Matías Vallés
Las infantas Elena (i), Cristina (2d) y
Pilar (d), hermana del Rey, y el hijo de doña Elena, Juan Froilán. (EFE)
29.08.2013
Cuanta más sátira pueda extraerse de un
acontecimiento, mayor es el daño que produce a una sociedad. Si un tal
Ignacio Miramamolín hubiera llamado a la puerta de los españoles para pedirles millones
de euros a cambio de demostrarles que el golf atrae turistas, habría recibido
un sonoro portazo. Si hubiera precisado su condición de esposo de una hija del
Rey, el brusco adiós se habría transformado en una acogedora bienvenida. Es
decir, Urdangarinpedía en nombre de Cristina en la trama
investigada en un juzgado de Palma después de que se saquearan más de dos
millones a los contribuyentes baleares, y tres más a los valencianos. Por
tanto, la Infanta es inocente en el escándalo que erróneamente lleva el nombre
de su esposo.
Por orden creciente de importancia, la inmaculada
Infanta ha sido defendida por la Fiscalía, la Audiencia de Palma, la Agencia
Tributaria, la abogacía del Estado, la Moncloa, la Zarzuela y Martínez Pujalte,
el Sazatornil del PP. No está mal, si se piensa que Cristina de Borbón se ha embolsado personalmente
cerca de un millón de euros de una trama maloliente a través de una sociedad en
la que posee el cincuenta por ciento. Todas las instituciones citadas
consideran que el apellido Urdangarin prevalece sobre el humilde linaje Borbón,
un insulto a la Corona que no ha sido compartido por Jaume Matas. El gobernante, hoy ya promovido a
delincuente por el Supremo, afirma que pagó dos millones porque no se podía
negar al yerno del Rey.
El Estado no sólo ha de rebajar a la
familia Borbón para proclamar la pureza de la infanta Cristina. Incurre además
en un insultante machismo, la esposa consagrada a sus labores que no reparaba
en el chorro de cientos de miles de euros en su cuenta corrienteEl Estado no sólo ha de
rebajar a la familia Borbón para proclamar la pureza de la infanta Cristina.
Incurre además en un insultante machismo, la esposa consagrada a sus labores
que no reparaba en el chorro de cientos de miles de euros en su cuenta corriente,
por no hablar del palacete barcelonés de diez millones de euros. La hija del
Rey y Ana Mato de Gürtel, mismo combate. La todavía
ministra de Sanidad ha visitado Mallorca esta semana, no porque le preocupe
mínimamente la salud de los mallorquines, sino para coincidir en un acto
público con la Reina y bruñir así su deslucida imagen.
Si Ana Mato es más importante que el anónimo Sepúlveda, sorprende la suposición de que los
infinitos regalos de la trama de Francisco Correatenían
como destinatario al menos relevante de la pareja. Y lo mismo vale para
Cristina de Borbón. Por fortuna, esta discriminación por cuestión de sexo no se
ha extendido a Rosalía Iglesias de Bárcenas,
embargada por la petición de una fianza millonaria además de imputada junto a
su esposo, por mucho que el tesorero de Rajoy insista
en que su esposa se limitaba a seguir sus instrucciones. En la accidentada
instrucción del caso Palau, las esposas de los dos principales imputados, Millet y Montull, han estado
imputadas durante años sin que se sulfuraran las instituciones estatales.
El Estado le ha ofrecido un pacto tácito y diabólico
al juez José Castro, que encima es madridista. A cambio de
obviar las responsabilidades de Cristina de Borbón en una trama que la ha hecho
millonaria con dinero público, se le entregaban en una bandeja las cabezas de
Ignacio Urdangarin y su amigoDiego Torres, las
joyas de Esade. Los informes más recientes de la Agencia Tributaria destacan
que el Instituto Nóos, sinónimo de lucro, desvió las cantidades obtenidas de
Balears y Valencia a sociedades que no estaban capacitadas para prestar los
servicios ficticiamente contratados. Caso cerrado, pero el magistrado persiste.
En un esfuerzo de imaginación que nuestros lectores más exigentes
atribuirán a una distorsión patológica de la realidad, vamos a imaginar que
Cristina de Borbón desconocía los manejos presuntamente delictivos. Supongamos
que, como nos ocurre a todos a menudo, se limitara a recibir cientos de miles
de euros que atribuía a la habilidad de su marido. Una vez descubierto el
origen fraudulento del dinero, podría haberse ofrecido, cuando menos, a
restituir su parte del botín. Sin embargo, la Zarzuela ni ha mencionado la
devolución de sumas donde le alcanza la responsabilidad coronada subsidiaria.
Fuente: www.elconfidencial.com
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