Las diferencias en el coste de las tasas universitarias entre comunidades
llegan a un 174%
Cinco de ellas reducen el precio de los másteres, que pierden alumnos
Estudiar Derecho en una universidad pública gallega costará 591
euros el próximo curso; en una madrileña, 1.620. Eso quiere decir que después
de los cuatro años que dura el grado, al alumno de Madrid le habrá costado
sacarse el título 4.116 euros más que al de Galicia, un dinero suficiente como
para volver a estudiar otra carrera completa en la mayoría de las comunidades.
Eso, con los títulos más baratos (que suelen ser los de Humanidades y Ciencias
Sociales), pero si tomamos los sanitarios, por ejemplo Medicina, la diferencia
es de 757 euros en Andalucía y 1.980 en Madrid, es decir, 6.115 euros más al
final de los cinco años de carrera.
Las diferencias de precios entre comunidades se han disparado en
los dos últimos cursos y pueden llegar a ese 174% en el caso de Derecho y otras
carreras de Humanidades y Ciencias Sociales o ese 161% en Medicina. El cambio
normativo aprobado por el Ministerio de Educación en abril de 2012 ha permitido
a los Gobiernos autónomos aplicar las subidas que han querido; antes, el
Ejecutivo central fijaba una horquilla anual —normalmente con el IPC más cuatro
puntos en el límite superior— dentro de la cual las comunidades elegían una
cifra.
De esta forma, algunas, como Asturias o Galicia, han congelado los
precios dos años seguidos, mientras Madrid, Castilla y León, Canarias,
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña —cuyos campus acogen a la
mitad de los universitarios— han aplicado importantes subidas, entre 22% y el
60%. La mayoría lo hizo el curso pasado.
Solo Madrid ha aplicado un gran aumento por segundo año
consecutivo, convirtiéndose en la comunidad más cara para estudiar un grado —el
título que ha sustituido a licenciaturas y diplomaturas— en la pública. El
encarecimiento acumulado va del 50% para las carreras más caras al 92% para las
más baratas. Este es el caso de 40 titulaciones de Ciencias Sociales y
Humanidades —Derecho, Filosofía, las filologías o Economía— que han pasado en
solo dos años de costar 843 euros a 1.620 por un curso completo.
El resto de autonomías ha optado por subir los precios para el
curso 2013-2014 en el entorno del IPC (entre el 1% y el 5%) o, incluso, por
congelarlos: Cataluña, Canarias, Galicia y Asturias. Lo han hecho en un
contexto de crisis en el que la universidad pública ha sufrido un leve descenso
en los estudiantes de grado (0,2%) después de varios años de repunte y ha
perdido por primera vez alumnado de máster: 5,3%. De hecho, cinco autonomías
(Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha) han decidido
rebajar el coste de algunos másteres después del gran encarecimiento
generalizado que se produjo un año antes: un 62% de media. Madrid ha congelado
precios en estos posgrados.
En todo caso, ya está abierta de par en par esa enorme brecha en
el mapa de precios de los campus públicos. En el caso de los grados hay
claramente dos extremos, con Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad
Valenciana en el vértice más costoso, y Galicia, Cantabria y Andalucía, en el
más barato. Todo ello ha provocado un “crecimiento de la inequidad”, se queja
el rector de la Universidad de Alcalá y presidente de los rectores madrileños,
Fernando Galván. “No se explica que los costes sean tan distintos”, añade. Los
rectores madrileños habían pedido, sin éxito, que se congelasen las tasas, a la
vista de todos los problemas que habían tenido miles de universitarios para
pagarlas el curso pasado: al menos, 30.000 en toda España, según el recuento
hecho en mayo por este diario, estuvieron al borde de la expulsión por morosos.
El cambio normativo de Wert está tras estas
subidas dispares
Francisco Ropero (24 años), Alejandro Reyes (22), Serena Roca
(19), Ruth Abad (30)... Ellos son solo algunos ejemplos que han pasado por
estas páginas en los últimos meses de jóvenes que se han visto obligados a
abandonar la universidad, han estado a punto de hacerlo o han rehecho su camino
hacia la FP por falta de recursos. Porque la subida de tasas ha coincidido con
el endurecimiento de los requisitos académicos para acceder y mantener las
becas. Así, miles de estudiantes no solo han perdido o van a perder la ayuda,
sino que además tendrán que hacer frente a una matrícula mucho más cara,
teniendo en cuenta que las repeticiones se penalizan enormemente. Las segundas,
terceras y cuartas matrículas se han llegado a encarecer entre un 60% y un 345%
en Madrid, o entre un 44% y un 313% en Andalucía.
Universidades de toda España han salido al paso de estas
situaciones, en la medida de sus posibilidades —los recortes en los campus
superan los 1.200 millones desde 2010— con ayudas de emergencia para
situaciones sobrevenidas (familias que se quedan en paro) o para alumnos que
han perdido la beca por los nuevos requisitos académicos. Además, la mayoría
permite ya fraccionar el pago de la matrícula en tres, seis y hasta 10 plazos.
Sin embargo, los rectores reclaman apoyo.
En la Comunidad de Madrid, Galván pide, al menos, mecanismos de
compensación, como el que existe en Cataluña, donde los alumnos pagan en
función de su renta (por eso la media baja, dejando a Madrid como la autonomía
más cara). Preguntado sobre esos posibles mecanismos, un portavoz del
Departamento de Educación madrileño remitió a las declaraciones de la consejera
Lucía Figar en julio tras una reunión con los rectores en la que habló, sin
concretar más, de revisar los instrumentos de compensación.
En 2012, 30.000 jóvenes morosos estuvieron al borde de la expulsión
Poco antes, Figar había justificado la segunda gran subida
consecutiva de tasas por las limitaciones presupuestarias que exigen los
objetivos de déficit marcados por el Gobierno central. Esa subida “no parece
que sea una actualización del coste real de las titulaciones, sino una
estimación del recorte que se quiere hacer a las universidades”, dice Galván.
Según el nuevo sistema de fijación de precios aprobado el año
pasado por el ministro José Ignacio Wert, la matrícula de los grados debe
cubrir entre el 15% y el 25% del coste real de los estudios en primera
matrícula (el resto está subvencionado), y el porcentaje va aumentando para los
repetidores hasta llegar al 100%. Sin embargo, como se desconoce exactamente
qué proporción pagaban los alumnos porque no se sabe exactamente cuánto cuesta
un puesto en cada titulación, ni existen datos oficiales ni sistemas de cálculo
claros, al final cada comunidad ha hecho lo que ha querido, aumentando esas
diferencias de precios desde un máximo del 100% hace dos años a un 174%.
Otro ejemplo. Pongamos que un joven de Palencia quiere estudiar
Medicina. La opción más cercana dentro de su comunidad es La Universidad de
Valladolid. Allí, los cinco años de carrera le costarían casi 9.000 euros (eso,
aprobando todas las asignaturas a la primera). Sin embargo, si se fuera a la
comunidad vecina, a Cantabria, la matrícula acumulada de los cinco años sería
de unos 5.000 euros. En ambos casos tendría que pagar igualmente los gastos de
alojamiento y manutención. También podría irse, por ejemplo, a Galicia, donde
la matrícula cuesta 836 euros anuales.
Allí, el Gobierno de la Xunta (del PP, como el madrileño) sí ha
escuchado la petición de las universidades y ha congelado las tasas los dos
últimos cursos. El vicerrector de Economía de la Universidad de Vigo, José
Manuel García, explica que se trataba de tener en cuenta los ahogos económicos
que están sufriendo miles de familias, pero, además, añade: “No teníamos nada
claro que un aumento de precios fuera a suponer más ingresos”, dice. La
ecuación es simple: si se encarece en mitad de la crisis, es posible que menos
alumnos estudien en la universidad, o que estos se matriculen de menos
asignaturas, sobre todo, teniendo en cuenta cómo encarecen las repeticiones. Y,
aquí, las diferencias de precios entre comunidades se vuelven a disparar: desde
el 220% en las segundas matrículas hasta un 432% en las cuartas y posteriores.
De momento, añade García, no tienen datos para decir si los precios de los
campus gallegos están atrayendo a más alumnos de otras comunidades, aunque no
lo descarta.
El curso pasado se matricularon 534 alumnos nuevos en la
Universidad de Murcia cuyo domicilio familiar es Alicante o provincia, mientras
que el año anterior habían sido 491, es decir, un aumento del 8,7%. “En la
Universidad de Murcia siempre ha habido muchos estudiantes de la provincia de
Alicante, principalmente de la Vega Baja, donde es la universidad de
referencia, por proximidad y por tener más oferta de títulos que en el campus
de Orihuela de la Miguel Hernández. Además, Bolonia ha impuesto límites de
plazas en todas las carreras, lo que empuja a los estudiantes a salir de sus
lugares de origen. La diferencia de precios en las tasas de la Región de Murcia
y la Comunidad Valenciana también habrá influido”, explicaba en abril un
portavoz de la Universidad Murcia.
Aunque el aumento acumulado en los dos últimos cursos en esta
comunidad no ha sido de los menores (un 14%), la diferencia de precio en las
carreras más caras (las técnicas y las sanitarias) sí es importante con la
Comunidad Valenciana (con una subida acumulada del 34%, aunque el próximo curso
solo sube un 1%). Una ingeniería costará el próximo curso 1.431 euros al año en
la Comunidad Valenciana; en Murcia, algo más de 1.000.
Y las
diferencias se disparan mucho más en el caso de los másteres. En los que
habilitan para una profesión (son obligatorios si se quiere ejercer algún tipo
de trabajo), por ejemplo, el máster de profesor de secundaria, la diferencia es
del 172%: cuesta 900 euros en el País Vasco, menos de la mitad que en la UNED
(1.920), Castilla y León (1.947), Madrid (2.100) y Cataluña (2.400). Y en el
resto de másteres, los generales, el precio mínimo de las comunidades es casi
tres veces más barato en Galicia y Castilla-La Mancha (1.297 y 1.353 euros) que
en Cataluña (3.925). La matrícula de estos se ha encarecido en dos años en
Cataluña un 169%; en Madrid, un 151% y en la Comunidad Valenciana, hasta un
216%.
Una ofensiva contra Wert
STEFANIA GOZZER, MADRID
El PSOE
anunció ayer que estudia llevar al Tribunal Supremo el real decreto que regula
las becas, como parte de una “gran ofensiva” en defensa de la educación. La
estrategia de los socialistas partirá de que el decreto nace de una norma cuyo
objetivo es la igualdad de oportunidades y, sin embargo, va en contra de esta
equidad, explicó el secretario de organización del partido, Óscar López.
El
reglamento, aprobado el 2 de agosto, estableció medidas polémicas como la
subida de la nota de acceso a las becas más cuantiosas: a partir de este curso,
los alumnos de primer año deberán tener una nota mínima de 6,5 para optar a la
beca-salario o a la de residencia. Estas dos ayudas tendrán una parte fija —de
1.500 euros— y otra que variará —de un mínimo de 60 euros— según la renta y la
nota. Además, para conservar la condición de becario, el estudiante deberá
aprobar el 90% de los créditos en el caso de las Humanidades y el 80% en el de
las Ciencias de la Salud. Solo las ingenierías y arquitectura se beneficiaron
de una rebaja del 85% al 65%.
La “gran
ofensiva” del PSOE comenzará mañana en la comparecencia ante el Congreso del
ministro de Educación, Ignacio Wert. La política de becas, las tasas universitarias
y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) serán las
protagonistas de la jornada. Otra de las acciones dentro de esta “ofensiva”
será solicitar una reunión con la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE) para tratar la desigualdad de las tasas universitarias.
Fuente: www.elpais.com
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