Grecia investiga 3.500 casos de impago de
impuestos por valor de 7.000 millones de euros
CLARA PALMA HERMANN
/ ATENAS
Domingo, 22 de febrero del 2015
«El cliente no está obligado a pagar si no recibe factura»,
reza un letrero que adorna todo establecimiento griego. Aunque para las
adquisiciones costosas la pregunta con o sin IVA no ha desaparecido por
completo, el temor a las inspecciones impulsa a los comercios a emitir facturas
hasta por la compra más nimia, y asegurarse así de que el cliente realiza la
compra. Este es quizá el cambio más visible desde que en el 2009 se implantara
la mano dura contra el fraude fiscal.
Ese año, un estudio de la Federación de Industria Griega
cifró la evasión en 30.000 millones de euros anuales. Según el
Ministerio de Finanzas, entre el 2009 y el 2011 54.000 ciudadanos griegos
realizaron transferencias a bancos extranjeros por un valor de 22.000 millones
de euros. No obstante, la implantación de un control más estricto de la
facturación, unido al incremento de la presión para pagar los impuestos
municipales y el recién introducido IBI, situaron a Grecia entre el 2011
y el 2012 entre los 5 países europeos que reportaron mayores incrementos en
ingresos tributarios.
El control de las grandes fortunas, sin embargo,
sigue siendo una de las asignaturas pendientes, según explica Panayotis
Petrakis, profesor de economía en la Universidad Nacional de Atenas. «A
un nivel bajo, la población está vinculada a la economía sumergida. Desde
cierto punto de vista, es un comportamiento de supervivencia para estratos
sociales muy empobrecidos. Pero el problema real es la evasión de altos
vuelos», señala.
El pasado 10 de febrero, el nuevo ministro para el Combate
contra la Corrupción Panayotis Nikoludis anunció que se estaban
investigando 3.500 casos de evasión fiscal por valor de 7.000 millones
de euros. De ellos esperaba obtener hasta 2.500 millones para las arcas
públicas. Detrás de estos casos, para Nikoludis, hay «un puñado de familias que
se alimentan del estado y que creen que lo público existe solo para servir sus
intereses».
Evasores de clase media
En efecto, el año pasado, como resultado de la realización
de 500 auditorías, la Autoridad Auditora de Contribuyentes de Elevados Ingresos
determinó que el 80% de los griegos adinerados evadía impuestos. Solo 1
de cada 5 casos analizados declaraba y tributaba conforme a sus ingresos
reales. En la muestra, 130 millones de euros habían sido transferidos al
extranjero, mientras que otros 25 de impuestos sobre la propiedad habían
quedado sin pagar.
«Hay sectores en los que se trata de cantidades muy
elevadas. Con voluntad política se puede obtener resultados», confía Petrakis.
Sin embargo, en lo que se refiere a los evasores de clase media, este experto
opina que la estrategia pasa por cambiar la percepción social.
La pérdida de ingresos públicos debido al fraude de
profesionales liberales ascendía en el 2013 a 3.230 millones anuales, según un
informe de la OCDE: nada menos que un 1,75% del PIB. Cada mes, la policía
económica acostumbra a revelar casos de médicos o dentistas que a lo largo de
los años habían ingresado millones de euros sin declarar.
«Todo el sistema de control está muy pobremente organizado,
y además hay un sentimiento generalizado, un comportamiento cultural», asevera
Petrakis. «Cuando hay una relación especial con el cliente es más fácil evadir:
el cliente se ahorra algo y los profesionales incluso más».
Escasez de personal
Combatir la evasión fiscal es una de las prioridades
del nuevo Ejecutivo de Alexis Tsipras. Entre sus compromisos figura la
creación de un sistema tributario justo. También redoblar esfuerzos en la
persecución de los defraudadores - 2.062 ciudadanos griegos tienen cuentas en Suiza-
y acelerar la investigación de los casos.
Pero la presión no reside solo en que, según prometió el
Gobierno, de lo recaudado deben salir los fondos para volver a contratar
funcionarios y subir salarios. Tsipras también debe convencer a la UE
de que es capaz de poner freno a las irregularidades fiscales. La escasez de
personal es un obstáculo. La Unidad de Crímenes Financieros de la policía
cuenta solo con 730 empleados, menos de la mitad que antes de la crisis, y le
falta equipamiento.
El culmen de los retos es el sector naviero,
en el que se han evadido más de 140.000 millones desde el 2002. Las exenciones
fiscales de los armadores están garantizadas por hasta 58
provisiones legales, según denunció Syriza. Sin embargo, en caso de ver
amenazados sus privilegios, disponen del simple recurso de registrar sus barcos
bajo bandera de otros países.
Fuente: www.elperiodico.com
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