La resistencia en la provincia aguantó una década
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Familiares
de los últimos maquis fusilados en Adamuz (Córdoba). / JUAN MANUEL VACAS
Todos le conocían como El Aparato. El campesino Bernabé Sánchez
Torralbo solía recorrer Adamuz (Córdoba) con un
artilugio montado en una carretilla, vendiendo y rifando chucherías. "Así
se quedó con el apodo", recuerda su nieto, Juan Sánchez. El Aparato era
también enlace de la guerrilla que se movía por Sierra Morena combatiendo alfranquismo en
los años cuarenta. Hasta que el 20 de septiembre, al buhonero se le aplicó la
ley de fugas junto al arroyo Valdelaguerra, en Adamuz. Tiroteado hasta morir,
su familia está convencida de que fue enterrado en una fosa anónima del
cementerio municipal, junto con más de 40 represaliados entre combatientes, colaboradores
y víctimas ajenas a la lucha armada. Su tesón por encontrarlo, como hacen otras
familias de guerrilleros, enlaces y vecinos, revivió hace unas
semanas cuando se practicaron las primeras catas en el camposanto para buscar a
las víctimas.
En los cuarenta, Adamuz vivía asolado por la miseria de la posguerraque dejó la contienda civil. La
guerra fue atroz en la provincia de Córdoba, pero la década que siguió al final
de los combates no lo fue menos. Las partidas de maquis estuvieron activas en
los cerros de la provincia durante 10 largos años. Dos lustros en los que se
prolongaron las ejecuciones sumarias y los fusilamientos, junto a la cárcel y
la tortura de los familiares, a los que apremiaban con sadismo para delatar el
paradero de los guerrilleros.
Las últimas columnas de combatientes republicanos resistieron
en esos parajes agrestes, diezmadas por la represión y el agotamiento. La más
famosa de ellas fue la partida de Romera, liderada por el socialista Claudio
Romera Bernal, asesinado el 11 septiembre de 1949. Los Romera tuvieron bastante
contacto con otra partida muy activa en Adamuz, la de los Jubiles. Todos ellos
desaparecieron a finales de los cuarenta, y con ellos terminó la actividad
guerrillera en Sierra Morena. Pero su memoria sigue viva, en buena medida, por
la labor que durante años han realizado sus nietos.
Francisco
Cebrián Fernández, fusilado en Adamuz.
Una de las descendientes es Guadalupe Martín Gómez, nieta de
Antonio Gómez Soto, acusado de ser enlace de la guerrilla, aunque la familia lo
niega, y asesinado el 3 de septiembre de 1947 en el arroyo Tamujoso de Adamuz.
La otra mujer que ha liderado la búsqueda es Araceli Pena Sanz, nieta de
Alfonso Sanz Martín, combatiente granadino muerto en una emboscada en la sierra
de Adamuz el 24 de agosto de 1947. Guadalupe y Araceli han recorrido archivos,
registros, buceado en libros de historia y hablado con ancianos que todavía
recordaban hechos, nombres y lugares para reconstruir la suerte que corrieron
aquellos grupos de guerrilleros y quienes les ayudaron.
Y no es nada fácil, 74 años después del final de la Guerra Civil,
la ley del silencio que reinó las cuatro décadas de Franco sigue pesando. Juan
Sánchez siempre supo que a su abuelo lo habían matado, pero poco más. "En
mi familia no se hablaba. Mi padre nunca dijo nada. Él era muy pequeño cuando
pasó, pero tampoco preguntaba", comenta en el cementerio, junto a la zona
en la que se sospecha que está su abuelo enterrado con otras decenas de
resistentes. Su tía Rafaela Sánchez Torres, otra de las hijas de Bernabé, le
acompaña. A sus 84 años, recuerda aquel periodo terrible. Rafaela terminó
emigrando a Cataluña con su familia, en parte por razones
económicas, en parte por dejar atrás el recuerdo.
A diferencia de otros enterramientos múltiples de la guerra y la
represión posterior, en el cementerio de Adamuz no se excavó una gran fosa
común donde arrojar los cadáveres. Como el ritmo de la cacería a la que
la Guardia
Civil y el Ejército sometieron
a los guerrilleros fue implacable pero lento, se optó por fosas individuales
que se iban abriendo a medida que los iban asesinando. Pero todo con un orden y
una pauta que se repetía: en filas de a dos y con un tercera persona en medio,
a lo largo de todo el muro del fondo del camposanto. Este rasgo sistemático
lleva a pensar a Guadalupe "que puede existir algún registro o archivo de
la Guardia Civil que recoja cuántas personas hay enterradas, quiénes eran y
dónde están". Porque la nieta de Antonio Gómez Soto sospecha que bajo la
tierra puede haber muchos más restos.
También hubo gente que fue enterrada allí pero cuyos cadáveres se
pudieron recuperar. Es el caso de Francisco Cebrián, otro enlace de los
guerrilleros que fue asesinado por la Guardia Civil en Arroyo Perojil, en
Adamuz, en 1949. La familia de este comunista, que había logrado sobrevivir a
la guerra y a la represión, pero que terminó pasado por las armas, pudo colarse
una noche en el cementerio y desenterrar su cadáver. Su nieta Dolores cuenta
que la familia averiguó dónde se encontraba la fosa. "Apenas si estaba
excavada, era bastante superficial. Solo apartando un poco de tierra ya asomó.
Comprobaron que era él por lo calcetines rojos que llevaba, los zapatos y por
la dentadura. Tenía los dientes igual que un hijo suyo", explica bajo uno
de los cipreses del cementerio.
Antonio
Gómez, fusilado en Adamuz.
La cata arqueológica que los familiares efectuaron los pasados 10
y 11 de agosto removió la historia más negra de Adamuz. Bajo el cemento de uno
de los caminos que surca el cementerio asomó medio cuerpo, constatando la
presencia de enterramientos anónimos. Parece que se resuelve así uno de los
principales enigmas que asustaba a las familias: si seguían allí los restos de
los asesinados o habían desaparecido del todo, durante unas obras de
canalización acometidas en los años ochenta sobre
las fosas, tal y como afirmó uno de los sepultureros. Basándose en las
excavaciones preliminares, los familiares están convencidos de que los
represaliados siguen allí enterrados.
Pero la búsqueda, cuando se lleve a cabo de forma completa, va a
ser muy complicada. Como ha ocurrido en toda España, el
tiempo ha ido modelando el paisaje de las fosas originales. En el caso del
pueblo cordobés, además de la instalación de tuberías, se construyeron hileras
de nichos en los muros del cementerio y se levantaron nuevas estructuras. Todo
ello ha hecho variar las localizaciones que tenían establecidas en un escueto
croquis, dibujado por el sepulturero en los 40 y que, en el caso del abuelo de
Guadalupe, señalaba exactamente la zona en la que se encontraba. "Nos
hemos dado cuenta de que los metros y distancias que indica el dibujo han
podido variar porque se construyeron los nichos en los muros laterales con una
profundidad de unos ocho metros", apunta la nieta del fusilado.
El primer trabajo sobre el terreno no se podría haber hecho sin la
colaboración de Aremehisa, la Asociación para la Recuperación de laMemoria
Histórica de Aguilar de la Frontera. Este grupo, con amplia
experiencia en la excavación de fosas en la provincia de Córdoba, recibió el
apoyo de voluntarios de media España para realizar la cata. Rafael Espino, su
portavoz, espera que la campaña se reanude con la participación de un georradar
que ayude a determinar la ubicación exacta de las víctimas. Así, 64 años
después de que asesinasen a los últimos resistentes de la guerrilla, sigue la
lucha por su memoria.
M.J.A.
La Guerra
Civil de 1936 a 1939 sembró Andalucía con más de 600 fosas
comunes con unos 60.000 muertos, según la Dirección General de Memoria
Democrática. Y eso, son solo las catalogadas. La contienda del sur de España no
se caracterizó por las grandes batallas, pero sí por una represión feroz y
profunda que se prolongó también durante la posguerra. Ejemplos de
enterramientos masivos como los cementerios de Málaga, con más de 4.000
represaliados amontonados, o Córdoba, con más de 2.000, no se dieron en muchos
más puntos de la geografía española.
La
dimensión de la tragedia ha hecho que, 65 años después del fin de los
fusilamientos masivos (estos se prolongaron los diez años posteriores a la
guerra), la gestión de estos espacios, su desenterramiento, estudio e
identificación sea una labor extremadamente complicada, lenta y costosa, tanto
por su dimensión económica como emocional. Un caso especial fue el de la
familia del diputado socialista Luis Dorado Luque, fusilado en Córdoba en 1936 y
cuya demanda de identificación al Ayuntamiento de Córdoba —entonces gobernada
por IU— llegó al Tribunal de Estrasburgo. La corte europea,
finalmente, rechazó la demanda el año pasado.
En Málaga, por el
contrario, se hizo una profunda excavación en el Cementerio de San Rafael,
donde se constató la fiereza de la represión después de que la capital, que se
había mantenido fiel a la República, cayese bajo las tropas franquistas.
Inusitadamente, todos los grupos políticos de izquierdas y derechas (el PP gobierna
el Consistorio) convinieron en la necesidad de reabrir y estudiar la fosa,
huella última de la matanza.
Las
excavaciones se han dado en toda Andalucía. Aremehisa, la Asociación por la
Recuperación de la Memoria Histórica en Aguilar de la Frontera, logró hace tres
años reabrir las fosas del cementerio municipal que dan fe de la escabechina
que también sufrieron los pueblos. Solo en este municipio cordobés, que durante
la guerra contaba con unos 13.000 habitantes, se calcula que fueron fusilados
unos 200.
Fuente: www.elpais.com
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