POR
QUÉ NO SE HUNDE ESPAÑA
En medio de una
profunda crisis que la ciudadanía percibe sin control, España se mantiene en
pie gracias a instituciones, públicas y privadas, que contribuyen eficazmente
al bienestar común
¿Qué mantiene, pese a todo, en pie
a la sociedad española, tan intensamente decepcionada con sus instituciones
políticas, tan castigada por el desempleo y, por vez primera en decenios, tan
desconcertada, tan pesimista y tan carente de liderazgos? La respuesta es
clara: España se sustenta en el buen hacer de muchas de las instituciones que
integran el aparato estatal y también de las que componen lo que, para
abreviar, cabe describir como sociedad civil, según la última oleada
(junio-julio 2013) del Barómetro de Confianza Institucional que elabora
trimestralmente Metroscopia para este diario.
Por un lado, en la actual
coyuntura, las prestaciones de la Administración Pública española son
evaluadas, en conjunto, de forma positiva por un 70% de la ciudadanía, cifra
superior en 13 puntos a la que en este mismo asunto se registra en Francia y en
52 a la que se da en Italia. Un llamativo grado global de satisfacción con
nuestro servicio público que se sustenta fundamentalmente en la espectacular
consideración en que tienen los españoles a los médicos de la sanidad pública
(evaluados positivamente por un 92%), a los investigadores científicos (92%), a
los profesores de la enseñanza pública (85%) y a los cuerpos y fuerzas de
seguridad (86% la Guardia Civil, 83% la Policía y 72% las Fuerzas Armadas). Es
decir, significativamente, a instituciones y servicios moderada —o incluso
modestamente— remunerados y, además, castigados con especial dureza por los
recortes presupuestarios. Nada refleja probablemente mejor la actual falta de
sintonía entre las prioridades de la ciudadanía y las de sus gobernantes que el
hecho de que sean precisamente los tres sectores con un reconocimiento
ciudadano prácticamente unánime (la investigación, la sanidad y la docencia)
los que se vean más severa —y quizá, en algunos casos, irreparablemente—
dañados por las medidas de ajuste. Y por lo que respecta a las Fuerzas Armadas
y a los cuerpos de seguridad, nada dice tanto de la buena salud de una
democracia como la existencia de una alta confianza ciudadana en ellas. Las
evaluaciones que al respecto expresan hoy los españoles son milimétricamente
equivalentes a las que se registran en democracias más que solventes, como
Francia, Alemania o Estados Unidos.
Del lado de la sociedad civil, el
papel estelar corresponde, sin lugar a dudas, a las pymes, que ocupan el
segundo lugar (evaluadas positivamente por un 90%) en la clasificación general
de confianza ciudadana. Además de confirmar la nueva mentalidad predominante en
nuestra sociedad respecto de la vida económica y empresarial, este dato sin
duda expresa el generalizado reconocimiento ciudadano al esfuerzo de tantas
empresas pequeñas y medianas por sobrevivir y dar trabajo a más de nueve de
cada diez personas que tienen todavía empleo, a pesar de las dificultades que
las abruman. No solo siguen, mayoritariamente, sin poder disponer, en
condiciones razonables, del crédito que precisan, sino que de hecho, en la
práctica cotidiana, son más bien ellas las que se ven forzadas a financiar al
propio Estado o a las grandes empresas: a aquel, abonándole puntualmente, y por
adelantado, el IVA de facturas aún sin cobrar, y a ambos, soportando su
frecuente morosidad en el abono de lo debido. La actual crisis está haciendo,
además, que muchas pymes estén aprendiendo a sobrevivir “desbancarizadamente”:
habrá que ver con qué consecuencias cuando amaine la crisis. Los bancos, por
cierto, siguen ocupando el antepenúltimo lugar en la lista general de
confianza, por delante tan solo de políticos y partidos.
En un país crecientemente
empobrecido (y que soporta con serena dignidad pagar así, colectivamente,
culpas aún mal determinadas pero que con certeza no corresponden a todos por
igual) no puede extrañar el también masivo reconocimiento a la labor
asistencial de los servicios sociales de los municipios y, sobre todo, de
instituciones como Cáritas. Esta, de hecho, se constituye de forma rotunda en
la cara mejor evaluada de una Iglesia española juzgada por la ciudadanía con
profundas matizaciones: el 74% de reconocimiento ciudadano a Cáritas baja a un
todavía apreciable 51% en el caso del clero parroquial, a un moderadamente
negativo 41% en el caso de la Iglesia considerada en conjunto, y a tan solo un
21% en el caso de los obispos, relegados así al pelotón de cola junto a bancos,
políticos y partidos.
Y una apostilla final: la
claramente positiva evaluación ciudadana de la labor informativa de los medios
de comunicación (60% para el concreto caso de los periódicos), parecería
sugerir un reverdecimiento, en estos nuevos tiempos de desconfianza ciudadana
respecto de la “política oficial”, de la condición de “parlamento de papel” que
aquellos un día ostentaran.
Fuente: www.elpais.com
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