Artículos de
Opinión | José Haro Hernández | 14-04-2014 |
Quiso el
azar (aunque hay quien piensa que otros factores intervinieron) que el
fallecimiento de Adolfo Suárez coincidiera con la movilización más grande
(cientos de miles de personas según este periódico, dos millones para Le Monde)
jamás desarrollada en Madrid, en buena medida dirigida contra el orden político
auspiciado por el abulense, que está pasando a la historia como el Régimen de
1978. Efectivamente, el ilustre deceso y el 22M conformarían la doble metáfora,
respectivamente, de la agonía del sistema político alumbrado en la llamada
transición y del surgimiento de una propuesta de ruptura democrática, esta vez
de verdad, encarnada en la multitud que tomó la capital de España. El problema
es que, como en todo proceso de transformación histórica, lo viejo se resiste a
morir y lo nuevo no dispone aún de la suficiente fuerza para impulsar el
cambio.
Y en ese
forcejeo saltan las chispas, irrumpe la violencia. Violencia que en lo
fundamental emana del poder caduco que exhibe todas sus miserias y carencias en
el patético intento de mantener un statu quo que ha perdido por completo su
legitimidad, ésa que tuvo hace tres décadas, cuando una simple venda con agua
oxigenada aplicada a la infección profunda que representaba la dictadura
franquista fue exhibida como una democracia modélica, a la que finalmente le ha
brotado a borbotones el pus contenido que en su día no se quiso limpiar en
profundidad. De esa transición fraudulenta que el régimen ha reivindicado sobre
el cuerpo aún caliente de Suárez, proceden unas estructuras políticas
corrompidas hasta la médula que se extienden a todos los niveles e
instituciones del Estado. Una oligarquía parasitaria cuyo sentido de la
acumulación se sustancia en el capitalismo de amiguetes y en la puerta
giratoria, es decir, la cooptación de la clase política corrupta en los salones
de la moderna aristocracia. Una desigualdad creciente e hiriente, la mayor de
entre los países de nuestro entorno y nivel de renta, y que condena a amplios
sectores de la población a la precariedad permanente. Y, en fin, unas
libertades ciudadanas amenazadas por actuaciones policiales que han llegado a
merecer la reprobación de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de
Europa, y que nos retrotraen a los tiempos de los ’grises’ con una frecuencia
inquietante.
Conforme el
descrédito y la descomposición del poder, sustanciado en el gobierno del PP, se
acrecientan, mayor es la represión policial. Porque independientemente de la
existencia de elementos provocadores el 22M (los hay en casi todas las
movilizaciones importantes), lo que elevó el nivel de confrontación fue la
irrupción de las UIP en la Plaza de Colón, cargando contra una multitud
pacífica que asistía a los últimos minutos de un acto legalizado. La respuesta
indignada y violenta de parte de esa gente dio lugar a las escenas que se han
prodigado en los medios. Y nos advierten de una posible deriva peligrosa de los
acontecimientos, pues si bien los colectivos que están detrás del 22M apuestan
por la desobediencia civil pacífica, no está claro que puedan contener a los
sectores más afectados por la crisis y la pobreza cuando, a los golpes que a
diario reciben de la realidad socioeconómica, hayan de sumar los que
proporcionan las porras de los antidisturbios.
Pero con
todo, la legitimidad del movimiento que se inició en Marzo se va a fundamentar
en buena medida en un desafío al poder tan contundente como pacífico, tan
masivo como racional. Va a tomar la calle con millones de personas, pero a la
vez articulando en su seno un movimiento de unidad popular que cristalice en un
programa político basado en los derechos humanos y en la apertura de un proceso
constituyente aquí y ahora que inicie, ciertamente, una verdadera transición a
la democracia. Bajo dos premisas elementales: éste es un país rico en el que
hay para que todos vivan dignamente, y el poder político y económico no pueden
soportarse sobre la corrupción. Derechos humanos y honestidad. Nada más. Y nada
menos.

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