El Grupo de Trabajo de la ONU hizo recientemente unas recomendaciones de
amplio alcance que, sobre todo y con carácter general, inciden en la urgencia y
celeridad de abordar las desapariciones forzadas -cifradas en más de 150.000
personas- dada la avanzada edad de familiares y testigos y que, para su
remedio, su implementación y adecuación se adopten medidas y se precisen las
fechas dentro de las cuales se llevarán a cabo.
Memoria Histórica | Ramón Pedregal Casanova - Crónica
Popular | 14-08-2014 |
El olvido, propagado por el franquismo y sus
colaboradores como un veneno para matar la conciencia política ha hecho su
efecto. Pero la lucha por la Memoria Democrática va ganando terreno y sus
triunfos empiezan a contar en tribunales y organizaciones internacionales.
Ahora llega el informe de la comisión de la ONU que estuvo en España en el mes
de septiembre de 2013. En nosotros está hacerlo valer ante el pueblo que tanto
necesita de la conciencia para encontrar un horizonte que contenga Verdad,
Justicia y Reparación.
© Mariano Castejón
Dejo aquí unas palabras de un pequeño libro que es
necesario que sea leído y difundido, La question,
de Henri Alleg, en Editorial Hiru: “La memoria histórica, acompañada de una
brizna de sentido crítico, siempre ha hecho temblar a los paladines del orden
público. … El trabajo de la memoria conlleva normalmente la crítica en su seno:
la historia nos enseña que lo que hoy parece inmutable no lo es siempre. La
historia nos enseña que nada está fijo y que ninguna sociedad, ningún imperio
es eterno.”
Estoy con un gran conocedor de todo lo relacionado con
la Memoria Histórica, Fernando Magán, abogado que desde hace más de quince años
viene trabajando en favor del reconocimiento ante los tribunales de las
víctimas del franquismo. En otras actuaciones realizadas, se cuentan la
interposición de las denuncias y trámites que dieron origen en Diciembre de
2006 al proceso seguido ante el Juzgado de Instrucción Central n°5, otras
demandas y recursos planteados ante diferentes instancias como Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional, y también internacionalmente como ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, algunas de las cuales
todavía continúan.
Fernando Magán fue consultado cuando el Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) visitó España
en la misión que ha dado lugar al informe que ahora se conoce.¿Qué dice el
informe?
El informe recoge ampliamente (en 66 puntos) las
comprobaciones y constataciones realizadas por la delegación del Grupo de
Trabajo de la ONU durante esa visita, especialmente, como resultado de aspectos
aflorados con motivo de la Ley de la Memoria Histórica y el sumario
seguido ante Juzgado de Instrucción Central n°5. Contiene toda la información
surgida a raíz de ello y de las propias visitas de la delegación a
instituciones diversas en distintos lugares del Estado y también amplias
referencia al Derecho Internacional y a la Ley de Amnistía española de 1977.
Con esta información el Grupo de Trabajo hace unas
“recomendaciones” de amplio alcance que, sobre todo y con carácter general,
inciden en la urgencia y celeridad de abordar las desapariciones forzadas
-cifradas en más de 150.000 personas- dada la avanzada edad de familiares y
testigos y que, para su remedio, su implementación y adecuación se adopten
medidas y se precisen las fechas dentro de las cuales se llevarán a cabo.
Es de anotar que el informe aprovecha para recomendar
a España una legislación que limite la expulsión, devolución o extradición de
una persona a otro Estado cuando haya motivos fundados de que pueda ser
víctimas de una desaparición forzada. Finalmente, “invita” al Gobierno de
España a que en un plazo de 90 días establezca un calendario o cronograma.
Ariel Dulizty, responsable del informe de la ONU,
declara que “el Estado español tiene que asumir su responsabilidad y debe
elaborar una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”.
Como miembro de la delegación que del 23 al 30 de
septiembre de 2013 visitó España, Ariel Dulizty en realidad llega a dar una
mayor dimensión reparatoria y de amplitud de contenido dentro del informe,
pues, entre las recomendaciones que el mismo contiene al Estado español, señala
que éste ha de asumir sus obligaciones internacionales, ejercerlas con claro
liderazgo, y comprometerse de manera más activa y urgente con las víctimas, y
determinación de su suerte o paradero, y que todas las iniciativas relativas a
la búsqueda de desaparecidos deben ser asumidas como obligación estatal, que
tiene que ser parte de una política de Estado integral, coherente, permanente,
cooperativa y colaborativa.
¿Estamos más cerca de conseguir Verdad, Justicia y
Reparación, o son solo palabras?
Aunque ello así conste en un informe de Naciones
Unidas a un país como España, que se proclama democrático, resulta, por cuanto
hemos visto que ha sucedido en los últimos años con la aplicación de justicia a
las víctimas de la Dictadura, que hemos de tener alta prudencia y consciencia de
que no podemos esperar que tal proclamación se traduzca en una realidad
material inmediata. Tanto por el propio carácter del informe que no es
vinculante sino una recomendación a los estados miembros, como porque España se
halla en un contexto supranacional que, al momento presente, es de percibir que
queda amparado en algunas prácticas que, en materia Derechos Humanos, se
producen en nuestro país. De tal manera, en el tema concreto, entiendo y
considero que la mayoría del Consejo de Europa tiene incluso olvidada una
propia recomendación dada a España en Marzo de 2006 y hecha en un sentido
análogo al del informe que ahora nos llega y que fue la raíz de la llamada Ley
de Memoria Histórica.
No obstante, tanto una como otra recomendación, solo
pueden ser consideradas como instrumentos de Derecho muy positivos, pues
entiendo que da convencimiento y seguridad a las víctimas y a sus familias de
que les asiste la legalidad y que ésta, tarde o temprano, tendrá su
reconocimiento y su adecuada manifestación.
El informe “recomienda, es el término que emplea el
informe, al Estado español investigar y juzgar las desapariciones forzadas.
Esto mismo lo había pedido la ONU en otras ocasiones, ¿por qué no lo han
llevado a cabo?
Naciones Unidas invita” al Gobierno de España a que en
un plazo de 90 días establezca un calendario o cronograma
En efecto, organismos internacionales y la ONU con
anterioridad habían señalado a España la imprescriptibilidad y la necesidad de
reparación para las víctimas con el enjuiciamiento de los responsables. Pero
ello fue de forma genérica y realizado a otros niveles orgánicos inferiores en
Naciones Unidas. Ahora procede de la Asamblea General. Aquellos
pronunciamientos no fueron considerados, ni atendidos de forma efectiva, con
argumentos como que España había tenido un modelo de transición ejemplar, que
servía de pauta a otros muchos países, y que, en cualquier caso, la justicia
española era la que debía de decidir pues de ello estaba conociendo con los
procedimientos abiertos. Entonces, pese a esos pronunciamientos, la realidad es
que nuestro modelo de tránsito a la democracia ya tenía cerrada esa posibilidad
y sigue teniéndola cerrada; pero hay que confiar en que no siga siendo así por
muy largo tiempo.
Con la Ley de la Memoria Histórica en la mano, a pesar
de su cortedad, ¿podía haberse hecho algo de lo que pide la ONU mediante su
Comité de Expertos? ¿También hay oposición en los juzgados territoriales?.
Por supuesto, con ella, incluso mucho antes de su
promulgación, el Estado podía haber tomado la obligación directa de búsqueda,
localización, y exhumación de las personas desaparecidas, pues incluso lo
asumió para hacerlo en el frente ruso con los muertos de la División Azul.
Pero, sin embargo, a través del complejo y perverso mecanismo de las subvenciones,
puso un sistema que hacía recaer en las familias esta responsabilidad y suerte.
Se podía haber recomendado a las fiscalías una
intervención muy diferente a la observada, pues en lugar de actuar en favor de
las víctimas, que hubiera sido lo normal y lo congruente, de forma generalizada
y sistematizada ha impedido investigar y reparar. Se podía haber establecido
lugares y actos de memoria para quienes fueron víctimas de la Dictadura, para
quienes actuaron en defensa de la democracia y la legalidad. Se podían haber
anulados unos juicios que carecieron de todas las garantías, donde quienes
los celebraban eran juez y parte, condenando por algo tan paradójico como el
“auxilio a la rebelión”…
Y, al momento presente, por supuesto, sigue la
oposición firme y rotunda de los juzgados territoriales en dar tutela a casos
que aún llegan ante ellos, incluso en contra de las resoluciones del Tribunal
Supremo de Marzo de 2012 que establecían una investigación hasta la
comprobación de que no era posible la condena conforme a la ley de
enjuiciamiento.
En definitiva, la justicia ha negado y obstaculizado
los derechos básicos de las víctimas y sigue sin dar correcto amparo y
colaborar en proporcionar una reparación mediante asistencia judicial primaria.
Lo cual puede hacer con la de Memoria Histórica y con otras leyes.
Dice el Comité de la ONU que la Ley de Amnistía
no sirve, que es una Ley que se encuentra fuera del marco del Derecho ¿Qué
dispone el Derecho Internacional que España dice reconocer y aceptar?
El Derecho internacional, como un derecho de la
humanidad, impide la amnistía por parte de un Estado en favor de nacionales
responsables de crímenes de lesa humanidad, impide el enjuiciamiento por actos
que atentan contra la misma, considerada ella como un conjunto.
El olvido de las víctimas del franquismo y la
impunidad de sus crímenes es piedra angular del actual sistema y también una
causa de su falta de credibilidad
Pero, en el caso español, en mi valoración e
interpretación, la invocación de la amnistía no tiene un carácter puramente
jurídico sino de oportunidad y pretexto, se manipula como ataque a la
reconciliación, el valor político del actual régimen. Pues aquellos criminales
ya se habían auto amnistiado con efectos desde la proclamación de II República
Española y, además, subyacentemente, serían los otorgantes del presente estado
de cosas, que está plenamente admitido.
Si el gobierno español no cumple con sus obligaciones
75 años después de la Dictadura, ¿Cuál será su posición como abogado?
En mi condición de abogado seguiré tramitando los
asuntos que están en marcha, incluso probablemente promueva otro en fechas
próximas, precisamente ante Naciones Unidas. Es mi instrumento para contribuir
a la verdad y para mantener la memoria. Pero la justicia y la reparación no se
alcanzaran sin la suficiente conciencia social, que es la que se ha de mantener
para obtener en el futuro este objetivo que es de muy profundo calado.
Una última pregunta ¿Las reivindicaciones históricas
de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo encajan en
las luchas contra la crisis del régimen monárquico que ha buscado su
continuidad desde Franco con la imposición del heredero?.
El olvido de las víctimas del franquismo y la
impunidad de sus crímenes es piedra angular del actual sistema y también una
causa de su falta de credibilidad; por tanto, el mantener las reivindicaciones
no es solo la petición de una debida y necesaria justicia y reparación sino un
instrumento político que cuestiona al actual régimen en su propia raíz Si
éste fuera superado tengo profundo convencimiento de que las víctimas
obtendrían sus reivindicaciones de forma justa, digna e idónea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario