Los efectos de la crisis se están conteniendo gracias a la solidaridad
de las familias, muchas de ellas sostenidas por las pensiones de los jubilados,
condenando a muchas de ellas a la exclusión social.
nuevatribuna.es | Por Anatolio Diez Merino y Eduardo
Ruiz Carrión | 24 Febrero 2015 - 12:11 h.
Esta semana se celebra el estado de la nación en el Congreso
de los Diputados, el último de esta legislatura, por lo que consideramos que,
desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, es un momento oportuno, a
las puertas de las distintas citas electorales, para hacer balance de la
situación en la que se encuentran las personas mayores en nuestros país.
Un amplio colectivo de personas, hombres y mujeres, que
están padeciendo, de forma silenciosa, las consecuencias de la crisis económica
y los efectos desastrosos de unas medidas adoptadas por el Gobierno que han
abocado a muchos de ellos y ellas a una situación de pobreza, precariedad
económica y exclusión social.
Hoy existen alrededor de cuatro millones de pensionistas que
cobran pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional, de los que
casi tres millones perciben menos de 420 euros al mes y tienen que soportar en
muchas ocasiones sus gastos y los de las familias, de sus hijos que han vuelto
al hogar paterno al ser expulsados del mercado laboral y que carecen, con el
paso del tiempo, de prestaciones, subsidios y ayudas para poder vivir.
Los efectos de la crisis se están conteniendo gracias a la
solidaridad de las familias, muchas de ellas sostenidas por las pensiones de
los jubilados, condenando a muchas de ellas a la exclusión social.
Y también sirve para dar una explicación a la tensión
social, generada por la crisis y las políticas de recortes, latente, que no ha
estallado, para el asombro de muchos observadores, como consecuencia del enorme
esfuerzo solidario de nuestros mayores que, en nuestro país, han pasado a ser,
nuevamente, el soporte de sus familias a pesar de lo exiguo de sus pensiones en
muchos casos.
Por eso resulta profundamente injusta la ley de
sostenibilidad del sistema de pensiones, que desvincula el IPC de la subida de
las pensiones, y que se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de las
pensiones, como se ve en los presupuestos generales de los últimos años.
Y que se suman a medidas relativas al repago farmacéutico,
la dejación y el abandono de las políticas de dependencia, que se suman al
fuerte deterioro de los servicios públicos, la sanidad, especialmente utilizada
por los jubilados, y los servicios sociales.
Los tijeretazos en los servicios públicos de los distintos
gobiernos del Partido Popular, a nivel del estado y a nivel autonómico, han
tenido gravísimas consecuencias para las personas mayores al ser adelgazados o
simplemente desmantelados, creando, de este modo, un inmenso déficit social.
La precariedad de las condiciones de vida de los mayores se
ve agravada por los repagos médicos y farmacéuticos, de tal forma que hay
pensionistas que han dejado de medicarse por no poder afrontar el coste de las
medicinas que necesitan.
Se suma también a la subida de las facturas energéticas en
los hogares, por lo que la UJP-UGT reclama para los mayores en situación de
exclusión,-que existen, aunque el PP lo niega-, un "mínimo vital
exento" para garantizarles el consumo necesario que mantenga unas
condiciones dignas de supervivencia.
Hay que recordar que a los y las pensionistas también se les
ha esquilmado mediante mecanismos tan injustos como el llamado euro por receta,
y que, junto al repago y el medicamentazo, impuestos por el gobierno del PP,
consolidan un modelo de Sanidad que nos retrotrae a las políticas de
beneficencia preconstitucional para los que vive en el umbral de la pobreza.
El gobierno del PP, con sus medidas, se ha encargado de
hacer más difícil la vida de los jubilados y los pensionistas de nuestro país.
Sufrimos los recortes, sufrimos los desahucios, las carencias médicas y
alimenticias y tenemos dificultades para acceder a los recursos energéticos,
pero no nos resignamos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de
nuestros derechos y los de las generaciones futuras.
Anatolio Diez Merino y Eduardo Ruiz Carrión,
Secretarios Generales de la UJP Estatal y UJP de Madrid.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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