El director de Memoria Democrática impulsa que la Junta denuncie los
asesinatos
Luis
Naranjo, director de Memoria Democrática.
Luis Naranjo (Córdoba, 1954) es el primero director general de
Memoria Democrática, cargo nacido por iniciativa de IU que
gobierna Andalucía en coalición con el PSOE. Además de su trabajo para la recuperación e identificación de
los represaliados de la Guerra
Civil, Naranjo ha impulsado la personación de la Junta en la denuncia
en los tribunales de los asesinatos cometidos en la contienda. El primer caso
es el de los restos aparecidos en el barranco de Víznar,
en Granada.
Pregunta. ¿Abre una nueva etapa la personación en
los tribunales por la fosa de Víznar?
Respuesta. Evidentemente. El enfoque de la
dirección general sitúa en un marco central la obligación del Estado a
responder sobre la situación de las víctimas. No son solo las asociaciones de
familiares las garantes últimas de ese derecho, sino que lo es el Estado
democrático. Y la Junta es Estado democrático y representa al Estado en Andalucía. La
lógica nos lleva a que sea la Junta la que se persone y denuncie cuando hay
evidencias, como en este caso, de posibles delitos contra la humanidad que
según la jurisprudencia internacional, no han prescrito por muchos años que
hayan pasado. Eso no quiere decir que dejemos de colaborar con las
asociaciones, todo lo contrario. Estamos colaborando de forma fructífera con
todas ellas.
P. La identificación y devolución de los restos es la principal
demanda de las familias. ¿Es una batalla perdida poder satisfacer a todas?
R. En principio no lo es. De hecho, lo estamos haciendo, como
en Teba (Málaga) hace
poco y en otros puntos. Se está haciendo. Pero hay varios problemas: exhumar no
es identificar, porque las pruebas de ADN son muy complejas de realizar. Por
otro lado, las exhumaciones no se pueden hacer materialmente porque se ha
construido encima. Por último, está el coste económico. En un periodo de
crisis, donde las fosas son masivas, como en Andalucía, con 2.000 personas en
Córdoba o 4.000 en Málaga, todo se complica más. Pero el proceso avanza. Exhumamos
e identificamos siempre que podemos. Estamos intentando llegar a acuerdos con
la Consejería de Salud para que el análisis del
ADN y la preservación idónea de los restos puedan ser asumida por ella.
R. Nosotros ya hemos hecho nuestra tarea: socializar la ley y
que las asociaciones y especialistas participasen en ella. Todo ello ha
conformado el borrador de la ley que ya tiene la Consejería de Administración
Local. El paso siguiente es negociar y abrir el trámite parlamentario.
R. Con esta ley y con iniciativas como la de Víznar, ¿es
Andalucía la única región que tiene presente la Memoria
Histórica en su Gobierno?
P. Modestamente, sí. Tras la renuncia del Gobierno central, que
ha cerrado completamente el grifo de las subvenciones, y el retroceso de otras
comunidades autónomas gobernadas por la derecha o vinculadas al nacionalismo de
derechas, ahora mismo Andalucía es quien levanta el testigo de la memoria
democrática en el conjunto del Estado.
P. ¿Qué están suponiendo los recortes en esta materia?
R. Está claro que con el presupuesto actual el efecto ha sido
demoledor. Hay que recordar que el dinero que venía directamente del Estado
vinculado al desarrollo de la ley de 2007 era bastante más importante que las
subvenciones autonómicas y sirvió para exhumaciones potentes como la del
cementerio de Málaga o importantes investigaciones. Pues todo eso se ha cortado
de raíz de manera que ahora las asociaciones y foros dependen de las
subvenciones que otorgamos en la dirección general y de algunas puntuales de
alguna Diputación o Ayuntamiento.
P. ¿Cómo es la colaboración con los Ayuntamientos y
Diputaciones?
R. Pues muy variopinta y dependiendo sobre todo del color
político, aunque también te encuentras sorpresas con Ayuntamientos de izquierdas
que siguen teniendo reticencias. Pero es sobre todo la derecha la más reticente
y obstruccionista en general. Y el ejemplo más claro lo tenemos con los
símbolos de la exaltación de la dictadura y el franquismo.
R. Se
hizo un mapa por el anterior Comisariado de la Memoria que es muy irregular en
su excelencia. Algunas provincias están bastante bien hechas, no quiero
concretar ninguna, otras dejan bastante que desear, desde el punto de vista
geográfico e histórico. Así que es mejorable. Pero los recursos son muy
limitados y, aunque estamos en ello, es una tarea pendiente. Pero tenemos datos
interesantes: más de 600 fosas y unos 60.000 asesinados en ellas. Aunque siguen
apareciendo algunas fosas nuevas y las vamos incorporando a nuestro registro.
Queremos hacerlo para el año que viene, pero tenemos que priorizar porque
nuestros recursos son muy limitados.
Fuente: www.elpais.com
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