Desde marzo, los medios han recogido
numerosos episodios sobre exhibición de simbología franquista o nazi, con
hechos que han causado un revuelo mediático, principalmente los que se enmarcan
dentro del rifirrafe político, como el caso de las fotografías de miembros de
las Nuevas Generaciones del PP en diversas localidades españolas.
Cuando el edil de la pequeña
población de Castil de Peones (Burgos), Mario Laso, decidió colgar este mes una
foto en la red social en la que aparecía con otros dos jóvenes -uno de ellos
exhibiendo un llavero con la bandera preconstitucional española-, parece que no
era consciente de la reacción que iba a originar entre partidos políticos,
fiscales o en sus propias filas.
Tampoco sus compañeros de partido en
Xátiva (Comunidad Valenciana), quienes decidieron exhibirse con el propio
presidente de las Nuevas Generaciones, Xesco Sáez, en la localidad en actitudes
que posiblemente podrían constituir un delito y que perjudican la imagen de la
organización, por lo que el PP les ha abierto un “expediente informativo”.
Estos hechos, sumado a otros, como el
que ocurrió a principios de año en Escúzar (Granada) y que derivó en un
expediente de expulsión temporal para el exalcalde y actual portavoz del PP,
Manuel Alférez Bonilla, junto con la pintada nazi esta semana en la plaza
de toros de la localidad madrileña de Pinto, ha provocado que hasta la Unión
Progresista de Fiscales (UPF) se haya pronunciado.
Los fiscales progresistas han
denunciado lo que consideran un “brote de actos fascistas” que podría derivar
en un “semillero de actuaciones mucho más graves”. Y en dicha tesitura
coinciden con las reacciones políticas a dichos episodios, que han sido
sucesivas y continuas, principalmente porque se trata de militantes del PP,
partido que Gobierna en España y en algunas de las localidades en las que se
llevaron a cabo.
Los fiscales progresistas, que se
pronunciaron esta semana principalmente por la pintada en la plaza de toros de
Pinto -”Adolf Hitler tenía razón”-insisten en que son actuaciones “muy graves”.
En el caso del espectáculo taurino, consideran que la situación se agravó por
el hecho de que el Ayuntamiento pinteño (gobernado por el PP) permitiera que se
celebraran las corridas que fueron presenciadas por 5.000 personas y en las que
varios asistentes difundieron vídeos e imágenes a través de las redes sociales
con las pintadas de fondo.
Frente a este panorama, Izquierda Unida (IU) ha decidido
pedir la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para
que acuda al Congreso y explique qué medidas adoptará tras la exhibición de
símbolos fascistas por parte de miembros de las Nuevas Generaciones del PP o la
pintada fascista en Pinto. La formación también se ha interesado por las
medidas que tomará Gallardón respecto a las declaraciones del alcalde del PP de
Baralla (Lugo), Manuel González Capón, quien aseguró en un pleno municipal que
“quienes fueron condenados a muerte” durante el régimen de Franco “sería
porque lo merecían”.
lasexta
No hay comentarios:
Publicar un comentario