El Gobierno tiene que tomar decisiones
sobre el modelo económico. Puede optar entre agravar la situación o empezar a
corregirla, pero no debe privilegiar los intereses de su coalición electoral a
costa del porvenir
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| EVA VAZQUEZ |
Como era previsible, Mariano Rajoy ha
utilizado el debate del Estado de la Nación para presentarse como el artífice
del mejor de los mundos posibles. Gracias a él, España ha preservado su
soberanía frente a Bruselas, la unidad indivisible de la nación española está garantizada,
y la economía ha superado la recesión. Es solo cuestión de tiempo hasta que,
gracias a la reforma laboral que su gobierno ha impuesto contra toda sinrazón,
el mercado de trabajo recupere su mejor cara. Y todo ello sin el apoyo de la
oposición, incapaz de cooperar lealmente, de superar sus líos internos y, sobre
todo, de formular una alternativa atractiva para la mayoría de los españoles.
Es muy probable que el presidente Rajoy y su partido se crean su propio
discurso. Pero este cuento de primavera oculta una realidad bien distinta.
Tenemos hoy
mucha más información acerca de las estrategias económicas que fomentan
distintas formas de crecimiento sostenible, y de sus consecuencias. La clave
está en priorizar la inversión sobre el consumo. Inversión significa hacer un
esfuerzo hoy para recoger los frutos mañana e implica concentrar los recursos
disponibles en educación, investigación, desarrollo, y servicios que faciliten
tanto un mejor encaje entre oferta y demanda de trabajo como la incorporación de
la mujer al mercado laboral. Consumo significa dedicar presupuesto a
transferencias de renta para su uso a corto plazo. Los países que combinan
altos niveles de consumo e inversión, como los escandinavos, generan
crecimiento e igualdad. Los que priorizan la inversión sobre el consumo, como
Estados Unidos, generan crecimiento a costa de la igualdad. Pero los que
tienden a primar el consumo, sobre todo si es poco progresivo y basado en la
captura del sector público por parte de intereses bien organizados, generan
desigualdad e ineficiencia. Italia y España son dos ejemplos de esta última
combinación letal para generar un crecimiento sostenible. Para poder combinar
de manera efectiva altos niveles de consumo e inversión se necesitan niveles de
capacidad fiscal mucho más elevados que los que tiene España. Para ello hacen
falta reformas de calado, como discutía Antoni Zabalza en estas mismas páginas,
de resultado visible solo a medio plazo.
Aunque poco,
el gobierno español tiene margen para tomar decisiones. Puede optar entre
agravar la situación o empezar a corregirla. Retórica aparte, sus preferencias
son diáfanas. Reduce aún más la capacidad recaudatoria del estado con amnistías
fiscales y reformas que huyen del fondo del problema y agravan la situación a
medio plazo, como las propuestas durante el debate del estado de la nación;
redistribuye de manera perversa hacia arriba, renunciando a recuperar las
aportaciones al rescate bancario, mientras insiste en la devaluación interna,
congela pensiones y socava los servicios sanitarios; no acomete reformas para
eliminar la institucionalización de la corrupción, y por tanto del gasto
ineficiente y de la falta de responsabilidad política; mantiene la protección
de intereses especiales vía regulaciones y barreras a la entrada en sectores de
innovación clave (como la universidad o el sector energético); elimina la
protección al empleo sin desarrollar políticas que faciliten mejores
transiciones en el mercado de trabajo, anulando así los posibles efectos
positivos de una mayor flexibilidad en las relaciones contractuales; insiste en
sacrificar la costa y priorizar el turismo como fuente principal de
exportaciones, al tiempo que privilegia a los auto-empleados y pequeños
empresarios en sectores de escasa productividad (esos serán los principales
beneficiarios de la llamada tarifa plana de la seguridad social, una ruta que
se sabe ineficaz); y se afana en retrotraer la educación, la universidad y la
inversión en ciencia y tecnología a niveles de hace dos décadas, mermando aún
más el parco balance entre inversión y consumo que recibió.
La política económica actual frena la inversión y
prioriza el consumo de forma regresiva
De forma
coordinada, el gobierno sacrifica la capacidad fiscal a medio plazo, elimina
cualquier posibilidad de girar el modelo de crecimiento hacia una mayor
presencia de la inversión, y prioriza el consumo de forma regresiva. Hoy
sabemos lo que cabe esperar de este tipo de estrategias: migajas para hoy y
menores oportunidades económicas para mañana. El gobierno privilegia los
intereses a corto plazo de su coalición electoral a costa del futuro de todos.
Sus políticas rescatan a algunos y hunden la prosperidad de casi todos.
Todo ello,
eso sí, desde la permanente profesión de amor a la patria. Como en la política económica,
la distancia entre las palabras y los hechos en la cuestión territorial es
enorme. Frente a las demandas del pueblo catalán por boca de sus representantes
democráticos, se recurre a argumentos historicistas, a batallas contables que
ignoran que el problema concierne a la propia definición del demos, o
simplemente al castizo argumento de que las cosas no van a cambiar "y
punto". La renuncia al diálogo y el fomento del nacionalismo extremo es
una postura torpe si se quiere evitar una crisis institucional sin precedentes.
Si existe voluntad de solucionar el problema, no se trata sólo de hacer
retoques en el senado y en el sistema de financiación, sino de tomarse en serio
el federalismo como pacto democrático desde abajo, como proceso en el que la delegación
de autoridad se hace voluntariamente entre iguales. Si se quiere una unión
estable, es necesario permitir que los posibles miembros (Cataluña entre otros)
se definan clara y libremente, sin amenazas ni coacciones, entre alternativas
bien formuladas tanto en términos de representación política como de
articulación de la solidaridad entre los miembros.
Solo un
nuevo acuerdo constitucional que revise las propias reglas de juego en España y
en Europa tiene alguna posibilidad de ofrecer soluciones políticas aceptables
para las partes. Así hablarían de paso esas mayorías silenciosas a las que
paradójicamente luego se quiere amordazar, y se podrían afrontar muchas otras
carencias del marco institucional de la economía. Soy consciente de lo difícil
que resultaría iniciar un proceso así, pero me parece una salida preferible a
la situación que tendrá lugar si la consulta no se permite y las elecciones en
Cataluña se convierten en un plebiscito sobre la independencia. ¿Por qué tanta
resistencia a plantearse no ya la reforma constitucional necesaria sino
cualquier tipo de diálogo?
La cruz y la bandera
son armas conservadoras para romper alianzas a favor de políticas de izquierda
Además de un
componente ideológico, el inmovilismo del gobierno tiene una motivación estratégica
clara. El uso de problemas identitarios o de valores para dividir posibles
coaliciones que apoyan políticas redistributivas es un tema clásico en el
análisis político. La cruz y la bandera son armas tradicionales de los partidos
conservadores para fragmentar alianzas a favor de políticas económicas de
izquierda. Junto al aborto, la sacralización constitucional aparta el eje de la
competición política de la dimensión económica y ayuda a desviar el foco de una
"recuperación" inapreciable en la economía real. Además, pone al PSOE
ante un dilema envenenado que agrava su delicada situación interna, como
demuestran las tensiones entre sus ramas andaluza y catalana, y expone la
fragilidad de su liderazgo como alternativa. Los esfuerzos, reales, del PSOE por
ofrecer una alternativa económica se pierden en medio de conflictos de valores
y banderas. Y, mientras, paso a paso, se socava cualquier política que amenace
un sistema (al que desgraciadamente el PSOE tampoco es totalmente ajeno) que
sacrifica la inversión a costa de políticas de consumo con claras motivaciones
clientelares.
Stephen
Dedalus, el artista adolescente de Joyce, se refirió a Irlanda como una puerca
que devora a su propia camada (“Ireland is the old sow that eats her farrow”).
La imagen vuelve a la cabeza al analizar la España de hoy. Parapetado en su
inmovilismo constitucional y en la defensa de los no-nacidos, el gobierno
legisla para proteger su hegemonía entre votantes y sectores poco interesados
en una estrategia económica alternativa. Contribuye así a perpetuar una
situación donde los beneficiarios del exceso de consumo a costa de la inversión
seguirán devorando el futuro de sus hijos. A la luz de sus muchos esfuerzos por
privarles de formación y oportunidades, la preocupación del gobierno por los
derechos de los no nacidos constituye una inquietante paradoja. Los jóvenes
huyen de la política y, si pueden, emigran mientras la puerca sonríe empachada,
envuelta en su bandera.
Pablo Beramendi es profesor de Ciencia Política en
Duke University.
Fuente: www.elpais.com
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