España, a pesar del falso escaparate mediático, se encuentra ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que viene provocando multitud de protestas ciudadanas. Recientemente vivimos una convocatoria para dar respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora y la ciudadanía en general a las políticas neoliberales que la Troika impone a España y que el bipartidismo acepta sin rechistar.
Son las Marchas de la Dignidad que han marcado un
antes y un después en este país y que han suscitado una enorme
expectación en las redes sociales. Su origen está precisamente en la situación
que padece la mayoría de la población ajena al la vida cómoda de la élite del
poder.
Cientos de miles de familias han perdido su casa, la
patronal, aprovechando el paro masivo y la reforma laboral, aprieta a la baja
los salarios y las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen empleo.
La juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno.
Estamos sufriendo políticas consistentes en el robo de
derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas recetas,
que se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no ha contraído la
ciudadanía, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los
distintos gobiernos. Privatizan lo rentable mientras recortan en salud,
educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones,
servicios sociales…
PSOE y PP modificaron el artículo 135 de la
Constitución con el objetivo de que se priorice el pago de la deuda. Lo
justificaron diciendo que había que ser austeros y, por tanto, es imperativo
recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de
inyectar capitales multimillonarios para salvar a bancos y especuladores.
La descomposición del Régimen surgido de la
Constitución del 78 se hace evidente y éste ha perdido legitimidad.
Los derechos y libertades están siendo cercenados para
favorecer los intereses de una minoría que maneja los hilos del poder. Los
distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, como denuncian
millones de firmas que respaldaron la gran movilización ciudadana
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