nuevatribuna.es |Antonio
Baylos | Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La
Mancha | 26 Febrero 2015 - 17:00 h.
En
el debate de la Nación que acaba de terminar, hemos asistido a la exposición
por el Presidente del Gobierno del discurso mantenido fieramente desde su
llegada al poder. El Partido Popular heredó una situación económica del país
prácticamente en quiebra – la “herencia recibida” –, fueron necesarias medidas
impopulares para imponer sacrificios, y, al final, la recompensa es que todo
mejora y se encamina hacia la buena vía. Sin embargo, como confirman los
economistas, todos los indicadores económicos, sociales y políticos de
España han empeorado desde que se instaló el gobierno del Partido Popular
tras obtener la mayoría absoluta en noviembre del 2011.
Juan
Laborda en su blog, resume así los datos:” El PIB Nominal a finales de
2011 se situaba en los 1,08 billones de euros, ahora apenas supera los 1,05
billones. El número de afiliados a la seguridad social alcanzaba a finales de
2011 los 17,3 millones de personas frente a los 16,5 a cierre de 2014. El
número de trabajadores a tiempo completo rozaban a cierre de 2011 los 19,1
millones de personas frente a los 18,3 actuales. La tasa de paro U6, que sí
tiene en cuenta precariedad y temporalidad, exacerbada por la peor reforma
laboral de nuestra historia, ha pasado del 27% al 34%. Si sumamos a los
parados, por un lado, los desanimados y los que desean trabajar, y por otro,
todos los trabajadores temporales involuntarios y subempleados, el total de
trabajadores en precario se aproxima a los 11 millones. La deuda de las
administraciones públicas, si atendemos a las Cuentas Financieras de Banco de
España, supera los 1,4 billones de euros, lo que supondría un incremento de
casi 600.000 millones de euros bajo Rajoy “el austero”. La deuda externa neta
alcanza un nuevo récord histórico, por encima del billón de euros. Mientras
nuestras exportaciones crecían en 2011 a tasas superiores al 15% ahora apenas
repuntan un 2%. El indicador de miseria AROPE (At‐Risk‐Of Poverty and Exclusion), en el
marco de EUROSTAT, alcanzó a finales de 2013 el 28% de la población española, y
el 30% de la población infantil... Y así un largo etcétera”.
En
resumen, una “inestimable ejecutoria” que naturalmente será negada por todos
los medios de comunicación empotrados en el poder económico, que acentuarán su
función de ocultación y de manipulación en este año electoral, y que tiene
corto recorrido ante la previsible derrota del PP, que intentará ser conjugada
mediante acuerdos post-electorales que obstaculicen en mayor medida las
iniciativas de cambio o de reforma real.
Lo
que importa destacar es que la reincidencia en ese discurso triunfalista del
gobierno lleva aparejada la insistencia en las medidas de reforma laboral y de política
de empleo que ha conducido al país a la terrible situación en la que nos
encontramos. Las desventuras a las que ha conducido la “reforma de estructura”
en materia de trabajo y empleo son una vez más confirmadas por otra de las
medidas anunciadas por el presidente de gobierno en el debate parlamentario
referido.
Esta
vez se trata de una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos por
la que los primeros 500 euros del sueldo estarán exentos de cotizar a la
Seguridad Social. Se aplicaría a partir del próximo 1 de abril, ya que la
tarifa plana vigente se acaba el 31 de marzo, y beneficiará sobre todo a los
trabajadores "más vulnerables", que es "donde se concentra más
el paro y la temporalidad, ya que carecen de experiencia o de formación".
Dice Ana
Requena Aguilar que “la nueva reducción de cotizaciones sustituirá a
la ahora vigente tarifa plana de cien euros y abaratará de nuevo la
contratación: los primeros 500 euros de salario estarán exentos de cotizar.
Aunque falta por conocer los detalles, podrán acogerse a esta medida las
empresas que formalicen contratos indefinidos –a tiempo completo o parcial– que
impliquen un aumento de su plantilla. Esta reducción se aplicará sobre la parte
de la cotización que paga la empresa por contingencias comunes. No afectará,
por tanto, a la cotización que se abona para costear las prestaciones por
desempleo o el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ni a la parte que pagan los
trabajadores”. La periodista pone un ejemplo para que se entienda mejor: Por un
trabajador a jornada completa con un salario de 20.000 euros, una empresa
tendría que pagar ahora 4.720 euros anuales a la Seguridad Social. Con esta
medida, sin embargo, cotizará por este trabajador como si su sueldo fuera de
14.000 euros: abonaría 3.304 euros a la Seguridad Social, con lo que se
ahorraría cerca de 1.400 euros al año. Por un asalariado con un contrato a
tiempo parcial de cuatro horas diarias que perciba 500 euros mensuales, la
empresa no cotizaría por los primeros 250, ya que la medida es progresiva en
función de la jornada.
Los
comentarios a esta medida insisten en su repercusión negativa en las finanzas
de la Seguridad Social. Ya con la llamada “tarifa “plana”, Joaquín
Aparicio en su blog primero y en Nueva Tribuna después, insistía en el “robo”
a la Seguridad Social que implicaban estas medidas (http://www.nuevatribuna.es/articulo/culturas-hispanicas/robar-seguridad-social-ahora-tarifa-plana/20140418151121102750.html).
Los sindicatos han reaccionado negativamente sobre la base de la ineficiencia
de estas medidas en orden al empleo. El secretario de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, insiste en que este tipo de medidas
"han demostrado que no generan empleo". El secretario de Comunicación
y Organización de CCOO, Fernando Lezcano, advierte de que los
salarios "ya están deprimidos como para que se detraigan recursos públicos
para que a los empresarios les salgan aún más baratos". Coinciden así con
la opinión de otros economistas expertos del ala socioliberal, como Ignacio
Conde-Ruiz, de FEDEA, que entiende que son “herramientas inútiles salvo que
vayan destinadas a colectivos con problemas”, no acordes con “los problemas del
mercado laboral español”.
Es
evidente que la medida no creará empleo y que es lesiva para la financiación
del sistema de Seguridad Social, drenando las aportaciones al sistema. Pero
interesa además resaltar el significado de esta medida respecto del
salario. La cotización al sistema de Seguridad Social se interpreta como “coste
salarial”, en una línea de mercantilización de la fuerza del trabajo que ya se
ha expresado clásicamente respecto de las indemnizaciones de despido y la causalidad
del mismo, por ejemplo en el famoso periodo de prueba del CAE. De tal manera
que al reducir elementos jurídicos de finalidad muy clara a su coste económico,
y a su vez establecer como un axioma que la reducción de los costes
empresariales facilitan el empleo, se borra la función que las cotizaciones
empresariales tienen en relación con la solidaridad ciudadana y la construcción
de un sistema de seguridad para los riesgos derivados del trabajo y los estados
de necesidad que se acentúan con las personas que hacen del trabajo asalariado
su fuente de vida y de renta.
El
empresario es desligado del deber de contribuir solidariamente a esa obligación
ciudadana que está en la base del reconocimiento de derechos sociales básicos y
de la organización pública de esas necesidades. Los primeros 500 euros del
salario de un trabajador a jornada completa se exceptúan de este deber que nace
“desde el momento de iniciación de la actividad” como señala la LGSS. El
derecho a la protección frente a la vejez, la incapacidad, las cargas
familiares, y la configuración de un sistema público de Seguridad Social
se desvinculan de las obligaciones empresariales de sostener económicamente las
cargas del sistema.
Por
lo tanto estas medidas anunciadas por el Gobierno pretenden trasladar al
sector económico de la empresa la errónea convicción de que la remuneración del
salario debe restringirse progresivamente al salario nominal del trabajador,
sin que en el ámbito de responsabilidad del empresario – ¿del
emprendimiento como actividad fomentada? - se incluya ya el deber de contribuir
solidariamente a la cobertura de unos riesgos sociales de las personas que para
él trabajan. Se potencia así como la figura clave para la
recuperación económica a un empresario que se define por su estricta
capacidad de ganancia, desresponsabilizado de cualquier obligación social,
educado en la mercantilización de los derechos laborales y en la
equiparación del respeto a los mismos con obstáculos
inconvenientes a su iniciativa económica. Un sujeto construido desde la
barbarie, recluido en un autoritarismo violento y hostil a la lógica
democrática.
¿Son
esos los empresarios que necesitamos? La CEOE-CEPYME, como representación
institucional de los empresarios, reivindica y aplaude este tipo de medidas. Su
vehemente adhesión a las reformas impulsadas por el gobierno debería ser
valorada en un futuro próximo como una rémora importante a su capacidad de
representación, aunque confía siempre en que su posición institucional
necesaria como eje de relación con los sindicatos siga consolidando su posición
hegemónica en la disposición del poder en las relaciones de trabajo. Pero quizá
su confianza plena en su dominio gobierne quien gobierne puede sufrir algún
menoscabo.
El
caso es que la demolición del derecho del trabajo que ha llevado a cabo en
estos cuatro años el gobierno del PP no se limita sólo al desmoronamiento de
los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo, sino que también
se proyecta de manera muy decisiva sobre la figura del empresario como sujeto
económico, al que empuja hacia posiciones no democráticas, insolidarias, fuera
del equilibrio constitucional en el que se sitúa la libertad de empresa,
justificando retóricamente esta figura antisocial con la creación de un empleo
precario y mal remunerado. Cada vez es más urgente poner fin
Fuente: www.nuevatribuna.es
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