“Nos
encontramos en un punto en el que, por primera vez en la historia, el Congreso
está dominado por una mayoría de millonarios que son, como promedio, 14 veces
más ricos que el ciudadano estadounidense promedio. Cuando los legisladores
debaten cuestiones que afectan a las personas con menos recursos, como
prestaciones por desempleo, estampillas de comida, salario mínimo o la revisión
del código tributario, los supuestos representantes del pueblo permanecen
alejados de todo contacto con la lucha diaria de la mayoría de los
estadounidenses que viven atrapados en una agotadora batalla por sobrevivir el
día a día”.
Tal
afirmación es sustentada por el jurista estadounidense John W. Whitehead,
afamado defensor de las libertades civiles y los derechos humanos y fundador
del Instituto Rutherford, en su ensayo “Gobierno de los ricos, por los ricos y
para los ricos: Es hora para una resistencia militante no violenta” que
reproduce el sitio digital Activist Post.
De hecho,
aunque se supone que Estados Unidos sea una democracia representativa, muchos
de los representantes del pueblo en el Congreso ganan salarios de seis cifras,
habitan un mundo exento de multas y lleno de prerrogativas e inmunidades.
Tienen poco en común con aquellos que los han elegido para representarles,
consigna Whitehead.
Cifras
recientes ponen de relieve una fuerte tendencia a la acumulación de riqueza en
el Congreso, que está integrado mayoritariamente por millonarios y casi
millonarios que poseen a menudo varias casas y muchos bienes fuera del alcance
de la mayoría de los votantes que representan.
“Muchos de
nuestros políticos viven como reyes. Pasean en grandes limusinas, vuelan en
aviones privados y comen comidas gourmet, todo pagado por los contribuyentes
estadounidenses. Están cada vez más lejos de aquellos que se supone deben
representar. Su lujoso estilo de vida difícilmente puede identificarse con los
del hombre común que vive de cheque a cheque y mantiene al país con su dinero
ganado duramente con el sudor de su frente” precisa Whitehead.
El
desafortunado hecho de que los ricos estén encumbrados en la cima del gobierno
ha sido descrito por el reconocido economista estadounidense Joseph Stiglitz de
esta manera:
“Prácticamente
todos los senadores y la mayoría de los representantes a la Cámara del Congreso
de Estados Unidos son miembros del uno por ciento de personas más ricas de la
nación. Llegan siendo miembros del 1%, se mantienen en sus cargos por el dinero
del 1%, y saben que si sirven bien al 1 % cuando dejen sus cargos serán bien
recompensados por el 1%. Por lo general, las autoridades del poder ejecutivo
que son claves en las políticas comercial y económica también integran el 1 %”.
Por eso, no
es sorprendente que las compañías farmacéuticas reciban como regalo billones de
dólares mediante la aprobación de una legislación que prohíbe que el gobierno
-que es el mayor comprador de medicamentos- participe en la negociación de los
precios de éstas. O que se reconozca y acepte que una legislación sobre
impuestos deba incluir recortes de impuestos para los ricos para que pueda
abrirse paso en el Congreso.
En el ciclo
de las elecciones presidenciales del 2012, ambos partidos del sistema político
estadounidense gastaron, cada uno, un billón de dólares en la competencia por
obtener la elección de sus candidatos. Este dinero provino de ricos donantes y
patrocinadores corporativos empeñados en conseguir situar a sus candidatos en
cargos desde los cuales han prometido ayudar a sus mecenas.
Una vez electos,
estos políticos ricos devienen acaudalados burócratas que incrementan sus vidas
de privilegios, por desgracia a expensas de los contribuyentes estadounidenses.
Como regla, no importa si son demócratas o republicanos, todos ellos aprovechan
al máximo lo que un informe de prensa describe como "una montaña de
ventajas con las que no podría rivalizar la mayoría de las compañías cuyas
fortunas evalúa la revista Fortune".
Los
consejeros más cercanos del Presidente Obama, incluidos los de su gabinete de quince
miembros, son millonarios.
Y además
están los cabilderos, que son los grupos de presión o “lobbys” que -en número
de 26 como promedio- rodean a cada congresista tentándoles con prebendas a cada
paso y constituyen la más extendida fuente de la corrupción generalizada en el
legislativo.
Todo ello
alentado por un estilo de vida en el Congreso que exige que los congresistas
pasen la mayor parte de su tiempo recaudando dinero de los ricos y sus fondos
de donantes para sus campañas, y menos atendiendo a las necesidades de sus
electores o influyendo en favor de algún proyecto legislativo del que deriven
beneficios para la población.
*Manuel E.
Yepe, periodista cubano especializado en política internacional.
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