Amina Nasser
/ 30 nov 2014
El
arzobispo de Granada, Javier Martínez.
Cuentan en la Diócesis de Granada que lo de los ‘romanones’
era un secreto a voces, que sus ‘juergas’ eran conocidas y que quien más y
quien menos comentaba que la ‘fraternidad’ que los unía se asemejaba más a un
‘clan’ perfectamente organizado que a una comunidad de religiosos. Dicen que
hasta el arzobispo, Javier Martínez, lo sabía; que simpatizaba con ellos y que
incluso promovió a alguno de sus integrantes, como al exjuez dicocesano,
Francisco J. C. M, ahora imputado, a quien colocó en una Vicaría Judicial.
Los intentos de ocultación de los supuestos abusos
sexuales de Granada han sido tan escandalosos como los abusos. Acostumbrado
a lavar los trapos sucios en casa, Javier Martínez, que ya protegió en Córdoba
a un cura pederasta condenado a once años de prisión por abusar de seis niñas,
quiso seguir la misma estrategia de ocultamiento en el mayor caso de abusos
sexuales conocido hasta ahora en España. Estuvo 67 días en silencio y, cuando
le estalló el escándalo, se postró ante el altar mayor de la Catedral para
pedir perdón en un acto tan desesperado como mediático.
Al arzobispo esta vez le habían fallado sus cálculos. Conoció
la denuncia inmediatamente después que el papa Francisco y no hizo
absolutamente nada hasta que se vio sobrepasado por las circunstancias.
Dejó pasar las horas, los días y hasta los meses sin tomar ninguna decisión. No
emprendió acciones judiciales por los supuestos delitos. No aplicó las normas
contra la pederastia de la Santa Sede, que son contundentes tanto para los
presuntos autores de los abusos como para los sospechosos de encubrimiento.
Tampoco informó en tiempo y forma de los hechos a la Conferencia Episcopal.
FECHAS, DATOS, NOMBRES
La relación de fechas que ha podido confirmar
andalucesdiario.es de fuentes cercanas a la investigación revelan que el
arzobispo de Granada pecó por omisión, que se desentendió del caso y que no
tomó ninguna medida hasta que los jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia
dieron credibilidad a la denuncia del joven. Fue a principios de octubre.
Habían pasado casi dos meses desde que el denunciante remitiera a Javier Martínez
una copia de la carta que le había enviado al Papa Francisco.
El joven, que hoy tiene 24 años y a quien Religión Digital
identifica con el nombre ficticio de Daniel, hizo llegar al arzobispo el 11
de agosto la copia de la carta. En su escrito relataba los abusos de los
que fue víctima, de manera continuada, desde los 14 hasta los 17 años. Contaba
detalles y daba nombres de los presuntos autores, los tres sacerdotes y el
seglar, imputados ahora por supuestos delitos contra la libertad e indemnidad
sexual: Román M. V. d C., el ‘líder’ del ‘clan de los romanones’, Francisco J.
C. M, exjuez dicocesano, Manuel M. M., expárroco en los Tablones de Órgiva y
Sergio Q. M, profesor de Religión. También daba nombres de otros siete
sacerdotes y un seglar a los que apuntaba como presuntos encubridores.
El denunciante esperaba una respuesta del prelado
granadino. La había tenido sin esperarlo del mismísimo Papa, que el 10 de
agosto lo llamó por primera vez para pedirle perdón, para darle su apoyo y para
sugerirle que acudiera a hablar con el arzobispo. Pero Javier Martínez no lo
llamó. Lejos de interesarse por el tema, el arzobispo dejó pasar los días. A
mediados de agosto, Daniel llamó al Arzobispado. Javier Martínez no estaba. El
30 de agosto volvió a llamarlo y, por fin, pudo hablar con él.
UNA BRONCA LA CARTA
El arzobispo no tuvo palabras de perdón. Tampoco dio ánimos
al joven, al que abroncó por haberle enviado la carta al Papa. En la
conversación telefónica, el arzobispo quedó en recibirlo ese mismo día y lo
hizo, a última hora de la tarde, y después de cambiarle la hora de la cita
hasta tres veces. La reunión fue algo más cordial que la conversación
telefónica. Javier Martínez aún no había recibido los documentos del Vaticano
instándole a abrir una investigación pero se comprometió a esclarecer los
hechos y a recibir a los padres de la víctima. Cumplió su promesa y dos
días después recibió a los padres y les anunció que había iniciado una
investigación.
De aquello no se supo más durante los 30 días siguientes.
A principios de octubre, el denunciante y su entorno supieron que el Tribunal
Eclesiástico de Valencia había asumido la investigación interna. El propio
Javier Martínez nombró a dos jueces del citado Tribunal, entre ellos, al decano
de la facultad de Derecho Canónigo de Valencia. El 3 de octubre los dos jueces
acudieron a Granada para tomarle declaración a dos supuestas víctimas que
Daniel citaba en su denuncia. El día 9 del mismo mes se desplazaron al norte
de la península para hablar con el joven. Los jueces eclesiásticos dieron
credibilidad a su versión y trasladaron sus conclusiones al arzobispo.
LA JUSTICIA (ORDINARIA) PUEDE ESPERAR
Javier Martínez recibió al denunciante unos días después y
le anunció que tomaría medidas contra los tres sacerdotes supuestamente autores
materiales de los abusos, pero no contra los presuntamente encubridores, otros
siete curas y dos laicos, incluido el profesor de Religión imputado al que el
arzobispo no retiró la ‘venia docendi’ hasta el pasado 26 de octubre porque
eran “tan víctimas” como él. En aquella reunión, el joven llegó a preguntarle
al arzobispo si iba a actuar judicialmente, pero en ningún caso le dijo que no
denunciara, tal y como ha asegurado Martínez.
Por supuesto, el arzobispo no acudió a los tribunales
ordinarios. Tuvo que hacerlo la víctima, que interpuso la denuncia ante la
Fiscalía Superior el 14 de octubre. El día 15, suspendió a los tres sacerdotes
de sus funciones pastorales y colocó en las mismas responsabilidades a algunos
de los supuestos encubridores. Tres días después, y cuando el joven ya había
denunciado, Martínez presentó un escrito en la Fiscalía Provincial para ofrecer
su colaboración. Un mes después, trascendió el escándalo. Las
circunstancias ya le sobrepasaban.
Fuente: http://www.andalucesdiario.es/
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