El antropólogo e
investigador del CSIC Francisco Ferrándiz analiza en 'El pasado bajo tierra'
las consecuencias de la recuperación de cuerpos de desaparecidos por la represión
de Franco
PATRICIA CAMPELO Madrid 08/06/2014 00:00 Actualizado:
08/06/2014 00:20
Francisco Ferrándiz, autor de 'El pasado bajo tierra'. P.
CAMPELO
Una mujer
octogenaria coloca flores en el quitamiedos de una carretera, y en el bordillo
que separa el asfalto de la cuneta puede leerse la pintada: "Fosa común
1936". Se trata de la imagen seleccionada por el antropólogo e
investigador del CSIC Francisco Ferrándiz (Oviedo, 1963) para encabezar El pasado
bajo tierra [Anthropos, 2014], el libro en el que aborda las
consecuencias socio políticas de la apertura de las fosas comunes del
franquismo. La imagen refleja la desatención institucional que padecen las
víctimas y resume el resultado de la ausencia de una política pública de
memoria, de derechos humanos.
María
Martín, la
protagonista de esta fotografía, practica los ritos funerarios por su madre a
pie de una cuneta. La carretera pasa por el lugar donde fue asesinada a las
afueras de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), y la recuperación del cuerpo es
inviable. El testimonio de María -que declaró en el juicio a Baltasar Garzón
por la causa de los delitos del franquismo- es, a juicio de Ferrándiz,
paradigmático y sorprendente por su vulnerabilidad pero al mismo tiempo por su
fuerza. "Su caso tiene una importancia política enorme. De niña le raparon
la cabeza, le dieron aceite de ricino... Lleva escrito en el cuerpo la
represión", señala.
"Las excavaciones de fosas han hecho visible la cartografía de
la represión"
Otros
relatos de víctimas figuran en esta autopsia social del impacto que ha
producido en la sociedad española contemporánea la apertura de fosas comunes.
"No es un ensayo sobre el pasado, para el que existe una historiografía
muy extensa, sino sobre las múltiples repercusiones de estas
excavaciones", defiende Ferrándiz sobre su publicación, en la que
prevalecen las descripciones etnográficas en diferentes enterramientos sobre
los debates teóricos.
Una de las
primeras consecuencias que vislumbra el investigador asturiano tiene que ver
con la forma en cómo la llegada de los desaparecidos del franquismo a la
sociedad actual ha torpedeado el relato imperante desde la
transición. Los pactos de olvido y de silencio quedan en
entredicho ante la proliferación de historias de represión plagadas de
detalles. "La apertura de las fosas comunes ha contribuido a
desestabilizar los relatos dominantes sobre la transición y la arquitectura
política e institucional derivabas de ella", sostiene. Ferrándiz sitúa
esta consecuencia en un plano comparativo: "Los resultados de las últimas
elecciones europeas, el cuestionamiento del bipartidismo o incluso la
abdicación del rey forman parte de este mismo proceso".
"Las víctimas del franquismo han ganado en visibilidad y
legitimidad social"
En el caso
de las fosas de la dictadura, la capacidad transformadora reside "en la
reaparición incómoda de estos cuerpos ejecutados hace décadas en el espacio
público; en el desarrollo de una conciencia cívica contra la impunidad del
franquismo y en el despliegue -aunque parcial, fragmentado y discontinuo- de
políticas públicas de memoria".
Pero las
fosas abiertas en estos primeros años del siglo XXI no son las únicas, y
Ferrándiz arroja luz en el libro sobre la genealogía histórica de los ciclos
exhumatorios. "Hay precedentes durante la guerra, el franquismo e incluso
en la transición". Uno de los primeros momentos lo promovió el dictador Francisco
Franco para localizar, recuperar y dignificar a los denominados caídos
por dios y por España. A golpe de decretos y órdenes en el Boletín Oficial
del Estado, el incipiente estado franquista reguló la protección de las
primeras exhumaciones tras la Guerra Civil. "A finales de 1939, en Soto de
Aldovea, un pueblo vinculado a Torrejón de Ardoz, se recuperaron con un equipo
forense 413 cuerpos que fueron llevados a Paracuellos", ilustra Ferrándiz.
En los años
50 se produjo otro momento exhumatorio con el robo y el traslado de cadáveres
de republicanos hasta el Valle de los Caídos, el macro mausoleo pensado para
albergar más de 33.800 cuerpos.
La muerte
de Franco abrió una nueva fase de apertura de enterramientos. Durante la
transición, fueron las propias familias quienes salieron a la búsqueda y
recuperación de sus desaparecidos con técnicas de trabajo no profesionales.
"Lo
que distingue a las exhumaciones contemporáneas de las anteriores es la
presencia de equipos técnicos arqueológicos y forenses vinculados a prácticas
globalizadas de derechos humanos, así como su emergencia en la sociedad de la
información y el conocimiento, factor básico en su difusión", identifica
Ferrándiz. "Ha sido un proceso tan rápido y convulso, con tantas aristas,
que todavía necesitamos tiempo para analizarlo y descifrarlo en todos sus
matices", añade.
La cartografía
del terror en España
En el
balance de los últimos 14 años de movimiento memorialista, Ferrándiz admite la
existencia en la sociedad de un reconocimiento de la injusticia histórica
cometida con muchos de los derrotados de la Guerra Civil y los represaliados
del franquismo. "Las excavaciones de fosas han hecho visible la
cartografía de la represión. Los forenses han podido certificar la casuística
de esta represión sobre civiles, aunque extrajudicialmente. Se han producido
identificaciones y devoluciones de cuerpos fusilados a sus municipios de
origen, a veces con presencia de cargos políticos. Las administraciones
públicas han hecho algunos esfuerzos, aunque fragmentarios y discontinuos;
¿quién se acuerda de la Ley de Memoria Histórica, hoy desactivada?".
El
investigador reconoce que se han puesto las bases de una cultura política
"que no acepta la impunidad del franquismo" y que "busca amparo
en la legislación internacional". El proceso exhumatorio ha servido, en
definitiva, para contribuir a retirar el velo de olvido oficial. "Las
víctimas del franquismo han ganado en visibilidad y legitimidad social",
afirma. Pero todos estos pasos hacia adelante no son suficientes en un contexto
en el que debiera haberse producido un debate en profundidad sobre el pasado
traumático, en lugar de la "jaula de grillos" mediática a la que se
ha asistido en múltiples ocasiones, según lamenta Ferrándiz. "Ha habido
mucha crispación que, en líneas generales, se ha dado en los debates políticos
y una cierta histeria mediática que ha acabado contaminando el debate público,
empobreciéndolo. Nada nuevo en este país. Otro indicador más de la baja calidad
democrática".
Ley de
Memoria Histórica o subcontrata de derechos humanos
En el plano
político, una de las características que identifica Ferrándiz en lo relativo a
la apertura de fosas ha sido la sucesión de tibias reacciones. "Algunos
políticos como alcaldes o diputados se han involucrado, pero a veces casi a
título personal, de paisano. Esto ha sido diferente en cada comunidad autónoma,
o incluso en cada exhumación, pero en no pocos casos ha habido pautas de
desapego o ninguneo institucional", explica. "Ha faltado un
reconocimiento alto y claro por parte del Estado. Por ejemplo, el presidente
del Gobierno presidiendo un acto de reparación laico por las víctimas que
estaban siendo exhumadas. Hay fórmulas testimoniales de hacer esto con gran
calado simbólico y político. Y no se ha hecho". Incluso el modelo de
ayudas consagrado en la Ley de Memoria Histórica estableció "una especie
de subcontrata de los derechos humanos mediante la cual el estado proveía
fondos pero no coordinaba su uso", deplora.
Salvo la
excepción andaluza, comunidad autónoma que debate una ley propia de
memoria -aunque no exenta de polémica, con tensiones entre la Junta y el
movimiento asociativo y dependiente del pacto electoral IU-PSOE-, el escenario
actual se vuelve incierto. "Nada garantiza la continuidad en el
tiempo o la estabilidad financiera de un proyecto. Algunos de los que en su día
se consideraban más profundos y sofisticados, como el Memorial Democrático de
Catalunya, están bajo mínimos y su gestión ha cambiado de manos. En muchas
comunidades autónomas gobernadas tradicionalmente por el PP ni siquiera hubo
ese tipo de políticas. Pero tampoco las hubo, más allá de algunos gestos, en
Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE durante décadas. El gobierno del PP
no tiene el menor interés. El relato dominante de la crisis incluso les ha
permitido evitar dar explicaciones", lamenta.
"Ha faltado un reconocimiento alto y claro por parte del
Estado"
Ferrándiz,
que fue miembro de la Comisión de Expertos que propuso reasignar otra identidad
al Valle de los Caídos, es escéptico a la hora de pensar que esta
tendencia pesimista pueda revertirse. En cambio, percibe visos de
cambio en el debate público sostenido en el tiempo.
"Cuando
se redactó el informe sobre el Valle de los Caídos pusimos luces largas. La
resignificación jamás llegaría por decreto sino como parte de un proceso de
debate social y político intenso y prolongado en el tiempo equivalente, por
ejemplo, al que hubo en Alemania sobre el monumento del Holocausto de Berlín.
Entre la idea original y la inauguración pasaron 15 años, varios periodos
electorales y diferentes gobiernos. El resultado final gustará más o menos,
pero es fruto de muchos equilibrios y esfuerzos de consenso y, por tanto, tiene
una eficacia social y política incontestable", afirma.
Como
propuesta, Ferrándiz plantea la instalación de un memorial, en la misma línea
conceptual que el alemán, en la explanada del recinto de Cuelgamuros "tras
un concurso internacional de ideas". "Sería una inversión muy
rentable en términos de incrementar la calidad de la democracia y la
convivencia. ¿Seremos capaces de hacer en España algo semejante?", concluye.
Fuente: www.publico.es
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