Un informe de la UDEF advierte que Copisa y
FCC son contratistas de la Generalitat y no justifican los pagos al hijo del
expresident
Ambas empresas aparecen también como
beneficiarias de contratos millonarios con administraciones del PP
31/07/2014 - 21:18h
El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Ferrusola en una
imagen de archivo de 1997 / Foto: Toni Garriga (EFE)
De confirmarse las
sospechas de la Policía, Jordi Pujol Ferrusola y el Partido Popular
compartieron “donantes”. El hijo del expresident facturó a lo largo de cinco
años al menos 3,3 millones de euros a una constructora, el grupo Copisa, que
figura en los papeles de Bárcenas como aportadora irregular de fondos para la
formación que lidera Mariano Rajoy.
Según un informe de la
UDEF incorporado a la causa contra el primogénito de los Pujol, Copisa es la
más generosa de las 17 empresas que investiga el juez Pablo Ruz por haber
financiado la lujosa vida de Jordi Pujol Ferrusola. En unión con FCC, otra de
las constructoras que aparece en los papeles de Bárcenas, Copisa habría abonado
otro millón y medio de euros adicional a Pujol Ferrusola.
En febrero de este
año, el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que ordenaba al Grupo 24 de la
Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF investigar a una
serie de empresas que “directa o indirectamente, declaran ingresos procedentes
de distintos organismos públicos de Catalunya”. Copisa es una gran constructora
a la que Pujol Ferrusola giró 13 facturas entre 2005 y 2010. Según el informe
de la UDEF, al que tuvo acceso eldiario.es, el hijo mayor de Pujol cobraba a
cambio de “únicamente dar información sobre posibles negocios”, lo que
trasladaba a través de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no
necesitaba “trabajador alguno ni sede social”.
Los investigadores no
han logrado de Copisa correos electrónicos o cualquier otro documento que
permita conocer en qué consistía el trabajo de Pujol Ferrusola para el grupo. Y
no solo eso: los responsables de la empresa aseguran que él primero realizaba
la gestión y luego discutían cuánto iba a cobrar por ella. El fraude es tan
evidente que el inspector que firma el informe ironiza: “La simple observación
de las facturas arroja como conclusión inherente que Jordi Pujol Ferrusola
sería un experto en diferentes materias”, tales como la intermediación
inmobiliaria por toda España, las refinerías petrolíferas, las plantas
fotovoltaicas, la bolsa y la explotación de clubes de golf.
Los responsables de
Copisa defendieron ante los agentes los trabajos de asesoría, como ante el juez
Pablo Ruz habían negado antes su participación en la financiacion irregular del
PP. Sin embargo, Luis Bárcenas anotó en sus papeles que la empresa había donado
100.000 euros en marzo de 2003 y otros 100.000 en mayo, días antes de las
elecciones autonómicas.
La caja B del PP
registra otros dos pagos de Copisa en 2008, de 36.000 y 18.000 euros, en enero
y junio, respectivamente. Ese año, las elecciones generales se celebraron en
mayo. En total, 254.000 euros en negro para el partido de Rajoy. Un informe de
la UDEF de mayo de 2013 cifra en 76,97 millones de euros las adjudicaciones de
administraciones gobernadas por el PP en toda España al grupo constructor.
Jordi Pujol Ferrusola
y su expareja están imputados, por el momento, por fraude a la Hacienda Pública
y blanqueo de capitales. Aunque la Policía habla en sus informes de fondos
procedentes de la “corrupción política”, el juez Ruz no aprecia aún indicios
para ampliar la panoplia de delitos.
La tesis policial es
que Pujol Ferrusola cobraba mordidas a empresas adjudicatarias de la
Generalitat y administraba los beneficios que se repartía todo el clan Pujol.
Incluso en ese caso, habría que demostrar que parte de ese dinero hubiera ido a
parar a CDC para establecer mayores paralelismos con el ‘caso Bárcenas’.
Como ocurre con el PP,
sin embargo, la Policía choca con la dificultad de demostrar que las donaciones
-en este caso, comisiones- tienen carácter finalista. "Evidentemente, la
conexión directa de esa adjudicación concreta con las plusvalías gestadas no es
posible, porque no existen documentos de cualquier orden que así lo indiquen, y
que carece de sentido requerir", dice la UDEF en el informe sobre Pujol.
"Variopintos
negocios"
Con todo, Copisa no es
el único nombre que enlaza uno y otro caso. El informe de junio de la UDEF
sobre el hijo de Pujol afirma que la adjudicación de la Gran Vía de Hospitalet
a una UTE formada por Copisa y FCC le pudo suponer otro millón y medio de
euros. Sin especificar cuánto habría aportado cada empresa, la Policía menciona
tres pagos en 2007.
La adjudicación se
produjo en tiempos de Felip Puig como consejero de Ordenación Territorial. Su
hermano Josep, dice la Policía, es amigo de Pujol Ferrusola y ambos han
desarrollado “variopintos negocios”.
FCC es otra de las
grandes constructoras del país, que entre 2002 y 2008 donó al PP de forma
irregular 195.050,61 euros y hasta 2012 facturó 4.132 millones de euros de
administraciones controladas por el Partido Popular. Su expresidente, José
Mayor Oreja, hermano del que fue ministro del Interior, declaró ante Ruz como
imputado.
Y otro nombre más:
Luis Delso. La empresa que preside, Isolux Corsán, no figura como donante del
PP en los papeles de Bárcenas. Sin embargo, el nombre de Delso salió a relucir
en la declaración del extesorero del PP ante el Tribunal Supremo en julio de
2009, en el marco del caso Gürtel. Bárcenas dijo entonces que la denominación
'Luis el Cabrón', que aparecía en la contabilidad B de la formación, y al que
se señalaba como receptor de 72.000 euros, era en realidad Luis Delso, algo que
el presidente de Isolux ha negado reiteradamente.
El informe de la UDEF
sobre Pujol Ferrusola dice que Delso y él tienen “una relación de afinidad muy
cercana”. “Cuando inicialmente se procedió a requerir al grupo Isolux para que
informara de la naturaleza de los servicios recibidos, y documentaran de forma
acreditativa sus relaciones con sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, olvidaron
incluir en su respuesta, relaciones comerciales ascendentes a 1.276.000 euros”.
Ruz investiga un
proyecto inmobiliario en México de Isolux en el que participó Jordi Pujol. La
empresa y el hijo del expresident “no han sido capaces de entregar ni un solo
documento que diera fe de esos trabajos”, dice el informe policial.
Fuente: www.eldiario.es
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