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Infraestructuras
fallidas
- El juez rechaza el convenio propuesto por Fomento, que planteaba una quita del 50% de la deuda, y abre la puerta a una liquidación en cadena de nueve concesiones fallidas
- El pasivo acumulado, de 4.500 millones de euros, podría recaer sobre el Estado
Autopista AP 36
que une Ocaña y La Roda CHEMA TEJEDA
CÉSAR URRUTIA
Madrid
Actualizado:
26/02/2015 04:18 horas 
Nueve
autopistas de peaje construidas con previsiones erróneas, paradigma de los
derroches que caracterizaron épocas anteriores a la crisis y que,
infrautilizadas, empezaron a quebrar en cadena a partir de 2012 van a entrar en
liquidación, lo que puede costar a las arcas del Estado unos 4.500 millones
de euros.
El Juzgado
Mercantil número 2 de Madrid ha rechazado las dos primeras propuestas de
convenio presentadas por la Administración y que articulaban un plan de rescate
para intentar evitar que las sociedades concesionarias entren en liquidación.
El magistrado Sánchez Magro considera ilegales esos convenios, que tampoco
satisfacían a los bancos extranjeros acreedores, según informaron a EL MUNDO
fuentes jurídicas. La inadmisión de los convenios implica el inicio de la
fase de liquidación, lo que abre la puerta a la responsabilidad patrimonial de
Fomento.
El Juzgado
Mercantil número 2 de Madrid ha tumbado las propuestas de convenio presentadas
-tras un año y medio de vacilaciones- por la Abogacía del Estado en
representación de SEITTSA, la sociedad estatal dependiente de los Ministerios
de Fomento y Hacienda que gestiona las infraestructuras terrestres de las que
el Estado es titular.
Las propuestas,
formalizadas el pasado enero, se referían a las concesionarias de una de las
nueve autopistas de peaje que a partir de mayo de 2012 empezaron a declararse
en quiebra o entraron en concurso de acreedores. Pero el plan diseñado por
Fomento era el mismo para las restantes, por lo que el rechazo judicial al
rescate ideado por el Ministerio de Ana Pastor afectará a todas ellas,
señalaron fuentes jurídicas implicadas en el proceso.
Las mismas
fuentes indicaron que Fomento ha dejado que el problema se encalle con la
tardanza en presentar unas propuestas de convenio que, a la postre, han
resultado ser ilegales. Así lo ha considerado el titular del Juzgado Mercantil,
Andrés Sánchez Magro, en una resolución por la que, según informaron las
fuentes consultadas, declara la inadmisión de las propuestas de convenio y abre
la fase de liquidación referida a los concursos de Autopista de Levante
Concesionaria Española e Inversora de Autopistas de Levante, concesionarias de
la AP-36 (Ocaña-La Roda). La resolución puede ser recurrida en apelación, por
lo que la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid.
El plan de rescate
de Fomento, pactado con algunos de los acreedores pero rechazado por otros -en
particular, los bancos extranjeros afectados-, contemplaba aplicar una quita
del 50% del pasivo y convertir el resto en un bono a 30 años.
Pero, además,
las propuestas de convenio modificaban a la baja el volumen del pasivo al
considerar duplicados ciertos créditos. La Ley Concursal prohibe quitas del
100%, que es lo que, en realidad, planteaba el Ministerio de Fomento al
proponer la supresión de créditos reconocidos.
El rechazo
de las propuestas de convenio supone el inicio de la fase de liquidación.
En el supuesto de liquidación de una concesión entraría en juego la cláusula de
responsabilidad patrimonial establecida en los contratos de concesión, lo que
pondría a Fomento en el trance de tener que hacer frente a unas indemnizaciones
de unos 4.500 millones de euros.
La AP-36
solicitó concurso de acreedores el 19 de octubre de 2012, petición que fue
formalmente aprobada en diciembre del mismo año, seis después de que fuera inaugurada
con una inversión de 542 millones de euros. Sus principales accionistas son,
con un 52,36% Cintra Infraestructuras -perteneciente a Grupo Ferrovial- y
Sacyr, con un 40%. Ferrovial provisionó en 2011 las pérdidas por esta
infraestructura, así como Sacyr.
Durante la
presentación de resultados del grupo en 2014, el consejero delegado de
Ferrovial, Iñigo Meirás, ya avanzó el pasado martes a un grupo de periodistas
que el problema de las autopistas en concurso de acreedores estaba agotando
todos sus plazos. «De las ocho concesiones en concurso de acreedores, cinco
caerán este año si no se llega a un acuerdo. El ministerio de Fomento ha
tratado de concentrar todos los casos en un único juzgado pero, o se toma una
decisión con la primera que caiga o el plan no es viable», explicó antes de
subrayar que su grupo ha provisionado 270 millones de euros por sus inversiones
en estas concesiones y que, por este motivo «casi cualquier solución nos vale».
Sacyr, por su
parte, ha mantenido a lo largo de todo el proceso una actitud discreta pero de
oposición a la quita propuesta por Fomento al plantearse si debería oponerse
judicialmente a la decisión para evitar que accionistas del grupo abran un
frente contra el consejo de administración.
Fuente: www.elmundo.es
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