La declaración de Exteriores se
produce un día después de que Amnistía Internacional alertara de que "en
España la impunidad perdura y a las víctimas se les niega el derecho a la
justicia, a la verdad y a la reparación"
IÑIGO ADURIZ Madrid 30/08/2013
17:14 Actualizado: 30/08/2013 18:35
El ministro de Exteriores, José Manuel
García-Margallo.- Reuters
En España hay al menos 88.000
víctimas del franquismo que tras su desaparición durante la Guerra Civil y la
dictadura, permanecen enterradas en fosas comunes a lo largo y ancho
del país. Y sin embargo, nada más llegar al poder, el Gobierno que preside
Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la
Dictaduraque fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos;eliminó la partida de
los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó
la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la justicia argentina al impedir la
declaración de las víctimas.
A pesar de todo ello, el Ejecutivo ha hecho pública este viernes unadeclaración con motivo
del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (ver PDF), en la que considera
que "la desaparición forzada, que debe considerarse como un
verdadero ultraje a la dignidad humana, constituye, desgraciadamente, un
problema global que afecta a diversas regiones en todo el mundo".
A renglón seguido, el Gobierno que ha acabado con la apertura de las fosas
del franquismo llega a asegurar que "la promoción y el respeto por los
derechos humanos, así como la lucha por erradicar toda violación de los
mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una
absoluta prioridad del Gobierno de España".
El texto del equipo que preside Rajoy llega tan sólo un día después de
que Amnistía Internacional
hiciera público un informe (ver PDF), precisamente, con motivo de la
mencionada conmemoración del día de las víctimas de desapariciones, que
denuncia que "en España la impunidad perdura y a las víctimas se les niega
el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación". "No
se están investigando las desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho
internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo",
añade el prestigioso organismo internacional.
La situación ha
empeorado desde 2012
En su documento, Amnistía Internacional se dirige directamente contra el
Gobierno, al recordar que "las autoridades españolas rehúsan colaborar con
la Justicia argentina". Pero también orienta sus críticas hacia la
administración de justicia, en la que ha observado "una tendencia
continuada a archivar de plano de las investigaciones" sobre los crímenes
cometidos durante el periodo comprendido entre julio de 1936 y diciembre de
1951, y que supuso la desaparición de unas 114.000 personas.
La organización considera que "esta situación ha empeorado desde que
en febrero de 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que estableció la
imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en
base a argumentos que son contrarios al derecho internacional, entre
ellos: la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los
delitos de derecho internacional, o una errada interpretación del principio de
legalidad penal".
A pesar de las actuaciones puestas en marcha desde que gobierna, y de las
críticas de Amnistía Internacional, el Gobierno asegura en su
declaración que "sigue trabajando en todos los ámbitos de la prevención y
la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las
personas puedan ejercer plenamente todos los derechos y libertades que les son
inherentes en el marco de una sociedad respetuosa de la primacía del derecho,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales".
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