Víctimas
del siniestro ferroviario de Santiago demandan que una comisión parlamentaria
desarrolle una investigación política sobre las causas y responsabilidades
políticas del suceso.
24/02/2015 -
18:34h
Las víctimas,
este martes ante el Congreso de los Diputados / EFE
La Plataforma
Víctimas Alvia 04155, que agrupa a más de 150 víctimas directas (y sus
familiares) del accidente que en el verano de 2013 acabó con la vida de 81
personas en Angrois, ha entregado este martes en el Congreso las más de 115 mil
firmas que nos últimos meses ha recogido a través de change.org en demanda de
una comisión parlamentaria de investigación sobre el siniestro. La entidad
considera que aún no han sido aclaradas y explicadas suficientemente varias de
las causas de la tragedia, y que tampoco se han asumido las responsabilidades
políticas exigibles, empezando por los presidentes de las empresas públicas
implicadas directamente, ADIF y RENFE. Pocos días después del accidente PP,
PSOE, CiU y PNV se pusieron de acuerdo para impedir la creación de esta
comisión en el Congreso de los Diputados.
Además de la
demandar la creación de la Comisión de Investigación, las víctimas exigen que
se "depuren responsabilidades políticas del Gobierno actual del PP y del
Gobierno anterior del PSOE". La entidad subraya que año y medio después
del siniestro y "tras conocerse informes periciales que demuestran
descuidos, falta de evaluación de riesgos, asunción de riesgos intolerables y
engaños, aún no se ha dado ninguna explicación convincente de las causas por
parte de los responsables políticos, ni se ha producido ninguna dimisión ni el
cese de quienes estaban y están al frente del Ministerio de Fomento, de ADIF y
de RENFE".
Jesús
Domínguez, uno de los portavoces de la plataforma, explica que "entendemos
que además de las responsabilidades judiciales, que las hay y que tardarán en
resolverse, hay también responsabilidades políticas, porque hablamos de
empresas públicas". Para la plataforma de víctimas, la reclamada comisión
de investigación "adquiere aun más relevancia por los informes periciales
que acabamos de conocer, sobre todo el de César Mariñas, el perito
independiente al que nadie ha puesto en tela de juicio". "Esos
informes dejan claro que ADIF no hizo bien su trabajo y que su actuación y el
hecho de haber ignorado las advertencias puso en riesgo las vidas de los
pasajeros", señalan.
Recientemente,
los informes de los peritos encargados de estudiar el accidente señalaron que
ADIF no analizó suficientemente las condiciones de las vías y el riesgo que
implicaba un exceso de velocidad en la curva de A Grandeira. El maquinista fue
señalado por la justicia como el único responsable del siniestro, de modo que
una docena de antiguos directivos de ADIF imputados en primer término fueron
eximidos de su responsabilidad, pues las irregularidades de la vía y del
trazado no suponían el incumplimiento de ninguna norma. Sin embargo, los
recientes informes periciales han vuelto a señalar a la gestora de
infraestructuras. Por lo tanto, en el accidente habría intervenido no solo el
exceso de velocidad, sino otras circunstancias, como la modificación del
proyecto inicial, la desconexión del ERTMS, la falta de señalización en la
curva o la falta de análisis de riesgo.
Para Jesús
Domínguez, los informes periciales confirman "las mentiras sobre la alta
velocidad que nos quisieron vender". "Hay claras responsabilidades
políticas, además de las penales, que puede haberlas o no, subraya. "Y es
en el Congreso de los Diputados, con luz y taquígrafos, donde se deben dar las
explicaciones".
Los informes
periciales les permiten a las víctimas y a sus familiares ser "algo más
optimistas", asegura. "Pero tenemos que enfrentarnos a dificultades
muy grandes: peleamos contra todo el aparato del Estado" –dice–.
"Hablamos de Fomento, de Renfe, de la alta Velocidad... Es un tema que
claramente no quieren que se toque. PP y PSOE tienen un acuerdo tácito para no
hacerlo". "Lo tenemos difícil", concluye.
La Plataforma
ha dirigido una carta pública a la Fiscalía encargada del caso, señalando que
"faltan pruebas y testigos cruciales del accidente del AVE
Ourense-Santiago que el fiscal debe exigir antes de hablar de reparación".
Denuncian a este respecto las dificultades y obstáculos que han venido
encontrando para encontrar información o para ahondar en las investigaciones,
unas dificultades que incluso han sido cuestionadas por un senador
norteamericano a instancias de una de las víctimas. De igual manera, critican
que varias de las personas que señalan como responsables no solo no hayan sido
castigadas, sino que por el contrario han sido "premiadas" con nuevos
cargos o con ascensos, como en el caso de José Blanco (ministro de Fomento en
el momento de la inauguración de la línea y hoy eurodiputado), Rafael Catalá (entonces
secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia) o Julio
Gómez-Pomar (antiguo presidente de Renfe y ahora secretario de Estado de
Infraestructuras).
Además, en los
últimos meses la plataforma ha llevado a cabo una campaña de crowdfunding para
conseguir financiación para elaborar y difundir un documental y un libro sobre
el accidente, bajo el título de Frankenstein-04155. En total, han recaudado más
de 50 mil euros, que permitirán que el film se pueda ver después del verano.
Antes, el 24 de julio, y coincidiendo con el segundo aniversario de la
tragedia, se mostrará un adelanto. La plataforma quiere que el documental
participe en festivales internacionales y tenga difusión en las semanas previas
a las elecciones generales.
Fuente: www.eldiario.es
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