El historiador Gutmaro Gómez Bravo revela
detalles del proceso al último muerto a garrote vil
El anarquista Salvador Puig Antich fue
ejecutado hace cuatro décadas
Portada de El Caso, semanario
especializado en sucesos, con la noticia de la ejecución, el 2 de marzo de
1974, de Puig Antich, en la prisión Modelo de Barcelona, y Heinz Ches
(transcrito como Chez), en Tarragona. Fueron los últimos condenados a los que
se aplicó en España el garrote vil.
El 2 de marzo de 1974, hace ahora 40 años,
un médico militar certificaba la muerte en la cárcel Modelo de Barcelona de Salvador Puig Antich “por
parada cardiorespiratoria por garrote”. Tenía 25 años. Su figura ha sido
popularizada por el cine, pero las
circunstancias de su caso siguen envueltas en una espesa niebla. El
caso fue decretado “materia informativa reservada” y así sigue.La solicitud de
revisión del proceso contra Puig Antich ha sido denegada dos veces, pero el caso
sigue abierto en Argentina — en manos de la juez María Servini de
Cubría, que recibió la querella por genocidio de las víctimas del franquismo
iniciada por Baltasar Garzón— La prohibición de acceder a la documentación
policial custodiada por el Ministerio del Interior continúa vigente. Esta
imposibilidad de acceder a los documentos oficiales, ha mantenido vivos una
serie de tópicos que ocultan la dimensión de una ejecución que marcó la hoja de
ruta del final de la dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la
fuerza.
El
proceso, desarrollado entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, fue mucho más
que una simple venganza por la muerte del presidente del Gobierno Carrero
Blanco. Se cruzó con la primera crisis del Gobierno de su sucesor, Arias
Navarro, abierta por la decisión de endurecer a toda costa la política
represiva y terminar con cualquier experimento reformista.
Arias, que
había sido director general de Seguridad y ministro de Interior, fue el elegido
por Franco para ello. Al contrario de lo que se suele asegurar, Arias no se
planteó ni siquiera la posibilidad del indulto a Puig Antich, asunto al que
apenas dedicó tiempo. Sus planes no pasaban por contrariar la sentencia de un
tribunal militar, y mucho menos la de un asesino de un policía de la Brigada
Político Social. La correspondencia del Gobierno Civil de Barcelona, y, sobre
todo, dos documentos inéditos, los informes de 28 de febrero y de 29 de marzo
de 1974 de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, así lo demuestran.
La causa
judicial estaba prácticamente terminada antes de la muerte de
Carrero. A finales de noviembre de 1973, el fiscal militar emitió
sus conclusiones provisionales en las que pedía ya la pena capital. El atentado
del 20 de diciembre aceleró su tramitación, pero no alteró el rumbo. Fueron
declarados hábiles los días de Navidad y, el 31 de diciembre, mientras Arias
Navarro era recibido en El Pardo con honores, el fiscal reiteraba su petición
de pena de muerte para Puig Antich.
El Gobernador
Civil de Barcelona, Tomás Pelayo Ros, intentó mediar antes de que la sentencia
se hiciera definitiva en el consejo de guerra fijado para el 8 de enero.
Escribió una carta el 1 de enero al nuevo ministro de Interior haciendo dos
observaciones sobre el proceso. “La primera es la duda existente sobre si Puig
Antich tiene un perfecto conocimiento de los hechos realizados o se encuentra
afectado por algún trastorno mental. La segunda, si los disparos que recibió el
cuerpo del policía señor Anguas procedían todos ellos del arma empuñada por
Puig Antich, puesto que no está suficientemente demostrado cuántas veces
disparó”. La respuesta fue esta breve nota manuscrita: “Al subsecretario de
despacho para que me hable y prepare contestación evasiva”. El Ejército tenía
luz verde.
El 8 de
enero, Puig Antich era condenado a muerte por un tribunal en el que el mismo
capitán general de Cataluña había pedido la presencia de “capitanes jóvenes
resolutivos”. La sentencia fue ratificada por el Consejo Supremo de Justicia
Militar, un día antes del discurso de toma de posesión de Arias Navarro ante
las Cortes, el conocido como Espíritu del 12 de febrero.
El Gobierno
no tenía dudas, solo calculó el momento para solapar la presión interior y
exterior con una clara intencionalidad política: desacreditar a los
reformistas, aplacar a la extrema derecha y congraciarse con el Ejército y la
Policía. Así lo explicaba el embajador norteamericano, Horacio Rivero, al
secretario de Estado Henry Kissinger: “El interés del Gobierno en el orden
público y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha, explica la
decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich. Para tomar esta
decisión, el Gobierno se ha mostrado públicamente del lado de la ley y el orden
antes que de la moderación de los países extranjeros y los grupos liberales
españoles”.
“En la clase
política española”, según Rivero, “prevalecía el sentimiento favorable a la
ejecución, pero era un asunto delicado que podía írsele de las manos al
Gobierno. Además de empeorar la mala imagen ante Europa y bloquear el ingreso
en el Mercado Común, una política favorable a la pena de muerte produciría una
división con los aperturistas, incluida parte de la Iglesia”. No se equivocó.
El 24 de febrero estallaba la crisis: el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros,
era acusado de alentar el separatismo en sus homilías. Arias pidió al
secretario de Exteriores que convocara al nuncio apostólico el 1 de marzo.
Esa misma
tarde estaba convocado un consejo de ministros para aprobar la ejecución. A Puig
Antich le quedaban exactamente 12 horas de vida. El jefe de Policía de Bilbao
comunicó al obispo que debía abandonar el país. El cardenal Tarancón informó al
Gobierno de que esas amenazas podían ser sancionadas con la excomunión,
forzando la implicación del propio Franco en el asunto Añoveros, pero no
intervino en el de Puig Antich, como a veces se ha dicho.
La decisión
de no conmutar la pena de muerte estaba tomada bastante tiempo atrás. El 28 de
febrero, Rivero informó sobre su encuentro del día anterior con el secretario
general de Iberia, Carlos Viniegra, quien le habría asegurado que la decisión
del Gobierno de ejecutar a Puig Antich se habría tomado “hace semanas, pero no
se haría pública hasta el regreso del viaje de los Príncipes”, que se encontraban
de gira oficial por Filipinas, India y Arabia Saudí. Los príncipes habían
regresado a Madrid el 27 de febrero y la crisis debía resolverse de manera
inmediata de orden del propio Arias, que quería evitar a toda costa los
problemas provocados tras los indultos del proceso de Burgos a varios miembros
de ETA.
Las
verdaderas razones de la ejecución de Puig Antich, por tanto, estaban radicadas
en el malestar anterior a la muerte de Carrero. Así lo señaló el embajador
Rivero en un documento crucial fechado el 29 de marzo: “Todo indica que al
optar por una ejecución rápida, el Gobierno quería evitar a toda costa la
lección del proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las vacilaciones
finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamente a los militares, la
policía y a sus aliados más conservadores, que lo vieron como una prueba de
debilidad convertida en una victoria por los agitadores de dentro y fuera de
España”. El tiempo de las conmutaciones y los indultos había pasado, como quedó
demostrado poco después.
Fragmento del libro 'Puig Antich: la
transición inacabada (1973-2013)', de próxima aparición, de Gutmaro Gómez
Bravo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense.
Fuente: www.elpais.com
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