La Sindicatura de Comptes audita el
concierto privado y recomienda medidas a la Generalitat Valenciana
Una paciente se somete a una prueba
de resonancia magnética en el hospital La Fe, en Valencia. / Tania Castro
Las
resonancias magnéticas son más baratas para el erario público si los aparatos
son propiedad del mismo sistema valenciano de salud y las gestiona su personal.
También si los informes corren a cargo de facultativos de la red pública de
hospitales aunque los aparatos los suministre un proveedor privado. Hasta el
contraste, el material químico que necesita esta técnica, sale más barato para
la gestión pública. La Sindicatura de Comptes, en ejecución de una de sus
auditorías operativas, ha revisado a fondo el concierto para la realización de
técnicas de diagnóstico por imagen mediante resonancias magnéticas. Y sus
conclusiones desmienten sin ambages que la prestación privada del servicio
tenga ventaja alguna para la Generalitat.
El “ahorro
potencial anual” oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad
pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”, indica el
documento que el organismo fiscalizador hizo público este jueves bajo el título
Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro. El coste medio por
exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros. El
informe, el segundo de la Sindicatura sobre conciertos sanitarios, añade que,
en el caso de que se optara por la realización de exploraciones con equipos del
proveedor pero fueran los facultativos del sistema público los que informaran
las pruebas, el ahorro anual se movería en una horquilla entre 406.000 euros y
dos millones.
Además, la
Sindicatura calcula que, visto lo que cuesta el contraste al hospital Peset de
Valencia y al de San Juan, “si todo el contraste fuera adquirido directamente
por los hospitales y no suministrado por la empresa concertada, el ahorro
potencial anual se situaría en torno a los 900.000 euros”. Todavía podrían
ahorrarse otros 465.000 euros anuales si la denominada “tasa de frecuentación”
se calculara en función del número de exploraciones y no por paciente.
La concesión
del servicio de resonancias magnéticas en el sistema público a empresas
privadas es un asunto que levanta polémica desde hace años. La Generalitat
Valenciana optó por concertar de manera general ese servicio desde los tiempos
de Eduardo Zaplana en la presidencia. En 2008, con Francisco Camps como jefe
del Consell, la Consejería de Sanidad lo adjudicó por 10 años a una UTE,
Erescanner Salud, constituida por empresas que venían desempeñándolo por zonas
y por otras que gestionan áreas sanitarias concertadas. Se trata de Eresa,
Inscanner, Beanaca y Ribera Salud. El contrato es de 497,1 millones de euros
hasta 2018. Como destaca la Sindicatura, ese contrato supuso “el 10,9% de los
469,5 millones de euros de las obligaciones reconocidas en 2012 de conciertos
sanitarios de la Dirección General de Asistencia sanitaria”.
Solo el
Hospital Peset Aleixandre, en Valencia, que fue pionero en el uso de este tipo
de equipos, y el de San Juan, en Alicante, que lo ha instalado recientemente,
disponen de equipos de resonancia magnética de gestión pública. La modalidad de
resonancias realizadas con equipos privados ubicados en hospitales públicos,
pero con informes emitidos por facultativos del hospital, funciona en La Fe, en
Valencia, y la Sindicatura recomienda que la Generalitat evalúe su
“implantación progresiva”, no solo por el potencial ahorro, “sino también por
prever la posibilidad de que, una vez finalice el contrato vigente, en octubre
de 2018, se disponga de facultativos especialistas con la suficiente formación
y experiencia para asumir, en su caso, el servicio con recursos propios”.
La
Sindicatura, que ha recabado alegaciones tanto de la Consejería de Sanidad como
de la UTE concesionaria, señala también en su informe que la larga duración del
contrato "podría resultar un impedimento a la Administración para
aprovechar ventajas que puedan derivarse de la evolución tecnológica" y
señala que sería deseable, “tal y como en la mayoría de los contratos
consultados de otras comunidades autónomas se ha constatado”, que el plazo
fuera más reducido y, en todo caso, se contemplaran prórrogas.
El informe aborda también los
controles que la consejería ejerce sobre la prestación concertada, detecta
“numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las
pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente
para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en
los pliegos para la realización de exploraciones”.
Fuente: www.elpais.com
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