ignacio Ellacurría
en El Salvador. La reforma supone una interferencia más del ámbito político en
el judicial, desvirtuando la división de poderes a la que con tanto énfasis se
refería la vicepresidenta, callando ahora vergonzantemente, ante la injerencia
del Fondo Monetario Internacional, cuando reprocha a los jueces españoles, que
estén perjudicando la reforma laboral con una «interpretación restrictiva sobre
los despidos».
El principio de justicia universal no puede desaparecer por
intereses comerciales, diplomáticos, estratégicos y mucho menos por intereses
ideológicos y partidistas del PP. El gobierno defiende a los corruptos, porque
son suyos; dejando impunes horrorosos crímenes contra la humanidad; mostrando
falta de sensibilidad y desprecio hacia las víctimas, que son nuestras. Frente
a esto, el gobierno reprime sin escrúpulos a quienes protestan o participan en
piquetes informativos pacíficos, desprotegiendo a la ciudadanía frente a la
barbarie criminal. Contra la impunidad #YoTuiteoNoSaqueo
Víctor Arrogante
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